Entrados en plena campaña, con el 28-M a la vuelta de la esquina, Pedro Sánchez no es el único que da anuncios por sorpresa. El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, tiene previsto presentar a lo largo de este martes una proposición de ley en el Congreso para prohibir que las campañas se financien a través de créditos bancarios.
Esta modificación de la Ley Electoral (LOREG) propuesta por el grupo parlamentario, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, prevé también acabar con las subvenciones para el envío de papeletas y propaganda en el caso de las elecciones generales y europeas. Según el texto, que incluye hasta siete modificaciones de un único artículo, la formación morada tiene por objetivo "eliminar la injerencia del sector financiero en los procedimientos electorales" y que éstos dependan "de sus militantes y simpatizantes, ya sea en forma de donativos o de microcréditos sin interés".
"Para compensar el impacto que esta prohibición pudiera tener sobre determinadas formaciones políticas, proponemos también que se incremente el límite del porcentaje de adelanto de subvención del 30 al 50%", añaden fuentes del grupo parlamentario.
Desde el nacimiento del partido, la formación siempre ha sacado pecho de financiar sus campañas precisamente a través de estos microcréditos, sin ayuda del sector bancario. Durante estas elecciones de mayo, aseguran que llevan ya 943.516 euros recaudados.
"Un indicador de la excesiva influencia que ejerce sobre el Estado español es su tamaño desproporcionado, siendo uno de los más grandes (en términos proporcionales) de los existentes en la Unión Europea", indica el texto sobre el sector bancario, al cual acusa de limitar "de manera muy marcada el desarrollo democrático".
En línea con lo anterior, el grupo parlamentario plantea también eliminar las subvenciones electorales específicas para el mailing (los envíos por correo postal de papeletas y propaganda electoral) en las elecciones generales y europeas y, en cambio, sustituirlos por un único envío de candidaturas. El coste de estos envíos, calculan los morados, se dispara hasta los 25 millones de euros por convocatoria electoral.
"Con esta ley se pretende reducir el altísimo coste público que se viene repitiendo en cada convocatoria electoral relacionado con el envío masivo de papeletas y propaganda electoral", añade el texto de la proposición de ley.