Puigdemont exige ahora que la Mesa admita la Ley de Amnistía antes de la investidura de Sánchez

La negociación en Waterloo se cerró única y exclusivamente para el primer round. Ahora, tanto Junts como ERC han dejado claro públicamente que la amnistía es una "línea roja", una cuestión 'sine qua non' para que Sánchez pueda contar con sus votos.

Pero el expresident fugado añade un matiz: a él no le bastan las "promesas". En este caso, su intención es exigir al PSOE que la Mesa del Congreso acepte calificar (terminología parlamentaria, es decir, dar curso) una proposición de ley de amnistía antes de la investidura. Ése sería el "hecho comprobable" que demostraría que Armengol no actúa como Meritxell Batet, que la inadmitió de plano en marzo de 2021.

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Ésa sería la culminación de la operación para encumbrar a esta presidenta del Congreso, "más sensible que otros" a las demandas del catalanismo separatista: que la Mesa no vetara un texto como el que presentaron hace dos años Junts y ERC y sí se llevara al debate en pleno para su admisión a trámite.

"Seamos prácticos"

Ahora, toca saber lo que se piensa en el seno del Gobierno en funciones, para renovar en Moncloa e iniciar una segunda legislatura de liderada por Sánchez, apoyado en coalición con Sumar -claramente, a favor de la amnistía- y en aliados de la periferia nacionalista y separatista, que la reclaman. Ministros socialistas del actual gabinete admiten, en conversación con EL ESPAÑOL, que ya habita el convencimiento de que la amnistía para los implicados en el procés será la moneda de cambio.

"Seamos prácticos", apunta una fuente del Consejo de Ministros, "habrá que hacerla".

Lo cierto es que hasta después de los resultados del 23-J, ésta no era una de las opciones que manejaba Sánchez para lograr sumar apoyos, en caso de lograr la "remontada" que se sustanció en la última semana de campaña. 

De hecho, el pasado 20 de julio, el presidente negó esta posibilidad. De nuevo, como hace cuatro años, concedió una última entrevista de campaña a la Sexta y, otra vez, dijo algo que días después habría de rectificar: "Entiendo que en campaña digan estas cosas, pero el independentismo pedía amnistía y no la ha tenido; pedía un referéndum de autodeterminación y no lo ha tenido ni lo tendrá"...

Ahora ese algo es la amnistía. Fuentes del entorno del presidente en fucniones ya comenzaron a deslizar hace dos semanas que "cabe perfectamente en la Constitución", a sabiendas de que, si no para la Mesa, muy probablemente sería el pago por la investidura.

De momento, el PSOE logró que Armengol reuniese 178 apoyos en la primera votación a un bajo precio: promesas de comisiones de investigación, un compromiso sin fecha para hacer una ley orgánica que haga oficiales las lenguas territoriales en toda España, al menos, para la relación con las instituciones y, eso sí, una prueba documental del impulso de lo mismo en la Unión Europea... además de un vago compromiso del "fin de la represión por las vías legales necesarias".

Pero si Armengol reunió esos votos fue por su "mayor sensibilidad". Ella misma ya ha gobernado ocho años baleares de la mano de Mes, la marca de ERC en las islas, pancatalanista y, por tanto, independentista. Ahora le tocará -si Junts se mantiene firme- pilotar la tramitación parlamentaria, antes de la investidura, de una proposición de ley de amnistía para todos los implicados en el procés del 1-O... y en la llamada consulta de cartón de 2014.

Los políticos, los manifestantes y alborotadores implicados en altercados (acusados algunos de banda armada), los funcionarios que organizaron el referéndum ilegal, los líderes sociales… los fugados, los condenados, los inhabilitados, los procesados, los investigados…. los que malversaron, prevaricaron, desobedecieron… todo será olvidado, borrado e, incluso, indemnizado si la norma que preparan Junts y Esquerra, finalmente, entra en vigor.

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Unanimidad en el Gobierno

El empeño de Puigdemont es tener amarrado el "hecho comprobable" de que el Congreso ya no la veta antes de siquiera debatirse y votarse, alegando su "inconstitucionalidad". Pero las consecuencias políticas serán las que busca el independentismo desde siempre: mostrar a España como un Estado que se debe enmendar a sí mismo ante su entorno democrático.

"Debemos asumir que en Europa tampoco España ha tenido grandes victorias", explica uno de estos ministros. "Ya se hicieron grandes esfuerzos en la anterior legislatura", añade otro miembro del gabinete, en referencia a los indultos, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.

El convencimiento en el entorno de Sánchez ya es, se podría decir, unánime. Y se considera "una solución feliz" tanto para el procés y sus consecuencias sociopolíticas, como para la continuidad del proyecto Sánchez.

"Si la Constitución no habla de la amnistía y sí prohíbe el indulto general, debemos interpretar que, siendo dos cosas distintas, la norma fundamental ampara la primera de ellas", explica una fuente jurídica ligada al PSOE.

"Eso no es así", responde un constitucionalista en conversación con este diario. "Claro que son cosas distintas. Pero si la Carta Magna dice no al indulto general, mucho más deberíamos considerar la amnistía fuera de la Constitución, porque no sólo perdona la pena, sino que borra el delito".

"Bienvenido al club"

La discusión, en todo caso, admiten ambos, debería dirimirse en el Tribunal Constitucional, "a quien se hurtó esta opción hace dos años", reconoce este experto jurídico contrario a la amnistía. "No es de recibo que los letrados del Congreso se erijan en un minitribunal previo al debate, enmienda y promulgación de una ley en la sede de la soberanía nacional".

De hecho, esto pasó en la pasada legislatura con una norma mucho menos transgresora, cuando Ciudadanos impulsó una reforma de la LOREG para incluir a los condenados por sedición como sujetos privados del derecho de sufragio pasivo. Los liberales querían evitar que los responsables del "golpe a la democracia" del 1-O pudiesen volver a la vida política activa.

Pero la reforma fue parada por los letrados de las Cortes alegando "inconstitucionalidad" de la iniciativa.

Entonces, fue Edmundo Bal el que levantó la voz. El portavoz naranja de la pasada legislatura argumentó en la junta de portavoces, precisamente, que ésa era una extralimitación de los letrados del Congreso. Ufano, Gabriel Rufián se volvió a él y, con una sonrisa, le espetó: "Bienvenido al club".