La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha acusado al PSOE de no haber perseguido los vacíos legales con respecto a la gestación subrogada, que es ilegal en España pero permite mecanismos como el ejecutado esta semana por Ana Obregón, que contrató un vientre de alquiler en Estados Unidos y está dipuesta a trasladar al bebé a España. Durante la negociación de la Ley del Aborto, Podemos ya pidió al socio mayoritario que atajara este problema.
"Tuvimos que conformarnos con decir en esta ley que era una forma de violencia contra las mujeres y empezar a perseguir la publicidad de estas agencias privadas, aunque somos conscientes de que estas dos medidas son muy blanditas para un mercado que mueve demasiado dinero", ha advertido la secretaria de Estado en una entrevista en La Base, el programa radiofónico de Pablo Iglesias.
En aquellas negociaciones de la Ley del Aborto, la ministra Irene Montero propuso modificar el artículo 23 de la ley orgánica del poder judicial para que la gestación subrogada fuera uno de los delitos que pueden ser perseguidos en el extranjero, pero "el PSOE no quiso llevar a cabo esta medida", en palabras de Pam. El año pasado, preguntada por este tema, Montero fue más discreta y simplemente dijo que "las leyes se tienen que negociar".
Preguntada por el hecho de que los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero puedan ser inscritos en España, a pesar de ser una práctica ilegal en este país, la secretaria de Estado ha criticado que el Ministerio de Justicia "no ha estado dispuesto" a tomar "decisiones" para acabar con este problema.
"Esta parece otra de las situaciones en las que el Ministerio de Justicia no ha estado dispuesto a la hora de la verdad, a tomar las decisiones que verdaderamente hubieran acabado con el problema al que nos estamos enfrentando", ha subrayado. Precisamente el departamento de Justicia es el responsable de la pugna que mantienen los socios de Gobierno en torno a la ley del sólo sí es sí.
Al igual que con esta ley, en la del aborto las reuniones se dirimieron entre Igualdad y Justicia. Entonces, el ministerio de Montero tuvo la intención de poder perseguir legalmente la actividad de estas agencias o empresas, sin embargo, el texto finalmente sólo prohibió "la publicidad de esta actividad, que ya es ilícita en España desde la ley de 2006".