Un 77%, incluida la mitad de votantes del PSOE, en contra de conceder la amnistía a Puigdemont

Esta es una opción que sólo parece sonar bien en ciertos sectores de la izquierda, y ni siquiera tanto. Apenas un 55,9% de los simpatizantes de Sumar apoyan este punto del acuerdo —amplísimamente rechazado por la derecha— de Pedro Sánchez con los independentistas, quienes relataban a este periódico cómo "en la investidura les sacaremos los riñones", en referencia a los compromisos que Junts podría arrancarle al PSOE. De los que ya ha conseguido, ninguno pasa el aprobado de los españoles.

Así lo revela el estudio de SocioMétrica que hoy publica EL ESPAÑOL, en el que dos de cada tres consultados —incluido el 40% de los socialistas— se muestran en contra de las concesiones lingüísticas para que gallego, catalán y euskera sean oficiales en el Congreso de los Diputados, la Unión Europea y las instituciones. Muchos, pero menos de los que rechazan la amnistía. 

Junts per Catalunya quiere más, pero tendrá que esperar. El primer paquete de acuerdos entre los posconvergentes y el PSOE pretendía arrancar al Gobierno la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado y la creación de otra nueva sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, además de dotar a Junts de un grupo parlamentario propio.

Pero, sin duda, el pacto que más ha dado de qué hablar es el relativo a la oficialidad de las distintas lenguas del Estado dentro del Congreso, una propuesta que nació de Sumar y que sería tan sencilla como cambiar la interpretación del reglamento en la Cámara. El único problema, sobre todo para la izquierda, es que esta decisión ha dividido a España.

Apenas la mitad de los votantes del PSOE (quienes lo aprobaron) y los de Sumar (quienes lo promovieron) están ahora de acuerdo en financiar la cooficialidad del gallego, el catalán y el euskera en el Congreso. De hecho, incluso más representativo es que apenas un 77% de los votantes nacionalistas lo están.

Número arriba número abajo, es una distribución que se replica en las otras dos proposiciones lingüísticas: utilizar estas mismas tres lenguas también como oficiales en las instituciones públicas y en el Consejo de la Unión Europea con el mismo rango que el castellano. En ninguna de ellas el apoyo popular rebasa el 32%, mientras que el rechazo se encuentra bordeando el 70%,

Pero lo pactado es lo pactado. En su primera declaración como presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol se encargó de dejar claro que permitiría "el uso de todos estos idiomas desde la sesión constitutiva" antes incluso de cambiar el reglamento. De acuerdo con la demoscopia, sólo un 53,9% de sus votantes están de acuerdo en aunar todas las lenguas en el hemiciclo.

Lo sorprendente entre las tres votaciones lingüísticas es que no hay una clara tendencia sobre cuál es la más rechazada. El voto de los partidos nacionalistas es el más curioso, dado que sólo un 70,5% de ellos está de acuerdo en equiparar las lenguas cooficiales al castellano en las instituciones, menos incluso que los que aprueban su inclusión en la UE (75,1%) o en el Congreso (77,1%).

Fue la última en cerrarse durante las negociaciones, cuando el Gobierno pidió al Consejo de la Unión Europea que se iniciase el proceso para que estas tres lenguas fueran consideradas oficiales en el régimen lingüístico de la UE. Para ello, según explicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es necesaria la modificación del Reglamento, que se vota por unanimidad entre los 24 estados miembros del Consejo. Difícil.

En el Congreso y en las instituciones, en cambio, es mucho más sencillo desde el punto de vista burocrático, pero terriblemente engorroso logísticamente. La primera parte se resuelve fácilmente: no hay ni que cambiar el reglamento, sólo su interpretación, dado que no hay ninguna norma que vete el uso de los idiomas cooficiales. La segunda es difícil de aplicar, pero fácil de entender: cuesta mucho dinero y podría ralentizar enormemente la actividad parlamentaria.