Podemos quiere obligar a los bancos a habilitar un fondo común que cubra los impagos de hipotecas

Podemos propone una ley para obligar a los bancos a compensar las subidas de las hipotecas y cubrir los impagos debido al incremento de los tipos de interés. El grupo parlamentario morado en el Congreso lleva meses trabajando en la creación de un Fondo de Responsabilidad Social que, por un lado, financie el rescate de deudores a causa de "eventos imprevistos" como la guerra de Ucrania o la pandemia y, por otro, obligue al sector financiero a resarcir los daños de la crisis de 2008.

Se trata, a grandes rasgos, de un fondo similar al de Garantía de Depósitos o al de Garantía Salarial; esto es, un "seguro" financiado por los bancos que sirva como vía de escape para paliar consecuencias de la actividad financiera. El fondo estaría dirigido por una comisión de diferentes ministerios (Economía, Hacienda, Vivienda, Consumo y Derechos Sociales), representantes del sector financiero y del Banco de España.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha adelantado este miércoles el anuncio del fondo en un acto en Tarragona. "La banca va a empezar a devolver el rescate bancario [...] son 60.000 millones de euros que tienen que empezar a devolver nutriendo este fondo, para que la gente que no se puede pagar la hipoteca viva un poquito mejor", ha declarado.

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Fuentes de Podemos añaden que "al fin y al cabo es un fondo que pagan ellos, los bancos; y traslada la responsabilidad social al sector financiero", concretan sobre la medida, que tendrá forma de proposición de ley y se presentará a lo largo de las próximas semanas. La idea principal, defienden, es "limitar la responsabilidad del deudor hipotecario al importe del bien hipotecado".

Dicho de otro modo, si una persona no puede pagar su préstamo y entrega la vivida (o un juez se la quita), la deuda estaría saldada y el dinero correría a cargo del fondo. Sobre cuánto dinero aportaría cada banco, la dotación la calcularía el Banco de España a partir de una serie de criterios mínimos (tamaño del banco, cartera de clientes, riesgo crediticio, etc.).

La ley también intervendría en las obligaciones de las entidades financieras a la hora de comprar y vender créditos a otras entidades financieras. Los deudores, en este caso, tendrían derecho a tantear al nuevo banco dueño del crédito; adquirirlo preferentemente por delante de terceros; y tener la opción pagar el importe inicial del crédito al nuevo acreedor y, acto seguido, olvidarse de él.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso lleva meses tanteando a otros partidos y "abriendo el debate" para motivar la nueva norma, que se llamaría provisionalmente Ley de Responsabilidad Social del Sector Financiero y supondría la cuarta propuesta hipotecaria de los morados desde septiembre.  

Renegociar contratos

Todo el fundamento de la propuesta de Podemos se basa en la misma premisa: si el contrato no se puede cumplir en sus términos por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes (la crisis, la pandemia, etc.), el contrato debe revisarse para hacerlo viable. La llamada cláusula rebus sic stantibus, utilizada en el Derecho Civil.

El mecanismo de renegociación que plantearían los morados bajo esta cláusula estaría reglado por tres vías: la extrajudicial (acuerdo entre las partes); la judicial de jurisdicción voluntaria (con conciliación previa); y la judicial ordinaria (ordenar por vía judicial la salvación del contrato en unos nuevos términos que se puedan cumplir). 

Por otro lado, en relación con los contratos de préstamos hipotecarios o créditos al consumo, si el banco se niega renegociar, la ley establecería quitas obligatorias de los intereses y el derecho a la dación en pago de los hipotecados. El partido también está estudiando incluir un tope del 30% de los recursos familiares para afrontar las cuotas y limitar las subidas hipotecarias al 10% anual.

Modificar la LEC

Los de Ione Belarra incluirán también varios cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para proteger a los deudores, entre ellos, introducir un juicio de proporcionalidad antes de ordenar un desahucio. Además, siempre que se cumplan las condiciones del rebus sic stantibus, Podemos propone incluir la suspensión del procedimiento judicial en curso cada vez que alguien inicie un procedimiento de renegociación del contrato.

De esta manera, defiende el partido, "se le dan a los jueces una serie de criterios que debe tener en cuenta para ordenar una ejecución, con más funciones de las que tenía hasta ahora un magistrado". En paralelo, si la entidad financiera incumple el código de buenas prácticas o cualquier instrumento de solución de controversias (como una mediación), la ejecución hipotecaria quedaría archivada y las costas se le impondrían al banco.

Este nuevo texto también afectaría a los casos de ejecución hipotecaria sobre los que previamente se hubiese puesto una demanda del deudor por cláusulas abusivas. Si este fuera el caso, dicha ejecución se deberá paralizar hasta que el procedimiento previo de cláusulas abusivas termine.