Juan Carlos Campo dio el visto bueno al 'sí es sí' tras revisar más de 100 casos de agresiones sexuales

La ley tuvo un primer borrador que la ministra de Igualdad, Irene Montero, entregó en papel a Campo en febrero de 2020. El ministro encargó un estudio de esa propuesta y su equipo emitió un informe interno demoledor contra aquel texto. Fue cuando el entonces vicepresidente Pablo Iglesias habló de "machistas", en referencia a Campo. También objetaron ese texto los otros jueces del Gobierno: Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

Por eso, al Ministerio de Justicia se le encargó evaluar la ley por indicación de Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera. Hubo reuniones del equipo de Justicia con el de Igualdad y participación de miembros del Gabinete de Calvo. En paralelo seguía la negociación del propio Campo con Montero, incluida una larga comida de ambos en la sede del Ministerio.

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De esa gestión de Justicia salió el texto aprobado en primera vuelta en marzo de 2020 y remitido a los órganos consultivos. El sistema de penas que se establecía tuvo el visto bueno de Justicia.

Una vez recibidos esos informes, el texto llegó en segunda vuelta al Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021 y tras evaluar ese centenar de casos reales, el ministro convenció a Irene Montero de no bajar los tipos máximos de las penas y de que la ley no supondría ninguna rebaja a los agresores sexuales.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de ambos ministerios, el gabinete de Justicia llegó a la conclusión con esos test sobre casos reales de que sólo podría haber rebajas en supuestos "muy excepcionales" referidos a delitos con menores y que, en ningún caso, llegaría a las cuotas actuales (más de 300). Tampoco lo hizo el informe del Poder Judicial, que sí alertó de posibles revisiones de penas sólo si se bajaban las penas máximas.

El mismo día que se aprobó definitivamente el proyecto de ley en Consejo de Ministros para remitirlo al Parlamento, el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional escribió un hilo de tuits que no sólo no cuestionaba la norma, sino que alababa expresamente el sistema de penas.

La ley elimina la distinción entre abuso y agresión, estableciendo que toda conducta sexual realizada sin consentimiento es agresión sexual. El delito de violación ya no se reserva solo a los casos que concurren con violencia o intimidación. No se opta por la exacerbación punitiva ni por la rebaja de penas, sino por un sistema progresivo y proporcional a la gravedad, disuasorio y efectivo.

Carmen Calvo aseguró esta semana, durante una tertulia en la Cadena SER, que el Gobierno consideró "previsibles" las rebajas de condenas y decidió mirar hacia otro lado para proteger la ley estrella de Irene Montero. Fuentes cercanas confirman que la evidencia del Ejecutivo no era tal y que la ley contaba con el aval de Campo y su gabinete, tras ese estudio sobre casos reales.

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Calvo y Campo estuvieron en los dos Consejos de Ministros que estudió la norma y ambos fueron destituidos sólo seis días después de la segunda vuelta de la ley, cuando inició su trámite parlamentario.

La Fiscalía General del Estado ordenó a los fiscales que unificaran criterios y se opusieran a la revisión de las condenas firmes impuestas por delitos sexuales cuando la pena establecida en la sentencia fuese susceptible de ser impuesta con arreglo al nuevo marco legal. Dicho de otro modo, que no se revisen las penas incluidas en las horquillas actuales. 

"Nadie podía pensar que si se bajaban las penas mínimas habría revisiones de las penas porque existe jurisprudencia", defienden desde el departamento dirigido por Montero. Fuentes cercanas al exministro aseguran que "nunca" se contempló subir las penas mínimas antes de la tramitación de la ley.

Revisión del PSOE

Antes de que el sólo sí es sí fuera aprobado en el Consejo de Ministros, Montero cedió todo el esqueleto legal a Justicia. Entonces, fuentes de Igualdad aseguran que "se confió" en que los jueces no fueran a aplicar las revisiones actuales, duramente criticadas por el espacio de Unidas Podemos.

Desde la aplicación de la Ley de Libertad Sexual hasta esta semana el Gobierno cerró filas en torno a Irene Montero y su ley, cuya reforma piden ahora casi todos los grupos parlamentarios. El Ministerio de Igualdad sólo está dispuesto a "retocar las penas mínimas", como pide el PSOE, siempre que se mantenga intacto el consentimiento.

La propuesta elevada por la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, y recogida por el grupo socialista en el Congreso, reconoce que su reforma "es sólo de futuro" y que no frenará las rebajas de condenas ni las excarcelaciones de delincuentes sexuales. Eso sí, fuentes cercanas a Pilar Llop aseguran que el texto "no altera la filosofía de la norma [...] ni cuestiona el consentimiento", que según Podemos es la columna vertebral de la ley.

En el Ministerio de Igualdad no concuerdan con la fórmula del PSOE porque, dicen, generaría un "calvario probatorio" para la víctima. Los agravantes de violencia e intimidación, aseguran fuentes moradas, romperían el principio del consentimiento sin decirlo expresamente.