En la tarde de este jueves, termina la ronda de consultas del Rey con los líderes políticos. Después de apenas dos jornadas -con el plantón de los representantes de ERC, Junts, Bildu y BNG de por medio- y tras concluir sus contactos con la audiencia a Pedro Sánchez, a mediodía, y a Alberto Núñez Feijóo, convocado a las 16.00 horas, a Felipe VI se le presenta un escenario inédito con tres opciones. Todas ellas tienen sus pros y sus contras.
Proponer Feijóo, darle el primer turno de investidura a Pedro Sánchez, o darse tiempo convocando una nueva ronda de consultas. Se da la circunstancia de que el candidato del PP, ganador de las elecciones, es el que tiene más apoyos garantizados, 172 votos... pero también el que más noes previsibles acumula, 178.
Por su parte, el presidente en funciones, líder del PSOE, ya demostró el jueves pasado que es capaz de concitar una mayoría absoluta alrededor de sus postulados. Los 178 escaños que votaron sí a Francina Armengol como presidenta del Congreso, así lo atestiguan. Pero, para la investidura y a día de hoy, Sánchez sólo puede presumir de sus 121, los 31 de Sumar y los seis de Bildu, es decir, 158.
¿Qué debe hacer el Jefe del Estado? La Carta Magna le encarga a él, en el artículo 99.1, proponer un candidato después de esta ronda de consultas. Y la tradición constitucional indica que -primero su padre, y luego él- siempre ha seguido la lógica de los resultados electorales. Veamos las ventajas e inconvenientes de cada posible elección:
Proponer a Feijóo
Hace ahora siete años, ya Felipe VI en Zarzuela, se presentó el primer conflicto, cuando Mariano Rajoy, ganador de las elecciones del 10 de diciembre de 2015, declinó la propuesta del Rey. Su PP, gestionando las consecuencias de la crisis financiera heredada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, había perdido la mayoría absoluta (123); el PSOE, ya de Sánchez, había tenido el peor resultado de su historia (90); Podemos irrumpió con fuerza (69); y Ciudadanos emergió con 40 escaños.
Hubo repetición electoral (PP, 137; PSOE 85; Unidos Podemos, 71; Ciudadanos 32), y la Casa del Rey estableció su propia jurisprudencia: "Son las Cortes" donde "tras el debate y el diálogo entre las fuerzas políticas, se deben abordar y decidir los asuntos esenciales de la vida nacional". Es decir, que si la democracia española es deliberativa, no se ha de presuponer que un candidato no va a convencer al resto de representantes del pueblo con su discurso... y lo lógico sería, este jueves, que Feijóo fuese propuesto por Felipe VI para la investidura.
Seguiría, así, el Monarca su propio criterio, ya establecido públicamente. Y evitaría discusiones públicas sobre el papel que le confiere el artículo 56.1 de la Constitución: el Jefe del Estado "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". Es decir, es neutral.
A esas ventajas puramente institucionales, se le añadiría que el llamado "reloj de la democracia" comenzaría a correr desde el mismo momento en que se convocara la sesión de investidura.
Si Feijóo lograra la mayoría absoluta -harto improbable-, habría presidente; si concitara más votos favorables que negativos en una segunda votación, también; y si no, quedarían dos meses de plazo (según el artículo 42.2 de la LOREG) para que él u otro candidato volvieran a intentarlo, antes de la disolución de las Cortes y una nueva convocatoria electoral.
¿Inconvenientes? Para empezar, la posibilidad de gastar tiempo y dinero en un intento que se presume tan imposible que el PSOE ya la ha bautizado como "investidura fake".
Pero el calendario plantea otro problema: si Feijóo es propuesto y el debate en pleno comienza el martes que viene... ese reloj de la democracia nos marcaría la eventual repetición electoral en Nochebuena. Retrasar los plazos una semana, nos llevaría a Nochevieja. Y otra semana más, simplemente, haría coincidir toda la campaña electoral con las fiestas navideñas.
Proponer a Sánchez
Parece evidente que es el actual presidente en funciones el que tiene más opciones de concitar una suma a su alrededor que le permita la reelección. Ya lo demostró en la constitución de la Mesa del Congreso. Pero de momento, sus presumibles socios no le han dado el sí. Además, cuatro de sus aliados, ERC, Junts, Bildu y BNG, no han acudido a la ronda de consultas con el Rey. ¿Cómo sacar al Monarca de las presunciones y darle certezas?
Según los juristas consultados por este diario, Sánchez debería haberle llevado al Jefe del Estado alguna prueba de esos apoyos. Y no lo ha hecho. Pero si el PP sólo reunió 139 votos para su candidata a presidenta de la Cámara Baja, Cuca Gamarra, y el PSOE sumó 178 a la primera, ¿no es mejor que lo intente antes quien más cerca lo tiene?
Además, si el asunto baja a lo que negocie Sánchez, al contenido de sus cesiones y lo discutible de su legitimidad -como afirman los partidos de su oposición-, ¿acaso no es preferible que tenga menos tiempo para pactar con las formaciones independentistas?
En un análisis político de parte, por ahí habría que comenzar la lista de inconvenientes... pero si nos centramos en lo meramente institucional, si el Rey propone al líder del PSOE, le habrá hurtado al ganador del 23-J sus opciones, sin que pudiese intentar persuadir a los demás representantes de los ciudadanos. No parece ése el espíritu de la Constitución, ni de la LOREG, ni de la "democracia parlamentaria" que invoca estos días el mismo PSOE.
Y además, se estaría saltando su el Rey su propia jurisprudencia, ya citada más arriba.
Por otro lado, ¿cómo lo justificaría, sin la prueba fehaciente de haber escuchado a los líderes de ERC, Junts, Bildu y BNG?
Fuentes cercanas al socialista explican que debería ser Armengol, presidenta del Congreso, a quien el Monarca convocará después de hablar con los líderes políticos, la que le explique la situación de las negociaciones.
Se basan en el artículo 64 de la Constitución que, en su punto 1 explica que "los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes". Con una excepción, "la propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99", que "serán refrendados por el presidente del Congreso". Y que en su punto 2, aclara que "de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden".
Así que Armengol, como responsable de ese acto, tendría algo que decir. Pero otras fuentes jurídicas niegan esta interpretación.
"El artículo 99.1 explica que la propuesta se hace 'a través del presidente del Congreso', no con su 'refrendo', como dice el punto 5", abunda este experto. "Es decir, que el constituyente quiso diferenciar ambas cosas, por lo que éste no es un acto debido del Rey" -o lo que es lo mismo, que el Jefe del Estado está obligado-, "sino que es uno de sus pocos actos libres".
El lío institucional estaría servido.
Otra ronda de consultas
El Rey se enfrenta a una posición imposible. Tanto PP como PSOE han presionado públicamente, de una manera más o menos evidente, para que su candidato sea el elegido. Eso pone la posición neutral del Jefe del Estado en solfa, haga lo que haga.
De manera que una nueva ronda de consultas, serviría para rebajar esa tensión, mostrar su imparcialidad públicamente, y poner la carga de la prueba en los líderes políticos, verdaderos responsables de la situación.
Es evidente que no hay una sola suma en el Congreso, por muy lejano que parezca un entendimiento entre los dos grandes partidos. Resultaría ventajoso para la Casa Real deshacerse de las presiones de las últimas semanas y darle una nueva oportunidad a los candidatos para hablar entre ellos y concertar alianzas.
El propio Aitor Esteban (PNV) lo dijo este lunes, antes de entrar en Zarzuela, cuando sugirió que estar ronda de consultas era, "quizá, precipitada".
Otras fuentes políticas insisten en que "se ha hecho como siempre, que es lo lógico y lo institucional", pero lo cierto es que ésta es una situación novedosa, en la que la costumbre no opera... porque nunca se ha dado que haya dos candidatos con similares opciones.
Además, otra ventaja sería que, ampliando plazos, la Casa Real comenzaría a colaborar con el calendario. Alejando la opción de que una eventual repetición de la llamada a las urnas nunca coincida con las fechas navideñas.
Sin embargo, he aquí los contras: que Felipe VI dilatara su decisión podría ser visto como una intervención política, dada la legitimidad que le dieron las urnas a Feijóo para intentarlo, y su disposición "responsable" a hacerlo.
Ese inconveniente pondría a la Casa Real en una posición difícil, a la vista de la letra y el espíritu constitucional... e incluso podría entenderse como una ventaja para el candidato perdedor, al que daría más tiempo para negociar unos apoyos con los que hoy no cuenta.