El cabeza de lista de ERC en el Senado, Joan Queralt, ha asegurado este miércoles que la amnistía que su partido negocia con el PSOE se extenderá a los condenados e imputados por las distintas causas judiciales vinculadas a los dos referéndum de independencia celebrados en Cataluña: el 9-N convocado por Artur Mas en 2014 y el 1-O impulsado por Carles Puigdemont en 2017.
Sin embargo, ha indicado que no se beneficiaría de esta medida de gracia la expresidenta del Parlament Laura Borràs, que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo.
No obstante, ha recordado que el TSJC, al condenar a Borrás, pidió el indulto parcial para ella, con el fin de que su pena quede reducida a menos de dos años de cárcel (de modo que no entraría en prisión).
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En una entrevista concedida a Onda Cero, Queralt ha evitado aclarar si se beneficiarían de la amnistía los agentes de policía y guardia civil imputados en varios Juzgados, por su intervención durante la jornada del 1-O: "Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo que les diga el Gobierno y dejar de opinar, y actuar conforme al derecho", ha dicho al respecto.
Por otro lado, el senador de ERC ha descalificado la labor de los letrados del Congreso, que en 2021 rechazaron, por considerarla inconstitucional, la tramitación de la proposición de Ley que habían registrado ERC y Junts para indultar a los implicados en los dos referéndums de independencia.
Según Queralt, los letrados de la Cámara no son neutrales porque "hacen lo que se les dice que hagan, no otra cosa. Cualquiera que conozca cómo funciona una gran institución sabe que los abogados dicen lo que quiere el jefe de la institución que digan", ha sostenido, "estos abogados son personas muy capacitadas, pero operan en función de los criterios políticos de sus jefes; en este caso, la presidenta de la Mesa o de la Cámara. Aquí, y en todos los parlamentos del mundo".
"Cuando uno quiere un informe de verdad, lo pide fuera, precisamente para garantizar la neutralidad", ha razonado el político catalán. "No son órganos constitucionales capacitados para vetar ningún trámite de las Cortes" ni para determinar si la propuesta es inconstitucional, algo que sólo puede establecer el Tribunal Constitucional.
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El senador de ERC ha explicado que una ley de amnistía "tiene tres elementos: temporal, subjetivo y objetivo". Con respecto al eje temporal, es "la horquilla de tiempo" que incluye la amnistía, y ha dejado claro que abarca desde el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 hasta el del 1 de octubre de 2017.
El componente objetivo comprende qué infracciones quedan abarcadas por esa ley, y el subjetivo se define por la clase de sujetos que quedan dentro de la amnistía. Y sobre cómo van las negociaciones, no ha querido dar más datos: "Esos tres puntos que he comentado son los que se están debatiendo, así que sabremos qué hay de firme, qué hay de definitivo, cuando acaben las negociaciones".
Queralt ha apelado a la reserva necesaria sobre los detalles de las negociaciones entre el PSOE y su partido, para evitar que naufrague: "Imagínense que estamos en una capa de hielo muy fina, varios patinadores y cualquier movimiento brusco puede dar al traste que se abra el hielo y nos hundamos todos en el fondo del lago. Por tanto, mucho cuidado, prudencia, pero constancia".
El senador independentista ha asegurado que la ley de amnistía "es técnicamente muy fácil, eso se hace en una tarde". Sin embargo, "el tema no es hacerlo, sino que es cuestión de voluntad política".
Según ha explicado, la medida de gracia se extendería a quienes "tienen algún nexo de conexión con el 9-N y el 1-O. Si no hay ese nexo, el hecho de ser independentista no creo que sea causa suficiente como para merecer una amnistía por delitos que nada tienen que ver con el movimiento", ha dicho en referencia a la condena de Laura Borràs por corrupción.
En cambio, sí se beneficiarían de la amnistía los líderes ligados a las consultas de independencia, como Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras.
Estos dirigentes forman parte de una lista de 37 exaltos cargos y funcionarios de la Administración catalana, entre ellos el expresidente Artur Mas, a quienes el Tribunal de Cuentas reclama más de 3,4 millones de euros por el dinero público que malversaron en la organización de ambas consultas.
ERC y Junts también quieren incluir en la amnistía a los miembros de los CDR que están imputados por participar en altercados violentos contra la Policía, tras hacerse pública la sentencia del Supremo sobre el 1-O.