Unidas Podemos trata de torpedear el traslado de Ferrovial a Países Bajos. Este viernes, el grupo parlamentario morado en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición de ley para que las empresas que se marchen de España estén obligadas a devolver las ayudas y subvenciones públicas que haya recibido en los últimos 10 años.
Fuentes parlamentarias aseguran que la ley fue diseñada en apenas 24 horas bajo la dirección del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y que bebe de una más antigua (2016) que también prohibía a las empresas que se iban de España presentarse a concursos públicos, algo que está en contra de la actual normativa europea. Aun así, en Podemos tienen claro que no se pueden cruzar de brazos ante la salida de la multinacional, la cual consideran "piratería económica".
Así lo ha dicho este viernes el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ya el jueves, cuando anunciaron que estaban trabajando en la ley, los morados prometieron que irían "más lejos" que los socialistas, quienes todavía están planteando cómo afrontar la situación.
Los morados interpretan, dicen las mismas fuentes, que forzar a Ferrovial a devolver las ayudas públicas no chocaría realmente con la regulación europea; en cambio, sí lo haría vetarlas de concursos, un extremo con el que amenazaron el mismo jueves. En esta línea se pronunció la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
"No hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas cuando las cosas van mal [para luego] cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos", esgrimió la también secretaria general de Podemos. En la misma línea, Echenique adelantó que la norma tendrá efectos retroactivos para poder incluir a Ferrovial.
En concreto, la proposición de ley afecta a las empresas que trasladen su producción, su sede fiscal o su sede social fuera de España. Las mismas fuentes recuerdan "la necesidad de que España lidere los esfuerzos en el seno de la Unión Europea para homogeneizar los tipos impositivos en el conjunto de la unión"; sobre todo hacen hincapié el impuesto de sociedades, "para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros".
El anuncio de la 'ley Ferrovial' llegó escasas horas después de que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, señalase al Ministerio de Economía de Nadia Calviño como responsable de legislar ante el movimiento de Ferrovial. "Les hemos salvado con dinero público. Tenemos que actuar", acusaba.
Por su parte, el ala socialista del Ejecutivo considera que la decisión adoptada por Ferrovial no se debe a los argumentos que ha esgrimido la empresa (la falta de "seguridad jurídica" en España), sino que obedece al interés "personal" del presidente ejecutivo de la empresa, Rafael del Pino, para poder sortear el impuesto a las grandes fortunas aprobado a finales de 2022.