Podemos llama "casa de la tortura" a la comisaría de Vía Layetana y los socios de Sánchez piden su cierre

Todos los aliados del PSOE en el Congreso de los Diputados se han unido este miércoles para acorralar a Pedro Sánchez contra los muros de la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana de Barcelona. Todos, incluido el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, cuyo portavoz de Interior, Joan Mena, ha calificado la comisaría de la Policía Nacional como "la casa de la tortura".

Allí se reprimió, según el diputado morado, "no sólo a comunistas y socialistas, sino al movimiento vecinal, el sindicalista, las personas migrantes y las LGTBI". Es más, para el representante del partido en el Gobierno, es necesaria una resignificación de ese inmueble "en un espacio de reflexión sobre la tortura en el pasado, pero también sobre las torturas que se siguen produciendo en el presente".

Este miércoles se debatía una Proposición No de Ley presentada por Esquerra Republicana reclamando "la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña". El texto exige el cierre de esta comisaría, la principal en la capital catalana, y la "devolución" del inmueble a "las instituciones catalanas".

A la iniciativa se han unido con su voto afirmativo partidos nacionalistas como Junts, PDeCAT y PNV. De hecho, la intervención del diputado nacionalista vasco Mikel Legarda ha sido especialmente breve al tiempo que recriminatoria contra el PSOE. "Simplemente, diré que vamos a votar lo mismo que ya votamos en 2017 ante la misma PNL, muchas gracias".

Y es que en esta ocasión, el PSOE ha votado en contra de la iniciativa de los republicanos. Sin embargo, aquel año, en pleno procés, los socialistas fueron quienes trataron de acorralar al Gobierno popular de Mariano Rajoy, votando a favor de esta misma iniciativa del independentismo.

La defensora de la PNL fue la diputada independentista catalana de origen brasileño, Maria Carvalho Dantas, que comenzó su intervención leyendo testimonios de Blanca Serra, una de las personas torturadas en aquellas dependencias durante el franquismo.

Sáhara y 'Ley mordaza'

"El PSOE votó sí a esta misma iniciativa en 2017, y ahora votan no... porque cuando en vez de firmar declaraciones tienen que ponerlas en marcha le tienen miedo a la verdad", acusó la representante de Esquerra. "Por eso también se echan atrás con la ley del sí es sí o entregan el Sáhara a una dictadura sátrapa. Por eso mantienen la ley mordaza del PP, y por eso no se atreven a desplegar la Ley de Memoria, como tocaría en este caso, con un edificio que es símbolo de la represión".

A esta afirmación respondieron los diputados de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez; de Vox, Ignacio Gil Lázaro; y sobre todo, la popular y ex delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna: "Los inmuebles no son responsables de lo que se hizo en su interior, eso es un absurdo", argumentó. "Ni de las torturas de la dictadura, ni de las siniestras actividades del histórico dirigente de ERC Miquel Badía, durante los años en que el edificio era de la Generalitat". 

En la dictadura, el edificio de Vía Layetana albergaba las sedes de la Brigada Político Social y del Tribunal de Orden Público. Según la diputada de ERC, las "torturas policiales" se llevaron a cabo "durante la dictadura, durante la Transición y algunas, incluso, bajo gobiernos del PSOE".

En ese argumento se basaron tanto ella como los diputados separatistas de Junts, Josep Pagès, y del PDeCAT, Genís Boadella. Ambos insistieron en que "la reivindicación" para sacar a la Policía Nacional de Vía Layetana "es un clamor popular desde hace décadas".

Según declaraciones de la popular De Luna, "el clamor es sólo del independentismo, que quiere vaciar Cataluña de símbolos del Estado, y humillar una vez más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ahora lo hacen en el Congreso, pero entonces, durante el procés, lo hicieron tratando de asaltar la Jefatura". 

En todo caso, la intervención más dura fue la de Joan Mena, de Unidas Podemos. "Se debe entregar el edificio a la Generalitat en consorcio con el Ayuntamiento de Barcelona por la necesaria obligación de difundir la tortura del franquismo en Barcelona", argumentó. "Y para utilizar la memoria como acto de resistencia ante las amenazas antidemocráticas que vivimos en el presente, aquí", en el Congreso, "cada día con los discursos del odio de la ultraderecha".