Moncloa y Podemos usan el desacuerdo sobre el "sólo sí es sí" para marcar perfil propio ante el 28-M

Salvo cambio no previsto, la reforma se aprobará con desacuerdo entre los dos socios del Gobierno, pero esta vez ni PSOE ni Unidas Podemos intentan el acuerdo, porque ambos creen que les beneficia mantener sus posiciones. Sobre todo, pensando en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Los socialistas entienden que llegados a este punto necesitan aparecer como el partido responsable que admite sus errores y rectifica la ley para evitar reducciones de condena para delincuentes sexuales. Obviamente, no es posible aplicar la reforma con carácter retroactivo, pero servirá para juzgar los delitos sexuales cometidos a partir de su entrada en vigor.

Moncloa entiende que no es posible ir a las elecciones con ese asunto abierto y sin haber cerrado la reforma. Además, según fuentes del Gobierno, el paso del tiempo ha hecho que ya no penalice más el fiasco de la ley y, por tanto, es un asunto zanjado.

Según la versión del PSOE, con la reforma de la norma aprobada en su momento por el Gobierno de coalición queda claro que el coste político será para Unidas Podemos y, concretamente, para la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La parte socialista del Gobierno quiere que el desacuerdo esta vez no incluya descalificaciones mutuas, como ocurrió hace un mes en la admisión a trámite de la reforma. Entonces, la portavoz de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, vinculó al PSOE con el fascismo y mantuvo que la propuesta de Moncloa es la del "Código Penal de la manada". Es decir, los socialistas buscan pactar la discrepancia, con el beneplácito de Yolanda Díaz, que pretende bajar el tono del debate.

Obviamente, la versión que dan en Unidas Podemos es contraria, aunque coinciden en entender que ya no les perjudica el desacuerdo. Siguen considerando que no es necesario cambiar la ley y se apoyan en argumentos como la instrucción del fiscal general del Estado que consideraba que no hay que reducir condenas.

Su versión es que ya han hecho un gesto con el apoyo a la propuesta de ERC y Bildu para aumentar las condenas, pero insisten en que no van a respaldar la del PSOE porque supone volver a la regulación anterior que matiza el peso del consentimiento al introducir de nuevo la intimidación y la violencia para fijar la condena.

Unidas Podemos considera que sus votantes entienden la firmeza de Montero y el mensaje de que son los jueces los que aplican la ley de la forma que más perjudica al objetivo de la norma. Esa discrepancia les permite diferenciarse y distanciarse del PSOE.

Los socialistas han impuesto una rápida tramitación para que la reforma salga el 20 de abril del Congreso hacia el Senado, de manera que llegue a la Cámara Alta la semana siguiente.

Vivienda, ¿último acuerdo?

Moncloa da por hecho que el PP apoyará su reforma. No contempla que los de Alberto Núñez Feijóo vayan a votar en contra de la norma que evitará más reducciones de condena.

El PP ha presentado enmiendas y pide al PSOE negociarlas, pero el PSOE no considera esa opción.

PSOE y Unidas Podemos mantienen también las diferencias sobre la ley de vivienda, la norma que prácticamente cierra la agenda legislativa del Gobierno de coalición. Hay negociaciones abiertas y ambas partes aseguran que están muy cerca del acuerdo, pero les separa los topes al alquiler y los beneficios de los bancos.

Según Unidas Podemos, es la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la que bloquea el acuerdo.

En este caso, a ninguna de las dos partes les interesa que no haya acuerdo y no se apruebe la norma, porque supondría mostrar un fracaso frente a uno de los principales problemas sociales.

Hay dificultades como que los socios de investidura también tienen objeciones al texto y el PP no apoyaría en ningún caso la ley. Hace pocas semanas ya decayó la reforma de la llamada "ley mordaza" por falta de acuerdo del PSOE con sus socios de investidura.

Por lo pronto, Unidas Podemos ha presentado este martes una proposición de ley para hacer permanente el paso de hipotecas con interés variable a interés fijo. El PSOE no lo respalda de momento.