El PSOE rechaza las exigencias de ERC y Bildu y amenaza con dejar tal cual la Ley Mordaza de Rajoy

Las posiciones del PSOE y sus socios de ERC y EH Bildu siguen enfrentadas y sin posibilidad de acuerdo a la luz. Por ello, el PSOE ha decidido jugársela a un todo o nada.

Fuentes socialistas comentan que van a seguir adelante con la tramitación, van a llevar la reforma a la Comisión de Interior, van a votarla y, si ERC y EH Bildu no aceptan la postura de los socialistas, el dictamen caerá para siempre. Además, todo ello sucedería este mismo mes de febrero. 

"Nuestro ánimo es llevar el texto a Comisión, aun a riesgo de que caiga", aseguran las fuentes. "Y, si votamos y cae el dictamen, se acaba. No puede volver a la Comisión, y nos quedamos con la ley de 2015 [la aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy]", añaden.

Los partidos llevan negociando esta reforma desde antes del Gobierno de coalición, cinco años. Desde entonces, el bloqueo de ERC y EH Bildu siempre ha revoloteado en torno a los mismos cuatro apartados: faltas de respeto a los policías; desobediencia a la autoridad; devoluciones en caliente; y uso de material antidisturbios (prohibir las pelotas de goma). Los dos últimos, sobre todo, están lejos del horizonte de acuerdo.

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El quid de la cuestión es que los independentistas podrían conformarse con reformar los dos primeros, que tocan el principio de autoridad de los agentes y provocan casi 80% de las multas. Su postura, inflexible desde el primer día, es reducir el margen de interpretación de la ley –qué se considera "falta de respeto" y qué "desobediencia"– y abaratar los topes de las sanciones.

El PSOE, en cambio, entiende que esto es una suerte de derogación total que dejaría expuestos a los agentes y apuesta por concretar un abanico más amplio. "No podemos hacer que un policía deje de ser considerado una autoridad", aseguraba un alto cargo del partido el pasado martes. "Además, al regularlo mejor, se da mayores garantías a los ciudadanos, a los que ya no podrían denunciar por lo que sea", añadía. 

Sin embargo, ERC y EH Bildu consideran que los términos propuestos por el PSOE son una especie de "Ley Mordaza light", según las palabras pronunciadas por el diputado vasco Jon Iñarritu este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Presupuestos y electoralismo

Las fuentes socialistas reconocen que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –el nombre real de la Ley Mordaza– ha podido continuar su trámite en el Congreso gracias a que el PSC en Cataluña ha facilitado los Presupuestos de la comunidad autónoma en favor del Gobierno de ERC. Aunque aseguran que no ha ido en el paquete de negociación, en el texto del acuerdo, sí reconocen que el intercambio de favores "ha sido tangencial".

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En cambio, creen que ERC tiene poco interés en sacar definitivamente la norma y "moverse en la indefinición", porque controlan la Consejería de Interior de Cataluña que gestiona la labor de los Mossos d'Esquadra. Los socialistas interpretan que la aprobación de la ley tal y como proponen los independentistas –cuyo espíritu nace de las protestas por el procés– generaría descontento entre sus propios agentes.

En cuanto a EH Bildu, los socialistas reconocen directamente que ven difícil que se vayan a plegar a sus exigencias. "Creemos que la nuestra es una salida buena, a medio camino entre ellos y lo que exige la derecha, pero creemos que la disposición de Bildu es no aprobar el texto por las elecciones". A fin de cuentas, su electorado no perdonaría una "Ley Mordaza light".

Reformar la Ley Mordaza ha sido a la vez el gran objetivo y la gran quimera de los socios desde antes incluso de formar Gobierno. Durante la moción de censura a Mariano Rajoy (2018) ya se hablaba de un compromiso –entonces todavía se hablaba de "derogación"– para eliminar los llamados "abusos de autoridad", pero decirlo no es lo mismo que hacerlo.

En los pasillos del Congreso de los Diputados coexisten dos teorías sobre cómo afrontar lo que se viene en las próximas semanas. Por un lado, los socialistas son partícipes de forzar la maquinaria e intentar sacar adelante los avances en común; por otro, los socios no quieren torcer el brazo hasta suprimir los aspectos más lesivos de la norma, que ya lleva más tiempo en ejercicio bajo un Gobierno del PSOE de lo que lo hizo en uno del PP.