El Gobierno, finalmente, ha conseguido sacar adelante este jueves en el Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda, acordada hace escasas semanas con ERC y Bildu tras años de negociaciones. En contra de esta norma se han posicionado PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que han justificado su postura en cuestiones como que "invade competencias" de las comunidades autónomas.
Precisamente, el principal partido de la oposición, en palabras de la diputada Ana María Zurita, considera que el texto no va a aguantar en vigor ni el "primer recurso en el Constitucional" que interponga un ejecutivo regional. La Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, ambas comunidades gobernadas por el PP, ya han dejado la puerta abierta a una ofensiva judicial.
Además, la dirigente popular ha remarcado que el Gobierno, con la legislación que introduce la ley de Vivienda, "avasalla a los propietarios". Por otro lado, ha criticado a Pedro Sánchez que "de las miles de viviendas que dice que va a construir" todavía no se ha visto "ni una". "Les podríamos acusar de negligencia y de dejación de funciones", ha remarcado.
Desde el primer momento, el PP expresó su oposición a la Ley de Vivienda por dos cuestiones muy concretas: "protege la okupación ilegal" y "reduce la oferta de pisos por las limitaciones que imponen los topes al precio de los alquileres". Los populares también denuncian el hecho de que el Gobierno se haya apoyado en dos fuerzas independentistas, como son ERC y Bildu, para sacar adelante una legislación de este calado.
En esa línea se ha posicionado también Vox. Este jueves, Iván Espinosa de los Monteros ha criticado que la ley se ha elaborado "escuchando al brazo político de ETA, el socio preferente en la consolidación del Estado". Más allá de esto, también ha considerado que la norma "condena a millones de familias a tener un acceso cada vez más difícil a la vivienda" por el control de precios y la intervención del mercado de la vivienda.
"Interferir competencias"
"Los alquileres se han disparado. Felicidades, señores socialistas", ha afirmado Espinosa, que también ha puesto el énfasis en la falta de medidas para luchar contra la okupación: "Esta ley consolida a España como paraíso de los okupas. Somos el único país del mundo donde ante el asalto de una vivienda por okupas se defiende a los asaltantes y no a los dueños".
De forma contundente ha expresado el voto contrario de Ciudadanos la portavoz del partido, Inés Arrimadas, que ha calificado la ley como "populista e improvisada". Según ha lamentado, el Gobierno va a agravar el problema de la vivienda, "porque esta ley va a crear problemas como la reducción de la oferta de pisos, la inseguridad jurídica de los propietarios y va a dejar más tranquilos a los okupas".
El PNV ha justificado su rechazo, especialmente, por la invasión de competencias autonómicas que promueve la norma. Así lo ha manifestado el diputado Íñigo Barandiarán: "La intención de este proyecto es interferir las competencias de las comunidades. En 43 años, en Euskadi se ha decidido libremente cuál era la política de vivienda".
Al igual que los nacionalistas vascos, PDeCAT y Junts han decidido su voto en contra porque la ley vulnera la Constitución, ya que supone una invasión de competencias del Estado a las comunidades autónomas. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha subrayado que la ley "no ofrece seguridad jurídica" y "no garantiza una vivienda digna".
Por su parte, el portavoz de PDeCAT, Ferran Bel, ha asegurado que muchos artículos de la ley "no tienen ningún sentido". Además, ha cargado contra PSOE y Podemos porque están van a poder intervenir el mercado de la vivienda "a través de lo que se apruebe en el Congreso" aun cuando están "absolutamente fracasados" en algunas comunidades autónomas.