El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a la Fiscalía Anticorrupción que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto por correo "a gran escala" en Melilla.
En un decreto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Ortiz señala que toma esta decisión debido a la "complejidad" de la investigación y a la "gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político" de la causa. Todo ello, "dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular" en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.
Fuentes fiscales señalan a este periódico que se trata también de una cuestión organizativa y de coherencia interna, ya que el caso similar de compra de votos en Mojácar (Almería) sí está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. En Melilla, donde no existe esta figura, era la Fiscalía ordinaria la que había entrado en la causa. Y, desde ahora, será Anticorrupción la encargada de esta investigación.
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El fiscal general del Estado expone que, "suponiendo los hechos una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular, así como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribución de la competencia para el despacho del asunto a dicha fiscalía especial".
El decreto señala que la presunta "operación delictiva" habría comenzado el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral. E implica a varias personas "relacionadas o afines" al partido promarroquí Coalición por Melilla.
De hecho, ya han sido detenidos, entre otras personas, el yerno de Mustafá Aberchan, el líder de CpM ya condenado por otro caso de compra de votos, y un consejero de la ciudad autónoma, de la misma formación, que fue cesado tras su arresto.
El fiscal detalla que la investigación de la Policía Nacional "ha puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo".
"Estructura organizada"
"Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado [Coalición por Melilla] en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma", indica el decreto.
Mohamed Ahmed Al-lal, el consejero de Coalición por Melilla detenido por la supuesta trama de compra de votos.
Todo ello podría ser constitutivo de delitos electorales. Aunque no sólo: también, de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ya investiga los hechos y ha ordenado el secreto de sumario. El decreto de la Fiscalía señala los "sólidos indicios de la compra de votos" con los que cuenta la Justicia.
Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, un informe de inteligencia policial en poder de los investigadores señala posibles conexiones entre la venta de droga y la financiación de Coalición por Melilla. El documento asegura que una parte de los fondos de esa formación política procedería "de dinero del narcotráfico".
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Otros dos informes similares incluyen las declaraciones de un testigo, que trabaja en una empresa de limpieza y declaró ante la Policía haber vendido su voto "hace unos diez días, por 100 euros, a un representante de CpM".
"El citado representante [de CpM] se personó en la empresa y, a través de proposiciones futuras en el caso de que salieran elegidos, les prometía unas mejoras laborales (subida de sueldos, contratos fijos, mejoras de horarios, etc)", recoge el dosier policial.
El segundo de estos dos informes señala expresamente que "CpM ha recaudado mucho dinero en negro" y que, en el periodo en que ha encabezado varias consejerías del Gobierno melillense, ha financiado la compra de votos por correo "mediante la concesión de obras".