Después de una década de investigaciones, el PSOE consiguió librarse de la losa de la primera pieza del caso ERE con una histórica sentencia que condenó a prisión al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a un puñado de consejeros, viceconsejeros y exaltos cargos, y dejó inhabilitado a otro expresidente, Manuel Chaves.
Pero la sombra de la corrupción vuelve a sobrevolar al socialismo andaluz, ahora bajo la dirección de Juan Espadas, a escasos tres días de que se celebren las municipales del 28-M.
El secuestro de la concejal de Agenda 2030, Vanessa Romero, en la localidad granadina de Maracena involucra de forma directa a uno de los principales colaboradores de Espadas: Noel López, secretario de Organización y diputado en el Parlamento andaluz. Este jueves ha trascendido la investigación judicial del caso, que le señala como posible inductor del secuestro.
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De forma paralela, sigue adelante la investigación judicial respectiva a la compra de votos en la localidad almeriense de Mojácar. En este supuesto fraude están implicados dos integrantes de la lista municipal del PSOE, concretamente el número dos de la lista, Francisco Flores, y el número cinco, Cristóbal Vizcaíno.
Ambos asuntos han cambiado la agenda mediática y la propia campaña electoral en su recta final. El PP andaluz, de momento, ya ha pedido explicaciones a los de Espadas. "Y los implicados deben dimitir" apostillan en su cuenta de Twitter los populares andaluces con respecto a la investigación al número tres del PSOE andaluz.
Reacción PP andaluz
Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta y líder de los populares en la región, ha expresado su "sorpresa y estupor" por todo lo que se va conociendo en las últimas horas.
Noel López fue alcalde de Maracena durante 16 años, hasta el pasado verano. Forma parte de la ejecutiva del PSOE de Andalucía desde octubre de 2021, cuando fue designado número tres. Durante unos meses, compaginó el cargo orgánico con la alcaldía del municipio granadino.
El pasado mes de febrero, su nombre apareció envuelto en un rocambolesco suceso: el secuestro de la concejal de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Maracena. El supuesto secuestrador y único detenido por este hecho es el exnovio de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares.
Sin embargo, la víctima, en su declaración, también señaló a la regidora y a su antecesor en el Ayuntamiento, Noel López. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, optó en aquel momento por mostrar su absoluta confianza hacia el secretario de Organización de su partido. "Total tranquilidad respecto a su gestión", dijo en febrero.
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Ahora, el juez que lleva el caso ha dejado abierta la puerta a la imputación de López. En la investigación aparecen indicios de la existencia de posibles "inductores" del secuestro de la concejal, que apuntarían al responsable de Organización de los socialistas andaluces y a alcaldesa y candidata a la reelección.
El secretario de Organización del PSOE, al ser diputado en el Parlamento andaluz y estar aforado, no puede ser imputado. Por ello, el juzgado ha remitido el caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Otras causas pendientes
Estos dos casos, en Maracena y Mojácar, a escasos días de renovar unos 700 ayuntamientos andaluces y 8 diputaciones provinciales, sacuden a una formación especialmente envuelta por los escándalos de corrupción. En su historial, el PSOE andaluz cuenta con la mayor factura por delitos de malversación de la democracia: hasta 600 millones de euros por el caso de los ERE.
De hecho, todavía perviven un centenar de piezas relacionadas con esta macrocausa judicial, ya que sólo 18 han sido elevadas a juicio. Uno de los casos más llamativos que sigue en los juzgados es el relacionado con las ayudas a la empresa jienense Santana Motor, que implica al marido de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, y a tres exaltos cargos del PSOE andaluz.
El pasado mes de noviembre, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dictó un auto en el que procesaba al exconsejero de innovación, Martín Soler, hombre fuerte del Gobierno de Griñán, por las ayudas a esta empresa. También imputaba a dos ex altos cargos de la agencia IDEA, un ente público de la Junta.
Al margen de los ERE, hay otro caso pendiente que afecta a los gobiernos del PSOE al frente de la Junta: el juicio por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que comenzará el próximo 29 de mayo, justo después de las elecciones.
La Audiencia de Sevilla comenzó este martes la cuenta atrás del juicio con la constitución del jurado popular. El próximo lunes, por lo tanto, empezarán a pasar por el banquillo los implicados en esta trama. Entre otros, el socialista Fernando Villén, exdirector del ente público, y Ana Valls, directora económica financiera.