El PP acusa al PSOE de tardar 52 días en "calcar" su propuesta para corregir "la chapuza" del 'sí es sí'

Sin embargo, el contenido jurídico de ambos textos es "un auténtico corta y pega", según fuentes de la dirección del PP. En la formación de Alberto Núñez Feijóo aseguran que, "si Pedro Sánchez no arregla los líos en su propio Gobierno", el PP votará sí a la reforma del PSOE, ya que es "urgente arreglar este desastre". Y al ser una ley orgánica, es necesaria una mayoría absoluta de votos afirmativos.

Pero los populares se lamentan, principalmente, de tres cosas:

Por un lado, que los socialistas, "en el Gobierno y responsables de esta chapuza demagoga", hayan tardado 52 días más que ellos en tomar la iniciativa. El 16 de diciembre eran 87 los presos beneficiados; ahora ya son más de 400.

Por otro, que, a pesar de ello, el texto "se limite a calcar" la propuesta del PP. Y finalmente, que el portavoz del PSOE, Patxi López, haya garantizado que no piensa abrir "una negociación" con los populares para la tramitación de la norma.

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"Efectivamente, no ha habido ningún contacto previo" ni con el Ministerio de Igualdad ni con el de Justicia, confirman fuentes del PP.

Ambos departamentos, uno dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos) y el otro por Pilar Llop (PSOE) estuvieron intercambiando documentos hasta el pasado sábado, según fuentes gubernamentales. El objetivo era lograr un entendimiento entre las dos formaciones del Gobierno para "subir las penas" que se habían rebajado con la entrada en vigor de la ley.

El consentimiento

Pero este sábado a última hora, el PSOE decidió dar por acabadas las negociaciones. Igualdad aceptaba "recuperar las condenas más altas" y subir "las más bajas" de su texto, "siempre que no se afecte al núcleo de la ley, que es el consentimiento de la mujer", en palabras de Montero.

Fuentes del PSOE alegan que esa razón no es más que "una excusa alrededor de un relato" que no se corresponde a la verdad, esgrimida por el ala morada del Ejecutivo para no asumir la responsabilidad política de las más de 400 penas ya rebajadas a agresores sexuales en apenas dos meses.

Populares y socialistas dejan intacta la definición de consentimiento en sus textos. De hecho, la proposición de ley del PSOE remarca que la rectificación "no afecta al corazón de la norma, ya que se mantiene la íntegra definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual".

El texto del PP, por su parte, es más crítico y explica que "la regulación del consentimiento" en el texto vigente es "discutida y discutible".

E incluso apunta a la posibilidad de que la rebaja de las condenas haya sido buscada por parte del Ministerio de Igualdad: "Sea de forma intencionada o no", apunta el texto, "la entrada en vigor el pasado 7 de octubre [de la ley] ha traído aparejada como consecuencia directa la revisión a la baja de las penas de muchos delincuentes sexuales condenados e incluso la excarcelación de otros". 

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Sin embargo, los populares admiten que la intención de su reforma es "modesta". Porque una "modificación integral" de la definición del consentimiento, dado que afecta al núcleo de la norma, debería ser abordada por un proyecto de ley orgánica "elaborado por un Gobierno cuidadoso".

Es decir, con todo lo que el PP achaca al PSOE que no hace en su "habitual costumbre del 'decretazo' o la proposición de ley".

Es decir, sacando el texto previamente a información pública, oída la Comisión General de Codificación, atendidos los informes de los órganos consultivos, "negociada y ampliamente debatida por los grupos parlamentarios, tras el informe de expertos y con la búsqueda del mayor acuerdo que refleje la sensibilidad de una sociedad madura y con la mejor técnica normativa".

Dos únicas diferencias

Ambas proposiciones recuperan las horquillas punitivas previas a la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. Es más, la redacción propuesta de los artículos reformados (del 178 al 181 del Código Penal) es, letra a letra, la misma en casi todos los párrafos. Leves matices de técnica jurídica hacen que unos incluyan un apartado dentro de otro o lo desglosen.

Es más, las dos iniciativas contemplan también la "corrección" de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La entrada en vigor de la ley del Ministerio de Igualdad había provocado "un problema de coordinación" entre ambas normas que, admite el documento del PSOE, está provocando "que se impongan a los menores de edad, en algunos casos, penas más graves que a los mayores de edad".

El texto de la proposición de los populares aprovecha la exposición de motivos, en la que explica su "modificación", que es exactamente igual, para introducir un comentario peyorativo contra el Gobierno: "Ésta es una evidente quiebra del principio de proporcionalidad que debe ser inmediatamente corregida".

Pero sí hay dos diferencias importantes entre el texto propuesto por el PP hace casi dos meses y el que registró el PSOE este lunes. El partido de Feijóo lamenta el borrado de toda la protección de "la indemnidad sexual". Es decir, de aquellas agresiones cometidas contra personas entre los 16 y los 18 años.

Según los populares, la ley de Irene Montero ha dejado desprotegida la indemnidad sexual de los menores de edad entre los 16 y los 18 años.

Así, aunque la edad de consentimiento sexual en España esté fijada en los 16, el texto del PP incluye un artículo 180.bis en el que tipifica un acto sexual de un adulto con una persona en esa franja de edad si "interviene engaño o abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima.

El delito, en este caso, se castigaría "con pena de uno a tres años de prisión". O de dos a seis años en el caso de que "los actos consistan en acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías".

Por su parte, el PSOE sí incluye un aspecto importante que el texto del PP se deja fuera. Para los socialistas es clave ampliar el concepto de "parentesco". La norma vigente, así como la reforma que propone el Partido Popular, considera la agravante familiar en los delitos sexuales sólo en el caso de "ascendente o hermano, por naturaleza o adopción".

Los socialistas eliminan esa "limitación" del parentesco basándose en las estadísticas. Tal como detalla su exposición de motivos, la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer de 2019 reveló que el 21,6% de los agresores era un familiar. Y que el 44,2% de las mujeres atacadas fuera de la pareja habían sufrido la violencia sexual en una casa (la de la propia agredida, la del agresor o la de otra persona)". Según el POSE, esto "hace necesario abrir la agravante" a otros parientes, "como los primos", para una "mayor protección de las víctimas".

Otros matices

La reforma del PP, además, incluye una agravante que no aparece en la del PSOE. Cuando el culpable de un delito sexual se haya valido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además [de las penas de cárcel en su mitad superior], la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años".

Otro matiz que diferencia las dos iniciativas es que la de los socialistas, esta vez, sí que incluye una serie de disposiciones transitorias para reglamentar la "legislación aplicable", la posible "revisión de sentencias" y las "reglas de invocación de la normativa aplicable en materia de recursos" o en "procedimientos penales en tramitación".

Es decir, lo que Igualdad se negó a incluir en su norma del sólo sí es sí. O sea, las instrucciones del régimen transitorio -"que ni siquiera se previó", recuerda el PP- para que los jueces sepan de qué manera aplicar la retroactividad de la ley penal, que siempre favorece al reo, como marca la Constitución.

Y es que, en este caso -en el que se ha modificado el objeto nuclear de todo un capítulo de delitos-, había dejado un campo tan grande a la interpretación que las rebajas de condenas han sido "mucho más de lo esperable", según fuentes del Gobierno: más de 400 hasta la fecha.

Y, como reconoce el Gobierno, sin posibilidad de evitar los muchos que quedan. Ya que esta reforma, por muy urgente que sea el procedimiento de tramitación, sólo operará para los delitos sexuales posteriores a su entrada en vigor.