El programa de Junts, escollo para Sánchez: del Salario Mínimo catalán a tener el control migratorio

Los coletazos de Carles Puigdemont desde el chalet de Waterloo dan poco espacio para la interpretación, pero sus siete escaños siguen siendo imprescindibles para la investidura de Sánchez. Como heredero de la vieja Convergència i Unió, Junts no deja de ser un partido soberanista que, además, es de derechas, dos ingredientes complicados para establecer una mayoría parlamentaria férrea con Gobierno de izquierdas. 

El argumento ideológico de Junts suele desdeñarse porque, al igual que el PNV, no es un partido intransigente en cuestiones como el aborto o los derechos LGTBI, pero el resto de sus rasgos son muy comunes con otras formaciones totalmente opuestas al socialismo, qué decir de Sumar. El independentismo se opone a las élites políticas y empresariales dirigidas desde Madrid pero, al menos en el caso de Junts y el PNV, su programa electoral es extremadamente conservador en otros aspectos.

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Los primeros puntos de su programa ideológico, por ejemplo, dan buena cuenta del nativismo conservador de Junts ante la inmigración. El documento exige "que Cataluña pueda decidir sus flujos migratorios" y negociar "directamente con Europa la acogida de refugiados [...] y menores no acompañados". 

Cataluña tiene hoy la colonia marroquí más numerosa de España porque CiU priorizó la llegada de magrebíes a la de latinoamericanos con el objetivo de proteger el catalán. Se pensó que sería más fácil incorporar al catalán a quienes llegaban hablando árabe que castellano. 

Otra medida del programa de Junts  es "eliminar el Tribunal Cuentas". El órgano regulador lleva en el punto de mira del independentismo desde que su fiscal jefe, Manuel Martín-Granizo, demandó a Carles Puigdemont y Artur Mas –entre otros– por malversar más 3 millones de euros empleados indebidamente en el referéndum ilegal del 1-O y en la promoción del procés en el extranjero.

En el ámbito económico, Junts quiere modificar el sistema de financiación de la Generalitat con el fin de "compensarla por la insuficiencia de recursos" de los últimos años y "exigir al Estado que invierta en Cataluña en función del peso del PIB catalán en el estatal". Además, reclama condonar la deuda de la Generalitat y un salario mínimo catalán de 1.319 euros.

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También pide la cesión de todos los impuestos y tributos generados en Cataluña. 

Otra parte del programa de Junts que puede poner en aprietos a Sánchez es la referida a infraestructuras. Puigdemont plantea demandas como el traspaso a la Generalitat de aeropuertos y puertos, el Consorcio de la Zona Franca, los trenes de cercanías y la red de carreteras.

Este tipo de requerimientos tienen varios problemas. Miriam Nogueras ha dicho por activa y por pasiva que el PSOE debe "pagar por adelantado" y presentar un "documento con fechas", algo que sería imposible para armar el bloque de investidura. Sobre todo, porque Sánchez sólo tiene dos meses para cerrar un acuerdo con ERC, Bildu, PNV y Junts y evitar una repetición de elecciones con resultado incierto.

A su vez, las negociaciones con unos socios afectan a los del resto, dado que todos los partidos salvo Bildu vienen de unos malos resultados electorales y tienen que presentar soluciones inmediatas para 2024. En este sentido, conformar por igual a ERC y a Junts puede parecer fácil, pero lo importante no es lo que consigan arrancarle al PSOE, sino lo que puedan vender a sus votantes.

Ambas formaciones coinciden en cuestiones como la transferencia de viviendas a la Generalitat (el 30% de la Sareb o las comisarías de Guardia Civil en desuso, en el caso de Junts) o la cesión de las fuerzas de seguridad.

En concreto, el programa de Puigdemont desliza vagamente "que los Mossos d'Esquadra sean la policía integral [...] y que la Guardia Civil y la Policía Nacional dejen de ejercer en Cataluña". Es una situación parecida a cuando Sánchez sacó a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra para conseguir el apoyo de Bildu a los últimos Presupuestos Generales del Estado. 

Otra de las reclamaciones de Junts es "reducir a la mitad el presupuesto del cuerpo diplomático español", ya que la Generalitat tiene planes para seguir expandiendo sus embajadas, dentro de su programa Diplocat.