El Gobierno planea vender la amnistía a Junts y ERC a cambio de que renuncien al referéndum

Los partidos independentistas, dicen fuentes cercanas a las negociaciones, asumen ya que tendrán que renunciar a una de sus dos líneas rojas para que el PSOE admita la otra. Por su parte, la carpeta del referéndum sigue siendo objeto de reivindicación de cara a los medios de comunicación, pero hace tiempo que no descansa encima de la mesa de pactos. El miedo, al menos dentro de Moncloa, es que se recupere más adelante.

"La idea es canjear la amnistía por el referéndum y que se queden tranquilos después, porque una es posible y lo otro no", señala una de las fuentes consultadas. La clave es el cambio de discurso sobre todo en el PSOE, que en apenas un mes ha pasado de jactarse de no ceder en el llamado alivio penal a los líderes independentistas a, hoy por hoy, trasladar la patata caliente de su absolución a manos del Tribunal Constitucional, con mayoría progresista.

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El planteamiento de los socialistas pasaba por considerar la amnistía contraria al derecho y la Constitución, como ya anticiparon los letrados del Congreso en 2021, pero el discurso cambió el 17 de agosto, cuando el apoyo de los independentistas para la Mesa se volvió imprescindible. Desde entonces, el discurso ha cambiado incluso para Pedro Sánchez, quien la semana pasad reclamó que "el diálogo es el método y la Constitución el marco".

Ahora bien, ni siquiera dentro del Gobierno de coalición hay una misma postura y así lo ha dejado entrever la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien tomó las riendas de la negociación con Junts apenas unas horas después de confirmarse el resultado de las elecciones. En un primer momento, al PSOE no le gustó que sus socios lideraran la mesa de pactos con Cataluña, pero en los últimos días agradecen que el reparto de responsabilidades ayude a mitigar su desgaste ante el electorado.

Desde Sumar, por su parte, adelantan que lo único definido es "la vía" con la que se gestará la amnistía, no tanto "su alcance". Según detallan fuentes parlamentarias, el partido magenta planea una proposición de ley en el Congreso —que firmarían los distintos partidos independentistas— acompañada de una declaración de urgencia para acortar los tiempos. Rápido y sin interferencias. 

Dicho de otro modo, el "alivio penal" de los líderes del procés no será tramitado como proyecto de ley del Gobierno, sino como proposición de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja. La diferencia, principalmente, es que con el atajo del Congreso se evitan los informes de los órganos consultivos (el CGPJ, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado) y permite incorporar el procedimiento de urgencia, que acorta los tiempos a la mitad.

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Las fuentes consultadas coinciden en señalar que el camino a seguir todavía está "en pañales [...] pero por lo menos está". Lo principal, repiten hasta la saciedad, es mantener "discreción total" sobre sus avances y dejar los anuncios para cuando los papeles estén cerrados. Se dan de plazo un mes, el mismo que Feijóo empleará en su investidura avocada al fracaso.

El borrador de la amnistía

El primer borrador de la Ley de Amnistía que preparan los independentistas para las próximas semanas ya fue abortado por Pedro Sánchez en 2021. Un informe de los letrados del Congreso de los Diputados en marzo de ese año advirtió a la Mesa de la Cámara, entonces presidida por la socialista Meritxell Batet, de que el dictamen esgrimido por los catalanes podría ser inconstitucional, principalmente debido al indulto masivo de delitos de forma genérica. 

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Había, sobre todo, dos motivos principales que tanto los letrados como Batet resaltaron en su informe. En su artículo primero, la ley dice que quedarían amnistiados "todos los actos de intencionalidad política" entendiendo como tal "cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya", según se recoge del texto planteado por ERC, Junts, PdeCAT y la CUP.

El planteamiento era eliminar todos los delitos cometidos por todas las personas que hubieran hecho cualquier cosa en nombre de esa "autodeterminación de Catalunya". Esto puede referirse desde organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 hasta prender fuego a una papelera durante las protestas ante la sentencia del procés en 2019. Esto está expresamente prohibido en la Constitución.

De hecho, así lo recoge también el informe que los letrados del Congreso elaboraron a petición de Batet. El escrito se refiere directamente a que la proposición de ley orgánica para la amnistía presenta una "contradicción palmaria" con el artículo 62 de la Constitución, que evita considerar los indultos generales en favor de los que se pueden "tramitar y conceder de manera individual".

El mismo punto que el Gobierno busca ahora la forma para reinterpretar.