El "marco jurídico nacional", en este caso, es el que indica el artículo 148 de la Constitución Española. Es decir, las competencias de las Comunidades Autónomas. En lo que afecta a los fondos europeos, directamente, los dos ejes principales del PRTR español: innovación y transición ecológica. O como los cita la Carta Magna, medio ambiente, aprovechamientos hidráulicos, investigación, enseñanza, asistencia social, sanidad, etc. 

La misión de 14 eurodiputados es "perfectamente consciente de ello". Los parlamentarios europeos aterrizan este lunes en Madrid para examinar, en tres jornadas maratonianas, la calidad de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español según fuentes internas de la delegación. No en vano, han sido varias las iniciativas de las CCAA y del propio Congreso de los Diputados reclamando al Ministerio de Hacienda que convocara la citada Conferencia Sectorial. 

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Y por eso, la primera reunión agendada este lunes por la misión de eurodiputados, a partir de las 13.30, está convocada con los consejeros de Economía y Hacienda de cinco comunidades autónomas.

La jefa de la delegación, la alemana Monika Hohlmeier, se lo advertía así a Nadia Calviño, en una carta enviada el pasado miércoles, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

"Es interesante leer que [usted] parece transferir la responsabilidad del éxito del PRTR a las regiones españolas", apuntaba. "Estamos ansiosos por escuchar las opiniones de las regiones españolas sobre el proceso consultivo que describe, sobre la forma en que han sido involucrados en el establecimiento del plan nacional de recuperación, y sobre cómo se comparte la responsabilidad de la implementación del plan entre el nivel regional y nacional."

La europarlamentaria respondía, así, a una misiva que la vicepresidenta primera le había enviado dos jornadas atrás. Según fuentes del Comité de Control Presupuestario, responsable de la misión, "la carta de Calviño molestó mucho a la presidenta", es decir, Hohlmeier. "No tenía sentido enviar esa carta, y además filtrarla de inmediato a algunos medios afines. Parecía una maniobra para tratar de influir en el trabajo de los diputados".

El objetivo principal de esa cita de los 14 miembros de la Eurocámara es, efectivamente, comprobar si es cierta la "cogobernanza" regional de la que presume el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y la falta de reuniones de la Conferencia Sectorial se asume, de inicio, como "un claro indicio de incumplimiento del Reglamento" por parte de los miembros de la delegación consultados.

Sobre todo, porque el interés de la Comisión de Control Presupuestario es "defender los intereses de los 450 millones de ciudadanos de la UE" y de la deuda común suscrita en su nombre.

De ahí que el Parlamento Europeo vaya a controlar hasta qué punto el Gobierno involucró a los gobiernos autonómicos en el diseño del plan, de sus inversiones y reformas -los hitos que comprometió España con Bruselas, de los que depende la libración por etapas de los fondos-, y la capacidad normativa de la que gozan para adaptar los proyectos a las necesidades de su economía real.

"No sólo es que no se haya convocado en año y medio", advierten varias fuentes de estas consejerías regionales, "es que tampoco lo han hecho para presentar la adenda al PRTR".

Esto, la adenda, es la activación de la segunda parte de los fondos: hasta ahora, el Gobierno de España sólo ha impulsado la mitad de los 160.000 millones adjudicados a España en el Mecanismo de Recuperación europeo, los que corresponden a las subvenciones. "Ahora tocan los préstamos y los 7.000 millones de más que nos han adjudicado, precisamente, por el bajo rendimiento de los fondos en la economía real", explica una fuente de CEOE.

España como ejemplo

La misión estará tres días en Madrid, reuniéndose con ministros, consejeros, agentes sociales y sectores económicos especialmente implicados en el PRTR, después volverá a Bruselas, un ponente redactará un informe, éste se someterá a enmiendas, será votado y, finalmente, publicado. Sin embargo, el Parlamento no tiene poder ejecutivo como tal.

"Pero tendrá una clara influencia en lo que pase en adelante", apunta una eurodiputada que viajará a Madrid. "La legitimidad del Parlamento y el currículum de rigor del Comité de Control Presupuestario influirá decisivamente en las próximas decisiones de la Comisión". 

Este viernes, la Comisión Europea anunció el éxito de su tercera evaluación a España. Y fue exitosa: nuestro país recibirá el próximo junio otros 6.000 millones de los NextGenerationEU. Y el Gobierno, como no podía ser de otra manera, lo celebró públicamente.

Pero la realidad es que nuestro país anda con retrasos en dos hitos clave, que la Comisión recordó: la reforma de pensiones y el cumplimiento del hito 173, es decir, la implantación de la plataforma de control y gestión, COFFEE, según la jerga de siglas europea.

Bruselas aceptó que el Gobierno reformase las pensiones en tres pasos. Alertando siempre el comisario Paolo Gentiloni de que estaba "vigilante" ante sus dudas de que el sistema fuese "sostenible". Pero la tercera fase, que debía haberse aprobado antes de acabar 2022, no se ha completado. Moncloa pidió un mes más, y se le concedió. Estamos a 20 de febrero y aún no hay reforma.

En cuanto a la plataforma COFFEE, es la clave para poder responder lo que vienen a preguntar los eurodiputados: ¿Dónde está el dinero? Sin el despliegue de ese sistema informático no existe información actualizada de la llegada, la adjudicación y la ejecución de cada uno de los paquetes de dinero y proyectos adscritos al Plan de Recuperación.

"Eso explica", añade otro eurodiputado miembro de la misión, "por qué la Comisión se mostró tan a la defensiva con esta delegación de la Eurocámara". Se refiere esta europarlamentario a la participación de dos directores generales de Bruselas en la última reunión preparatoria de la misión, el pasado 9 de febrero, en Bruselas.

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"Deberían estar tan interesados como nosotros en saber qué pasa con los miles de millones de los europeos entregados a España y, sin embargo, parece que Bruselas tuviera también algo que ocultar".

Hasta ahora, España ha presumido de ser ejemplo para los demás Estados miembros de la UE, al ser la primera en desplegar el plan e ir recibiendo fondos. Ahora, el riesgo, explican fuentes de la UE, será que sea también "la primera a la que se le retengan entregas por incumplimientos graves".

130 conferencias

En la carta remitida por Calviño a Hohlmeier, una semana antes de recibirla en Madrid, la vicepresidenta económica presumía de que ha habido hasta el momento "más de 130 reuniones de las conferencias sectoriales con los gobiernos de las CCAA". Pero ésas son las citas que, Ministerio a Ministerio, sirven solamente para anunciar cuántos fondos y para qué proyectos se entregan a cada región.

Lo que no explica es por qué, desde el 2 agosto de 2021, no se ha convocado la Conferencia madre, la que de verdad aseguraría la "cogobernanza". En total sólo ha habido tres reuniones de la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos.

El artículo 19.1 del Real decreto 36/2020 establece que dicho foro, de nueva creación, "es el órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para canalizar adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan". 

Y su diseño no es informativo -como pasa en las ministeriales-, sino expresamente apelando el espíritu de "cogobernanza" comprometido con Bruselas.

El Congreso, por iniciativa del PNV y con el apoyo del PP, reclamó el pasado diciembre convocar una reunión. Lo mismo hicieron, después, las cinco CCAA gobernadas por el Partido Popular. Y un mes antes, era la Comunidad de Madrid, a través de una carta de su titular de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty. Él mismo será uno de los consejeros que se reúnan con la delegación, para empezar sus trabajos este lunes.

"Reunirnos sólo en las conferencias ministeriales genera diferencias en la forma de interpretación de las adjudicaciones de los fondos", advierten fuentes de su entorno a este diario. "Y más si el Gobierno quiere unidad de criterio" ante esta misión de europarlamentarios.