La polémica ley impulsada por la Junta de Andalucía para legalizar unas 800 hectáreas de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana no entrará en vigor, pese a que este miércoles ha iniciado su tramitación en el Parlamento regional con un respaldo mayoritario, gracias a los 72 votos a favor de PP y Vox.
Tras un tenso debate político, con jarro de arena incluido, el polémico plan de regadíos ha pasado holgadamente su primer examen parlamentario. Aunque, minutos después, el Gobierno ha anunciado interpondrá un recurso suspensivo contra la norma en el Tribunal Constitucional, siempre y cuando ésta llegue a publicarse en el Boletín Oficial autonómico.
El objetivo del Gobierno, según remarcan fuentes de Moncloa, es "proteger Doñana" y hacer "todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa". Por lo pronto, el Gobierno usará el poder del que dispone en el órgano de garantías y, de forma paralela, estudiará "todas las vías" posibles.
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La propuesta de la Junta de Andalucía para autorizar los regadíos en el condado de Huelva, a ojos del Gobierno central, es un "desafío a Europa" que, además, provocará que "España tenga que pagar multas millonarias coercitivas cada tres meses". Las citadas fuentes aseguran que, debido a esta ley, habrá condenas del Tribunal de la Unión Europea que "todos los españoles y españolas" tendrán que pagar.
De esta forma, se abre un nuevo choque institucional entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Para la Moncloa, las consecuencias del plan de regadíos de Juanma Moreno serían estrepitosas: "Coloca a España ante el peligro de que nos suceda como a Hungría, Polonia o Italia. La Comisión Europea podría llegar a congelar los fondos europeos porque considere que existe un incumplimiento de la legalidad europea y un desafío a las leyes comunitarias".
"No hay agua"
Según el Ejecutivo, el plan de PP y Vox para el entorno de Doñana "ignora la realidad, es una falsa promesa", porque "no hay agua para legalizar 1.500 hectáreas de regadíos ilegales". En realidad, la iniciativa que ambos grupos han respaldado este miércoles en la cámara autonómica, según defiende la Junta, prevé la legalización de 800 hectáreas.
"No se puede prometer lo que no se tiene. El PP y Moreno Bonilla están utilizando Doñana como una mera mercancía. Lo que están haciendo condenará Doñana, tendrá un coste enorme de credibilidad para España y frustrará el futuro económico de la agricultura en los pueblos de la comarca", subraya el Gobierno.
Por otro lado, Moncloa denuncia que "la Junta de Andalucía no puede aportar agua al Condado de Huelva y a Doñana". No sólo porque las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pertenecen al Gobierno central, "sino también porque el PP y el Gobierno de Moreno Bonilla están prometiendo un agua que no existe".
En ese sentido, las fuentes gubernamentales recuerdan la situación drástica que atraviesa España en general y Andalucía en particular por la escasez de agua: "La reserva hídrica del Guadalquivir está en el 25,6%, la más baja de España. Se han secado las tres lagunas permanentes que había en Doñana, estamos en una sequía de larga duración".
Por ello, desde el Gobierno preguntan al presidente andaluz: "¿Qué dirá a los agricultores cuando las cadenas de distribución de toda Europa cuestionen el origen de las fresas de Huelva y duden si seguir comprando o no esas fresas y frutos rojos del entorno de Doñana, porque ya no sabrán si son legales o ilegales?"
A juicio de la Moncloa, la Junta de Andalucía va a provocar con esta ley de regadíos "un daño reputacional inmenso" para todos los agricultores que cultivan de forma legal. "Van a poner en peligro el futuro de las miles de familias que, con toda su honestidad y esfuerzo, viven legalmente de su trabajo en los invernaderos de Huelva", apostillan las fuentes del Gobierno.
Sobre la situación crítica de Doñana y los efectos que podría tener el aumento de los regadíos, el Ejecutivo recuerda el último informe del CSIC, que advertía que el acuífero está sobreexplotado. "El 60% de las grandes lagunas no se inundan desde 2013" y esto provoca, entre otras cosas, la "muerte de la biodiversidad: anfibios, galápagos, aves acuáticas, caballitos de mar, árboles. Todo está en peligro".