El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente con 185 votos a favor la reforma de la ley del aborto, a la que sólo PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra (154). La modificación, uno de los compromisos pendientes del Gobierno esta legislatura, permite medidas como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes y mantendrá los plazos fijados por la ley anterior, de 2010, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.
Tras más de seis meses de tramitación parlamentaria y justo una semana después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso que presentó el PP hace 13 años, la nueva reforma busca garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos. Esto es, que las comunidades autónomas puedan organizar sus recursos para interrumpir embarazos públicamente, al menos en capitales de provincia.
El Congreso termina de tramitar este jueves dos proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Igualdad, el del aborto y el de la ley trans, en plena polémica por reformar el sólo sí es sí. Todos los proyectos de ley vienen del Senado, por lo que entran en vigor al día siguiente de su aprobación en la Cámara Baja, cuando salen publicados en el BOE.
La ley inició su tramitación parlamentaria el pasado mes de noviembre con los votos a favor del Gobierno y los socios de investidura; PP, Vox, Ciudadanos y UPN votaron en contra. El texto final ha llegado al Congreso con un blindaje contra posibles protocolos antiabortistas, como el planteado por Vox en Castilla y León.
El texto se aprobó tras un largo debate de cuatro horas en el que se presentaron dos vetos, uno de Vox y otro del PP, y 186 enmiendas. De todas ellas se aprobó sólo una, presentada por Compromís, para que los centros sanitarios proporcionasen "el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos de cada uno".
La nueva ley del aborto permite el aborto a menores de 16 y 17 años sin permiso paterno en las 14 primeras semanas de embarazo –también para mujeres con discapacidad– y elimina los tres días obligatorios de reflexión vigentes en la anterior ley.
El Ministerio de Igualdad, en colaboración con Sanidad, también elaborará un registro con las necesidades de cada centro hospitalario público para que, en todo momento, se garantice el derecho el aborto a la mujer que así lo desee, como se hace ya con Ley de Eutanasia.
También incluye medidas novedosas, como la baja laboral por regla dolorosa o por interrupción del embarazo, educación sexual obligatoria en los colegios, el permiso preparto para todas las embarazadas desde la semana 39 o la píldora del día después gratis. Lo que no incluirá finalmente será la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina.
La Ley del Aborto también garantiza la objeción de conciencia para asegurar que en la Sanidad Pública siempre haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, alertó en el Congreso de que el camino de la ley del aborto "no acaba con esta votación". "Va a haber resistencias a su aplicación, como la hay y la ha habido con todas las leyes feministas. Toca trabajar para garantizar que cuando entre en vigor en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para interrupción voluntaria del embarazo respetando la objeción de conciencia", defendió.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, avaló este miércoles que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo estaba dentro de la ley, pero consideró que "no es un derecho fundamental", un matiz que fuentes parlamentarias atribuyen a acallar las voces dentro de su partido que le instan a ser más duro con el aborto.
Debate en la derecha
La diputada de Vox Lourdes Méndez, que abandonó el PP precisamente por sus desavenencias con el aborto, advirtió este jueves que "el señor Feijóo consuma su traición" al acatar la sentencia del Constitucional. "El derecho a la vida es un valor esencial que no se decide por consenso. Los principios y las convicciones se tienen o no, pero no se consensúan", concluyó.
El partido de Santiago Abascal reclama la "derogación inmediata" de la actual ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero y propone que se ofrezca a las mujeres embarazadas escuchar el latido fetal y una ecografía 4D, como hizo en Castilla y León. La iniciativa de Vox busca arrinconar al PP y obligarle a tomar una decisión incómoda, justo del mismo modo que la supuesta moción de censura con Ramón Tamames de candidato.
En el PP se vive un fuerte debate entre interno sobre si asumir o no la ley de plazos de 2010. La semana pasada Feijóo ordenó acatar el aval del Tribunal Constitucional, que sólo tumbó un artículo de la ley, y el ala más dura de la formación se revolvió para pedirle "reflexionar".
Feijóo mantiene un equilibrio precario entre acatar al TC y rebelarse contra el Gobierno. Por un lado, el presidente del PP defiende que la del aborto es una ley "bien construida" y "correcta" en la España actual; por otro, cree que hay "otros aledaños" en los que su partido no está de acuerdo.