El PP vetará en el Senado cualquier pacto entre Sánchez y Puigdemont que afecte al Estatut catalán

El artículo 151.2 de la Constitución establece que la reforma del estatuto de las autonomías de la llamada vía rápida (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) sólo podrá salir adelante si es aprobada por el Congreso y el Senado.

Los populares están decididos a utilizar esta capacidad de veto que les otorga su mayoría absoluta en la Cámara Alta (donde tienen 143 escaños) para frustrar cualquier acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont que pase por desbordar las actuales competencias de la Generalitat.

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En su mensaje publicado el sábado en las redes sociales desde Waterloo, Carles Puigdemont presumió de que tiene la "llave" de la investidura de Pedro Sánchez, quien ahora necesita el voto favorable de los siete diputados de Junts para ser reelegido presidente.

Puigdemont descubrió sus cartas y subrayó que Sánchez sólo tendrá el sí de Junts si se atreve a abordar el "conflicto político entre España y Cataluña" cuyo origen está, recalcó, en la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut catalán aprobado en 2005 por el Parlament.

El fugitivo de la Justicia dejó varias claves sobre la mesa: cualquier acuerdo pasa por retrotraer la situación a las fechas previas a la sentencia del TC (cuya legitimidad no reconoce que recortar el Estatut aprobado por el Parlament), avanzar hacia la soberanía de Cataluña y resolver con una amnistía la situación personal de todos los independentistas procesados por los tribunales.

El PSOE tiene garantizado ahora el control del Tribunal Constitucional, con una amplia mayoría "progresista" bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido.

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Pero si Pedro Sánchez intenta obtener el apoyo de Junts con la promesa de impulsar un Estatut catalán más ambicioso, que entregue a la Generalitat nuevas competencias del Estado o un régimen económico similar al cupo vasco, no podrá cumplir esta promesa: el PP usará su mayoría en el Senado para tumbar el texto, de acuerdo con la potestad que la Constitución otorga a la Cámara Alta.

No sólo el Tribunal Constitucional recortó el Estatut catalán que había impulsado el Tripartito presidido por el socialista Pasqual Maragall.

El Estatut también sufrió un drástico recorte cuando llegó al Congreso de los Diputados, en 2006. Allí se eliminaron varios artículos que otorgaban al Parlament la capacidad de elegir a los representantes de Cataluña en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la dirección del Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en las delegaciones españolas que negocien cualquier acuerdo con la Unión Europea (UE).

El Congreso de los Diputados reelaboró la redacción de estos artículos (que en la mayoría de los casos quedaron en una simple declaración de intenciones) y suprimió directamente otros, como el 193, que pretendía convertir a Cataluña en una circunscripción propia en las elecciones al Parlamento europeo.

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Tras este repaso, cuando el texto llegó al Senado votaron en contra (por muy distintos motivos) tanto el PP como ERC. Los populares porque consideraban que el texto era abiertamente inconstitucional (como determinó luego el TC en 2010, al eliminar varios artículos), ERC porque no estaba de acuerdo con que las Cortes españolas retocaran ni una línea del texto que había sido respaldado pocos meses antes en un referéndum, en el que apenas participó el 48% del censo electoral de Cataluña.

Pese a todo ello, tanto ERC como Carles Puigdemont presentaron luego la sentencia del Tribunal Constitucional como una afrenta a la soberanía de Cataluña y como coartada para impulsar el referéndum de independencia del 1-O.

La mayoría absoluta en el Senado obtenida en las elecciones generales del 23-J permitirá ahora al PP frenar cualquier intento de Pedro Sánchez (si es reelegido presidente) de satisfacer a Carles Puigdemont con un Estatut similar al aprobado en 2005 en el Parlament.

Miembros de la dirección del PP consultados por EL ESPAÑOL reconocen que su hegemonía en la Cámara Alta nos les otorga mucho más margen de maniobra para entorpecer una hipotética nueva legislatura de Pedro Sánchez.

Una situación "diabólica"

Los populares podrán demorar la tramitación de las leyes que impulse el Gobierno, introduciendo enmiendas o tumbándolas en el Senado, pero la mayoría formada en torno al PSOE podrá recuperar el texto original el texto cuando regrese al Congreso. Los populares también impulsarán en la Cámara Alta comisiones para investigar casos de investigación como el caso Tito Berni.

No obstante, dirigentes del PP consultados por EL ESPAÑOL auguran que si Sánchez es reelegido presidente con el apoyo de grupos tan dispares como Sumar (coalición formada por 16 partidos), ERC, Bildu y Junts, se enfrentará a una legislatura "inviable" y probablemente corta.

Pedro Sánchez no sólo tendrá que negociar con estos grupos su investidura a cambio de concesiones, sino también cada una de las leyes que pretenda llevar a las Cortes. Se enfrentará además a una dificultad adicional, si la Comisión Europea restablece en 2024 las reglas de contención de gasto, lo que obligaría al gobierno de Sánchez a aplicar recortes por un importe próximo a los 30.000 millones de euros.

Una situación "diabólica", en la expresión utilizada por uno de los únicos barones socialistas que han sobrevivido a las elecciones autonómicas del 28-M, Emiliano García-Page.