El fracaso de la reforma de la Ley Mordaza ha abierto una herida –otra más– en el Gobierno de coalición, que hasta hace unos días decía estar volcado en su agenda legislativa. El objetivo, al menos hasta el martes por la mañana, era claro: blindar las negociaciones de las leyes pendientes, entre ellas la de Vivienda y la del sólo sí es sí, y no dejar que los problemas del Consejo de Ministros afloraran entre los grupos del Congreso de los Diputados. De momento no está funcionando.
Aunque la escalada verbal se haya reducido, los resultados han sido nefastos. La Ley Mordaza naufragó este martes por la cerrazón de los socios de investidura y la del sólo sí es sí va camino de dinamitar los pocos puentes que quedan tendidos entre PSOE y Unidas Podemos. Sólo queda en pie, tambaleante, una Ley de Vivienda estancada desde el inicio de legislatura.
Hasta ahora, los únicos triunfos de calado para el Gobierno este año han sido el escudo social de enero, que estaba asegurado desde que se puso encima de la mesa, y la reforma del sistema de pensiones, negociada mucho más discretamente que el resto. Desde entonces, el Ejecutivo sólo ha cosechado fracasos.
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El primero, el martes pasado, cuando los socios votaron separados la reforma del sólo sí es sí. En apenas 72 horas se sucedieron la imagen de Irene Montero sola a punto de ser vapuleada por el PSOE, las acusaciones de "fascistas" por parte de una diputada de Podemos, los grupos parlamentarios enfrentados en la votación, los desmanes de Igualdad al resto del Gobierno y la palpable distancia entre partidos durante la manifestación del 8-M.
El jueves continuó el naufragio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en una entrevista de RNE un acuerdo inminente "a falta de algunos elementos" para la Ley de Vivienda, que en ese momento estaban negociando los ministerios de Derechos Sociales (Podemos) y Asuntos Económicos (PSOE). La noticia duró apenas una hora antes de ser desmentida por Ione Belarra.
"Por desgracia hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo", sentenció la secretaria general de Podemos a través de Twitter. En un principio, el plan del Gobierno era aprobar en el Congreso la Ley de Vivienda a principios de marzo a falta de que Nadia Calviño diese su visto bueno a la regulación de los alquileres, cosa que nunca llegó a ocurrir.
De hecho, la división en torno a la vivienda se ha reflejado incluso entre las propias filas de Unidas Podemos. El Gobierno sabe que la ley estrella de Derechos Sociales es la única que todavía puede aprobarse antes de las elecciones, por lo que ha puesto todos sus esfuerzos en desbloquearla cuanto antes y salir del bache actual.
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La propia Yolanda Díaz, que durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado dejó caer la Ley de Vivienda por miedo a no llegar a un acuerdo, ha decidido intervenir y resolverla junto a Pedro Sánchez. La reunión, no obstante, se programó a espaldas de Belarra, que es quien lleva liderando las conversaciones desde hace más de dos años.
'Mordaza', sentenciada
La última en caer ha sido, precisamente, la que en su día había sido una de las grandes prioridades del Gobierno de coalición: derogar la Ley Mordaza de Mariano Rajoy. El Ejecutivo y sus socios habituales de ERC y EH Bildu no alcanzaron un acuerdo y la reforma cayó en la Comisión de Interior, un final esperado pero igualmente doloroso para dos partidos que hicieron de la norma una bandera electoral.
El apoyo de los independentistas era imprescindible. A última hora de la mañana, los grupos trasladaron al PSOE "un último intento de acuerdo" en forma de cuatro enmiendas transaccionales. Las propuestas afectaban a los cuatro puntos más conflictivos del actual texto, que son los mismos que llevan bloqueando las negociaciones entre socios desde hace más de tres años, pero no sirvieron de nada.
Las alarmas saltaron ya durante la noche del lunes, cuando fuentes de Podemos subieron el tono y empezaron a señalar al Partido Socialista como "el único responsable" de la muerte política anunciada de la mordaza en la comisión. Esta postura separó incluso al grupo de su portavoz en Interior, Enrique Santiago, que defendió hasta el último momento la necesidad de un pacto y atacó a los independentistas, quienes se convirtieron en "apoyos sorprendetes de la derecha y la ultraderecha".
"Ningún demócrata, nadie de izquierdas, entiende que no hayamos llegado a un acuerdo", bramó a la salida de la comisión, conocida ya la sentencia.