La Policía prepara más registros en Melilla tras el 28-M por el fraude de la compra de votos

Las diligencias preliminares ya han determinado que existía “una estructura organizada” y que “se estaría financiando con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido Coalición por Melilla (CpM) en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”.

La investigación también concluyó que se pagaban hasta 150 euros por voto. 

Actualmente, según ha podido saber EL ESPAÑOL, hay dos políticos de CpM investigados, uno de ellos a la cabeza de una consejería y el otro retirado del cargo por asuntos de corrupción.

Son sospechosos de adjudicar obras a una empresa de Málaga, que nunca operó en Melilla. Ingresaban presuntamente las cuantías que les entregaba la licitación pública en el banco y derivaban los proyectos a empresas melillenses que no cumplían los requisitos y que utilizaban el dinero negro del narcotráfico para llevar a cabo las obras. De esta manera, blanquearían sumas procedentes de narcotraficantes que tienen empresas en Marruecos y en Melilla.

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De las 11.707 peticiones de votos por correo en Melilla, solo 5.814 fueron depositados en las oficinas, al cierre del plazo estipulado, el jueves. De tal modo que menos de la mitad han ejercido el voto.

A declarar

Según explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL, “aquellos ciudadanos melillenses que no depositaron las papeletas en las oficinas de Correos podrían ser llamados a declarar con el fin de determinar quiénes pudieron comercializar con los votos”.

Por ejemplo, explica la misma fuente que “si una familia de once miembros solicitó el voto por correo y finalmente ninguno de ellos lo depositó, podría poner en guardia a los investigadores”.

De hecho, en 2008, cuando CpM y el PSOE decidieron participar conjuntamente en las elecciones, se detectó un fraude electoral en el voto por correo para conseguir más respaldo en el Senado. Entonces, el modus operandi era similar al que investiga la Policía Nacional en estos momentos y el juez llamó a declarar a personas que habían vendido su voto.

Los hechos podrían ser constitutivos de varias infracciones tanto para los que pagaron como para los que aceptaron el trato, incluso para personal de Correos, por falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y delitos electorales.

En todo caso, los siguientes movimientos policiales se realizarán tras finalizar los comicios para no entorpecer y perjudicar el proceso electoral.