Azcón cede a la presión de Vox y le da una consejería y una vicepresidencia para ser investido en Aragón

El exalcalde de Zaragoza Jorge Azcón (PP) cierra los últimos flecos para anunciar, de forma inminente, un pacto de coalición con Vox que le permitirá convertirse en el nuevo presidente de Aragón, como sucesor del socialista Javier Lambán.

Según las fuentes populares consultadas por este diario, Vox gestionará dos consejerías en el gobierno autonómico: una de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia (con rango de vicepresidencia) y otra de Agricultura y Ganadería. El popular Jorge Azcón negocia ahora para incorporar a su Ejecutivo a un representante del Partido Aragonés Regionalista (PAR).

Aunque esta formación se declara "incompatible" con Vox, ve con buenos ojos asumir un área de gestión para mantener cierto poder territorial y evitar cuatro años de travesía del desierto en la oposición, señalan las mismas fuentes.

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Azcón ha intentado hasta el último momento negociar su investidura para formar un gobierno en solitario del PP, con el sí de Aragón Existe (tres diputados) y el PAR (uno). Pero esta fórmula requería la abstención de Vox que, en una negociación pilotada desde Madrid, exigió en todo momento entrar en el Ejecutivo bajo la amenaza de provocar nuevas elecciones. 

La fragmentación del Parlamento regional surgida de las elecciones del 28-M ha dificultado el acuerdo. Por ello las negociaciones se han prolongado durante más de dos meses.

En los comicios autonómicos, el PP obtuvo 28 diputados, más que la suma de todos los partidos de izquierdas: PSOE (23), Podemos (1) e Izquierda Unida (1). Vox se colocó en tercera posición con 7 escaños, seguido de Aragón Existe (3), Chunta Aragonesista (3) y el PAR (1).

El Parlamento regional tiene 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en 34. Jorge Azcón aspiraba a ser investido presidente por mayoría simple en la segunda votación, con el apoyo de los 32 diputados que suman PP, Teruel Existe y PAR. Más que los 25 escaños del bloque de izquierdas (28 si se incluye al CHA).

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Pero Vox ha abortado esta posibilidad y no ha cedido ni un milímetro en sus exigencias. A pesar de que, en un gesto allanar el terreno al acuerdo, el PP cedió el pasado 23 de junio la presidencia de la Mesa de las Cortes de Aragón a Marta Fernández, diputada del partido de Abascal.

Azcón también intentó, sin éxito, negociar con Javier Lambán que el PSOE se abstuviera para facilitar su investidura. Dos meses de conversaciones infructuosas le han conducido ahora a cerrar un pacto de coalición con Vox. La fecha límite estaba fijada en el 23 de agosto: Aragón se vería abocado a nuevas elecciones si no se produce antes la investidura.

Los pasos que Jorge Azcón (PP) y María Chivite (PSOE) han dado esta semana para cerrar sus pactos de gobierno en Aragón y Navarra ponen en evidencia, por otro lado, el mayor error de estrategia cometido por el equipo de Alberto Núñez Feijóo en los últimos meses.

Los pactos que el PP cerró apresuradamente para gobernar con Vox en la Comunidad Valenciana y Extremadura dieron munición a Pedro Sánchez para agitar el miedo a la "extrema derecha" como principal argumento durante la campaña electoral del 23-J.

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"El PP y Vox son lo mismo", sentenció Sánchez en su cara a cara con Feijóo. Un eslogan que repitió en el maratón de entrevistas que concedió durante la campaña, incluso en medios no afines a los que había marginado durante toda la legislatura. Y logró que este mensaje calara en parte del electorado.

La decisión del propio Alberto Núñez Feijóo de dar "plena libertad" a sus barones regionales para que negociaran los pactos de gobernabilidad tras los comicios autonómicos del 28-M permitió a las izquierdas introducir ese ruido en la campaña del 23-J. Esta decisión dio lugar a estrategias muy dispares, con una geometría variable que permitió al PP pactar con Coalición Canaria en las Islas, pero que llevó a Carlos Mazón y María Guardiola a aliarse con Vox en Comunidad Valenciana y Extremadura, a falta de socios alternativos. 

En cambio, el PSOE ha seguido una estrategia muy distinta: congeló las negociaciones para conformar el gobierno de Navarra y, sólo tras del 23-J, María Chivite ha impulsado el acuerdo para ser investida presidenta mediante un acuerdo con Geroa Bai (la sucursal foral del PNV) y Podemos.

Este pacto necesitará la abstención pactada (como en la anterior legislatura) o el sí de Bildu, algo que a los socialistas les resultaba muy difícil asumir durante la campaña de las elecciones generales.

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Todo ha cambiado tras el 23-J. Si Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y María Guardiola (Extremadura) hubieran imitado este ejemplo —no sólo en los tiempos, sino también en la necesaria discreción—, habrían dilatado las negociaciones evitando que Sánchez utilizara sus pactos como arma arrojadiza contra Feijóo en la campaña de las elecciones generales.

La situación es más compleja en Murcia, donde PP y Vox se acusan mutuamente de un bloqueo que puede conducir a la región a una repetición electoral. En los comicios del 28-M, el PP obtuvo 21 escaños, que sumarían mayoría absoluta con los nueve diputados de Vox. El PSOE sacó 13 diputados y Podemos, dos.

Desde Vox, Rubén Martínez Alpañez afirmó el martes que había recibido llamadas del PP para pedir un "acuerdo ya", que hasta el momento sigue sin fructificar. En cambio, López Miras desmintió el miércoles esta afirmación y señaló que desconoce cuáles son los cálculos de Vox, un partido que "quiere abocar a la región a una repetición electoral", insistió.

Pero lo que sin duda más erosionó la imagen del PP en la precampaña del 23-J fue el comportamiento errático de su líder en Extremadura. El pasado 20 de junio, María Guardiola compareció en rueda de prensa para proclamar que nunca incorporaría a su Ejecutivo a Vox: "No gobernaré con quien tira a la basura la bandera LGTB".

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Apenas una semana después, y tras la intervención de Génova, Guardiola se desdecía públicamente al anunciar que ya había cerrado un acuerdo de coalición con Vox, partido al que pocos días antes había tachado de xenófobo y machista. Guardiola cedió al partido de Abascal la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y aceptó suprimir la Consejería de Igualdad.

Aun así, el más madrugador en darse la mano con Vox había sido Carlos Mazón, líder del PP en la Comunidad Valenciana. Ya el día 13 de junio, anunció que había cerrado el acuerdo para formar un Gobierno de coalición entre ambos partidos.

Mazón cedió a Vox las consejerías de Cultura, Justicia y Agricultura, y una vicepresidencia. También se cerró un acuerdo programático con 50 puntos que recogían diversos temas, incluido un abordaje algo ambiguo de la violencia machista. En todo caso, Mazón elevó la consejería de Igualdad al rango de Vicepresidencia. Como en Baleares, ambos partidos comparten la voluntad de garantizar que los padres puedan elegir la lengua en la que se educan sus hijos, frente a la enseñanza exclusivamente en catalán impuesta por el PSOE y sus socios. 

Pero el pacto ha sido mucho más satisfactorio para el PP en Baleares, donde Marga Prohens fue ha sido investida presidenta del Govern con la abstención de Vox, que se queda fuera de su Ejecutivo. Ha habido, eso sí, hubo un acuerdo programático entre ambas formaciones con un centenar de medidas, entre las que destacan la suspensión de la actual aplicación de la ley educativa, la eliminación de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, la reducción del IRPF, la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones, y la derogación de la ley trans vigente en las islas.