La Eurocámara pide al Gobierno de Pedro Sánchez que recurra a la Oficina Europea de Policía (Europol) para aclarar "todos" los casos de espionaje con el programa informático Pegasus, tanto los que afectan a dirigentes independentistas catalanes como los que incumben al propio presidente y a varios de sus ministros. España debe "invitar a Europol a sumarse a las investigaciones, a las que podría contribuir con sus conocimientos técnicos".
Así figura en el informe definitivo del comité especial del Parlamento Europeo sobre Pegasus, que se ha aprobado este lunes tras más de un año de trabajos con el apoyo de populares, socialistas, liberales, verdes e izquierda radical. Las recomendaciones han salido adelante por 30 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, se ha abstenido porque el texto defiende que "España tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardas".
El informe reclama a España una investigación "completa, justa y eficaz" sobre el espionaje informático, cuyos resultados deben hacerse públicos "de la manera más amplia posible" dentro de los márgenes de la ley.
[La Eurocámara acusa al Gobierno de Sánchez de no colaborar en su investigación de Pegasus]
Los eurodiputados reclaman además a Sánchez "iniciar la reforma del marco legal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" para hacerlo más garantista que anunció en mayo de 2022, pero para la cual "todavía no se han presentado propuestas".
No obstante, el Parlamento Europeo deja claro que "en conjunto el marco regulatorio en España se ajusta a los requisitos fijados por los Tratados". "España tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardas. Sin embargo, tras el descubrimiento de las dos categorías de objetivos (del espionaje de Pegasus), todavía hay algunos problemas que podrían resolverse mediante reformas rápidas y profundas y una aplicación efectiva", apunta el informe.
Las recomendaciones de la Eurocámara, que todavía tienen que ratificarse en el pleno de junio, no son de obligado cumplimiento para España, sino que tienen únicamente un valor político. A diferencia de los casos de Polonia, Hungría, Grecia y Chipre, el Parlamento Europeo descarta que en nuestro país se hayan producido vulneraciones graves del derecho comunitario con el uso de programas de espionaje informático.
El informe señala en primer lugar que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron infectados por Pegasus entre mayo y junio de 2021. El ministro de Agricultura y antiguo embajador en Marruecos, Luis Planas, también fue objeto de un ataque pero no resultó infectado. La Eurocámara habla también de un posible espionaje a la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
"Se ha informado de que el Gobierno marroquí podría ser potencialmente responsable de este ataque, aunque esa información no ha sido confirmada", dice la Eurocámara. "Hay poca información disponible hasta el momento sobre los detalles de este hackeo, ya que fueron anunciados por el Gobierno y no fueron el resultado de una investigación de CitizenLab ni de ningún otro servicio de investigación o de periodistas de investigación, y aún están sujetos a una investigación en curso", prosigue el informe.
La segunda categoría de afectados por el espionaje, prosigue el informe, son 65 independentistas catalanes en lo que se denominó como CatalanGate. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido que controló a 18 de estas 65 personas (entre ellas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés) con su correspondiente autorización judicial.
En cuanto al resto, la Eurocámara da por hecho que el responsable del espionaje fue también el Estado español. "El Gobierno español ha dado información limitada hasta ahora sobre su papel en esta selección, invocando la necesidad de confidencialidad por obligaciones legales y de seguridad nacional. No obstante, sobre la base de una serie de indicadores, se asume que la vigilancia de los objetivos catalanes fue llevada a cabo por las autoridades españolas", dice el informe.
La investigación que se pide a España debe prestar especial atención a estos 47 casos "para los que no está claro si fueron o no vigilados por el CNI con una orden judicial o si otra autoridad recibió o no órdenes judiciales para vigilarles de forma legal".
Además, la Eurocámara reclama que a los otros 18 dirigentes catalanes para los que sí está claro que fueron controlados de forma legal se les facilite el acceso a las respectivas autorizaciones judiciales, así como las posibilidades de recurso.
Por lo demás, el Parlamento Europeo se queja de la "limitada" información suministrada por el Gobierno de Sánchez sobre el uso de programas de espionaje en España amparándose en sus "obligaciones legales", que han dejado muchas preguntas sin responder.
"La campaña propagandística del secesionismo catalán se ha encontrado de frente con el PP, que ha desmentido sus graves acusaciones contra España y sus servidores públicos", ha dicho el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido tras aprobarse el informe. Para el PP, lo más importante es que la Eurocámara censura la escasa información suministrada por el Gobierno sobre el espionaje a Sánchez.
“Hemos conseguido eliminar conceptos tóxicos y falsedades, pero no hemos conseguido eliminar la mala fe. Estoy seguro de que sus promotores saben que lo que este informe dice no es cierto", ha denunciado por su parte el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas.