El compromiso de Pedro Sánchez de impulsar las lenguas cooficiales de España en el seno de la Unión Europea podría obligar al Ejecutivo a abordar un proceso mucho más complejo y enrevesado: una reforma de la Constitución.
Para conseguir el apoyo de Junts y de ERC, este jueves en la conformación de la Mesa del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo en funciones se comprometió a promover "el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias".
Como a los independentistas no les valía con la intención, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió una petición a la Secretaría general del Consejo de la Unión Europea. A las 6.47 h de la madrugada, Albares enviaba el escrito solicitando que el asunto se incluya en el orden del día del próximo Consejo, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.
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Sin embargo, esto choca con el reglamento del propio Consejo de la UE. En su artículo 8, el documento subraya que "si un Estado miembro tiene más de una lengua oficial, la lengua que deba utilizarse se regirá, a petición de dicho Estado, por las normas generales de su Derecho".
El problema aparece cuando, en realidad, España no tiene más de una lengua oficial a nivel estatal. Según el artículo 3 de la Constitución Española, es el castellano la única lengua oficial en todo el Estado. Eso sí, en el 3.2 se añade que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos".
Es decir, el catalán es cooficial con el castellano en Cataluña, pero no lo es en Galicia y mucho menos en todo el Estado. Lo mismo pasa con el gallego y el euskera, las dos otras lenguas que se pretende impulsar. El Ejecutivo tendría que impulsar la reforma del artículo 3 de la Carta Magna para que dichas lenguas sean oficiales en todo el Estado.
La delegación europea de Ciudadanos ha enviado una carta a las representaciones permanentes de otros los 26 Estados miembros de la UE subrayando este asunto. En la misiva, la formación liberal también destaca que la iniciativa nace sólo con el objetivo de que Sánchez consiga los apoyos necesarios para hacerse, primero, con la Mesa del Congreso de los Diputados y, después, para ser investido de nuevo presidente del Gobierno.
"El artículo 8 del reglamento quiere evitar precisamente lo que Sánchez pretende. Esto es, usar las instituciones europeas para blindar algo que, por ahora, no es capaz de conseguir internamente: acabar con el estatus del español como lengua común de todos los españoles", asegura en declaraciones para este diario la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva.
"Es prudente que el Consejo se abstenga de convertirse en una plataforma para deliberar sobre asuntos de política interna española", subrayan los liberales en la misiva que ya obra en poder de las delegaciones de todos los países de la UE. "La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea representa un momento transformador, a punto de acelerar los cambios estructurales esenciales para la evolución de nuestra Unión, un esfuerzo que merece toda nuestra atención y que no debería verse eclipsado por las motivaciones políticas de una administración interina", concluye.