El PP recurre contra Isabel Rodríguez por cuarta vez y Moncloa da por hecho que la JEC aceptará la denuncia

El PP ha denunciado por cuarta vez ante la Junta Electoral Central a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por considerar que rompe la neutralidad institucional exigible en periodo electoral en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros que ofrece en la Moncloa.

En las tres denuncias anteriores se ha estimado el recurso del PP y, por ello, la Junta Electoral Central ha advertido ya en dos ocasiones a la ministra y ha terminado por abrir un expediente sancionador contra ella. En sus tres resoluciones ha ordenado además que las manifestaciones impugnadas sean eliminadas de la web oficial de la Moncloa.

La nueva denuncia se refiere a la rueda de prensa de este miércoles 3 de mayo, en el que la ministra portavoz aseguró, por ejemplo, que el PP se comporta igual que lo hacen los "partidos antisistema" y busca deslegitimar al Gobierno.

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Fuentes del Gobierno dan por hecho que la JEC volverá a admitir el recurso del PP, teniendo en cuenta el criterio que ha aplicado hasta ahora, y también porque en este caso son conscientes de que la ministra fue aún más lejos en la rueda al hablar de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

Rodríguez acusó a Ayuso de impedir al ministro Félix Bolaños acceder al estrado como parte de "una campaña de deslegitimación de este Gobierno", y a Feijóo le criticó por reunirse con miembros de la Asociación de Fiscales y anunciarles que está dispuesto a derogar normas como la de la reforma laboral.

La última resolución de la JEC, conocida este jueves, insta a Isabel Rodríguez a extremar la precaución, dado que ya ha sido sancionada en dos ocasiones. Esa advertencia no es aplicable a la rueda de prensa impugnada ahora.

La ministra defiende su derecho a responder a las críticas de la oposición y a las preguntas de los periodistas.

La base de los recursos y las resoluciones de la Junta Electoral es el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que señala que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".