El Gobierno también contempla el pago de peajes en ciudades en su plan remitido a Bruselas

Tal y como se puede leer en la documentación remitida a Bruselas dentro del PRTR, el Ejecutivo explica que, dada la extensa red que hay en España, llegado el momento habrá que plantear "el establecimiento de un mecanismo de las carreteras de alta intensidad y la implementación de planes de movilidad de pago por uso urbano". Es decir, sistemas de tarificación por el acceso a núcleos poblacionales.  

Se trata de una medida que aparece en los planteamientos generales pero que no está recogida dentro de los acuerdos finales alcanzados con Bruselas. Es decir, no ocurre como con el sistema de "pago por uso", que sí figura en el Anexo de la Propuesta de decisión de ejecución del Consejo aprobada el 16 de junio de 2021 por la Comisión Europea. 

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En ese texto, en el punto 2 C1.R2, se asegura que la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte debe "proporcionar el marco normativo de base para la nueva política de movilidad en España, basada en la mejora de la sostenibilidad y la dimensión digital", así como "la creación de un mecanismo de pago por el uso de carretas del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024".

El objetivo de esta medida, según el propio documento del Gobierno de Sánchez, es "internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero".

Según, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia esto supondría "avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario pagador". 

El pago por uso también viene recogido en la reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica redactada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. En esta parte del Plan, referida a las medidas del Ministerio de Hacienda, se habla de "crear un pago por uso de red viaria de carreteras". 

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El objetivo es lograr incrementar los ingresos que permitan mitigar el déficit de conservación de las carreteras españolas, que se cifra en el entorno de los 10.000 millones de euros.

El pago por uso ha copado buena parte de la campaña electoral del 23-J. De hecho, este mismo jueves era la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la que desmentía "categóricamente" que el Gobierno vaya a implantar un sistema de pago por uso. "No lo vamos a hacer", decía en declaraciones a los medios. 

Palabras que llegaban después de que la Comisión Europea recordara al Gobierno de Sánchez que "el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de carreteras, que empezará en 2024, en línea con el principio de que quien contamina, paga". De hecho, la portavoz de Bruselas insistía en que esta medida será tenida en cuenta a la hora de evaluar el quinto tramo de los pagos comprometidos con España en el marco de los fondos Next Generation. 

Bruselas se pronunciaba este jueves en rueda de prensa casi a la vez que Pedro Sánchez era entrevistado en La Sexta. En Al Rojo Vivo, el presidente del Gobierno y candidato socialista negaba rotundamente que el año que viene se vaya a implantar el pago por uso en las carreteras españolas. 

"En la Ley de Movilidad Sostenible no está incorporada la posibilidad de incorporar peajes, por mucho bulo que traten de verter Abascal y Feijóo". 

El PP insiste al Gobierno

Desde el Partido Popular insisten en que quien miente es el Gobierno, y recuerdan cuáles son los compromisos adquiridos con la Unión Europea. De hecho, han reiterado en varias ocasiones que Sánchez debía aclarar este asunto, mientras que el presidente del Gobierno y los miembros del Ejecutivo se niegan.

¿Por qué el Ejecutivo niega que esté planteando esta medida? Básicamente porque no se contempla en la Ley de Movilidad que estaba tramitándose en el Congreso y que, con la convocatoria electoral, decayó. En ella no aparecía esta figura ya que, según fuentes del sector concesional, el Ejecutivo pidió tiempo para aplicarla, ya que se necesita consenso social. Algo que, en el momento de la tramitación no se daba. 

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El Gobierno de Sánchez considera que sigue sin darse ese consenso social y que, por tanto, lo que hay que hacer es estudiar alternativas diferentes al peaje tradicional.

Fuentes populares temen que el Ejecutivo trate de escudarse en este "tecnicismo", ya que el peaje supone que el pago se lleva a cabo en una barrera. Sin embargo, las nuevas fórmulas de pago por uso se desarrollan con sistemas de telecobro o, incluso, con un sistema como la viñeta. 

El debate está encima de la mesa. Ha marcado la campaña electoral, pero lo que parece evidente es que en los próximos meses Bruselas exigirá un sistema para sufragar la conservación de las carreteras en España.