"Doñana no se toca" es la proclama que ha elegido Pedro Sánchez para escenificar en los mítines del PSOE su rechazo al polémico plan de la Junta de Andalucía que persigue autorizar el regadío en unas 800 hectáreas de terreno próximas a Doñana. Este asunto ha provocado un choque institucional entre el Ejecutivo central y el regional.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo que preside Juanma Moreno denuncian una doble vara por parte presidente del Gobierno cuando realiza esta afirmación, ya que hace un año, en febrero de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica concedió "13 autorizaciones para la extración de aguas subterráneas en Doñana atendiendo a una petición de la Junta de Andalucía de 2007", cuando la Administración autonómica estaba gobernada por los socialistas.
Concretamente, denuncian desde la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ejecutivo central, comunicó en 2022 que había regularizado en dos años "los derechos de agua de una extensión agrícola de más de 2.100 hectáreas de la Corona Norte de Doñana y el cierre de 300 pozos asociados a ellas". Así reza, de hecho, en un comunicado de la propia Confederación.
Es decir, el Gobierno de España, que se ha convertido en el principal ariete contra la Junta por pretender que se amplíen las hectáreas de regadío a 30 kilómetros de distancia de Doñana, dio luz verde a la captación de agua procedente del acuífero del Parque Nacional a través de pozos y 118 infraestructuras de almacenamiento, como depósitos o balsas.
Esto, para el equipo del presidente andaluz, es una incongruencia vista la reacción de Moncloa en bloque contra la ley de regadíos que se tramita en el Parlamento andaluz en este momento. En los últimos días, la propia vicepresidenta Teresa Ribera ha llamado "señorito soberbio" al presidente andaluz.
La versión del Ministerio
Desde el Ministerio de Transición Ecológica, eso sí, puntualizan a la Junta y señalan que las dos líneas de trabajo que ha seguido la Confederación en estos años han sido: "Cierre de pozos y superficie de riegos ilegales. Concretamente, desde 2018, el Gobierno ha regularizado 2.240 hectáreas y ha cerrado un total de 1.129 pozos" y "regularización de la superficie compatible con la planificación hidrológica y la ordenación del territorio".
No es el único punto en el que las dos partes disienten. Mientras que el Gobierno denuncia una falta de consenso por parte de la Junta en todo este entuerto, la Junta, por su parte, asegura que ha pedido por carta varias reuniones con el Gobierno sin éxito.
Además, la Administración andaluza también reprocha la inacción del Ejecutivo en las infraestructuras hidráulicas pendientes para llevar agua al entorno de Doñana. Fuentes de la Junta desmienten que se hayan repartido los 19,99 hectómetros del trasvase Tinto-Odiel-Piedras que el Gobierno tenía comprometidos: "La ley del trasvase establece la creación de una comisión de gestión técnica que se creó en febrero de 2022 y hasta la fecha no ha sido convocada ni una sola vez".