Las palabras de Carles Puigdemont una a una para que nadie se lleve a engaño

Discurso de Carles Puigdemont

Dentro de poco más de veinte días, el Parlamento español empezará la cuenta atrás para la investidura del presidente del Gobierno y no parece que el candidato de la derecha tenga los apoyos suficientes como para ser escogido en primera o segunda votación. Tampoco los tiene el actual presidente ni el bloque de sus socios parlamentarios de los últimos cuatro años, por lo que España se enfrenta, ahora mismo, a uno de esos dilemas que no siempre resuelve bien. O vive en el bloqueo, que podría cronificar la confrontación entre los dos bloques ideológicos que han polarizado las últimas elecciones, o pacta.

Pero el pacto tiene un problema. Tiene dos, de hecho. El primero, que en España es un recurso poco habitual en la resolución de los retos democráticos; basta con recordar la situación que vive el Poder Judicial por la incapacidad de los dos grandes partidos de llegar a un acuerdo para su renovación. El segundo, que el pacto posible no es un pacto cualquiera sino, precisamente, con Junts per Catalunya, una formación a la que se le ha arrinconado, menospreciado y atacado sin descanso por parte de los dos grandes partidos españoles. Se ha querido arrinconar lo que representamos hasta tal punto que apenas hace dos meses y medio los partidos que hoy se afanan por detener la derecha no tuvieron ningún problema en contar con los votos del PP para impedir que nuestro candidato, que ganó las elecciones, fuera nombrado alcalde de Barcelona.

Que nadie concluya que nos inspira el ánimo de revancha personal o partidista. Si fuera por eso, no habríamos pactado ni siquiera la mesa del Congreso. Lo digo para explicar la distancia profunda que nos separa, porque la distancia entre nuestros proyectos nacionales respectivos también lo es, y para que se tome conciencia de la enorme dificultad de intentar encauzar, partiendo de esa distancia y en sólo unas semanas, una negociación que se ha descuidado o se ha considerado innecesaria durante seis años. Porque no estamos hablando, o al menos nosotros no hablamos, de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad desde la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 y el Decreto de Nueva Planta que abolió las instituciones y constituciones catalanas, e inició la persecución de la lengua catalana.

Por eso no sorprenderá a nadie que diga que hoy no existen las condiciones para llegar a ese gran acuerdo. Si hay interés en llegar, si hay voluntad real de encarar un acuerdo de esta naturaleza, estas condiciones deberían crearse, aunque de entrada sean forzadas por la necesidad y no por la convicción.

La primera de las condiciones es identificar adecuadamente los elementos del conflicto. Aparentar que no existen o ignorarlos no permite, en ningún caso, resolver el conflicto. Por eso quiero recordar algunos:

- La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña, las Cortes españolas y en referéndum es incompatible con el pacto constitucional del 78. Sin aquella sentencia no se puede entender nada de lo ocurrido en Cataluña.

- La criminalización del hecho histórico del referéndum del 1 de octubre como respuesta legítima del pueblo de Cataluña a todas las negativas de resolver las demandas anteriores que sus representantes democráticos y legítimos han ido elevando a los poderes del Estado: el Estatuto, la transferencia de competencias para organizar un referéndum consultivo, la consulta popular del 9N de 2014, el pacto fiscal y el referéndum pactado.

- El incumplimiento de los pactos, significativamente de las inversiones; el ahogo sistemático de la economía catalana, del que es ejemplo doloroso la estrategia del cambio de sedes empresariales incentivado por un real decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno español y que todavía está vigente; y la aplicación salvaje del artículo 155 de la Constitución para disolver el Parlamento, destituir al Gobierno e intervenir el autogobierno, con graves afectaciones a la actividad económica que acaban pagando todos los ciudadanos de Cataluña.

- Cataluña es una nación, una vieja nación europea, que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714, por lo que ve en su independencia política la única manera de seguir existiendo como nación.

¿Existe un camino alternativo a la independencia que pueda garantizar el respeto y la supervivencia de Cataluña como nación? Todas las evidencias acumuladas a lo largo de décadas demuestran que no. En cualquier caso, correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por la vía de las promesas y de las palabras, sino por la vía de los hechos. Y por ahora nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujarlos a un cambio histórico en el que las viejas naciones sean reconocidas y dispongan de todos los derechos inherentes a su condición. No lo han hecho en situaciones mucho más evidentes, con millones de personas manifestándose cada año en la calle y con más de 2,3 millones de personas votando en el referéndum de independencia del 1 de octubre. No parece que tengan que hacerlo ahora sencillamente porque necesitan el voto de 7 diputados.

¿O sí? ¿O realmente pueden hacer de la necesidad, virtud?

Hoy, España tiene, como decía, un dilema de compleja resolución. O repite las elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora; o pacta con un partido que defiende la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos.

Ninguno de los dos grandes partidos españoles tiene la fuerza necesaria para imponerse al otro, ninguno de ellos cuenta ahora mismo con una alianza que les proporcione una mayoría sólida y coherente, y no están todavía en condiciones de pactar entre ellos. O elecciones, o pacto con nosotros. O una tercera opción, que algunos diputados del bloque progresista cedan sus votos para la investidura del candidato de la derecha.

Así que estamos preparados por si hay elecciones. Pero también estamos listos para una negociación que pueda culminar con un pacto histórico. La pregunta que debemos formularnos no es, pues, si nosotros estamos preparados para una negociación, sino si lo están los dos grandes partidos españoles. Si los dos grandes partidos españoles están preparados para negociar con nosotros, con todo lo que representamos, o sencillamente quieren salir del paso y obtener como sea apoyo parlamentario para consolidar un liderazgo y desmontar el del rival.

Ahora mismo, ignoro la respuesta a esa pregunta. En cualquier caso, estarán preparados para empezar a negociar un acuerdo histórico si se crean las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación serio, honesto y ambicioso. Si no lo hacen, no tendría sentido embarcarnos en una negociación posterior. Porque, tratándose de la política española, todas las precauciones son pocas. Además de reconocer los elementos que conforman el conflicto que he señalado antes, existen otras condiciones necesarias para poder emprender el camino de la negociación:

1. El reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática del independentismo. No se puede negociar con quien, en la directiva donde se fijan los objetivos de inteligencia para los cuerpos policiales, nos considera la segunda mayor amenaza tras el terrorismo yihadista, y pide a Europol que nos trate como terroristas. Amparado en esta decisión tan antidemocrática, en la que se ordena que se hagan «todas las actuaciones necesarias para neutralizar las actividades», España espía, infiltra y fabrica montajes para proceder a detenciones sin fundamento, con el objetivo de paralizar y criminalizar la movilización ciudadana a favor de la independencia de Cataluña.

2. El abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas. El 1 de octubre no fue un delito, como tampoco lo fue la declaración de independencia, ni las masivas protestas contra la represión y la sentencia del Tribunal Supremo. El abandono de la represión en el independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente. Porque nuestras energías y nuestros recursos debemos poder dedicarlos a nuestra causa, a trabajar por nuestra gente, al igual que pueden hacer el resto de proyectos políticos tan legítimos como el nuestro. Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Pero también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias con sus victimarios.

3. La creación de un mecanismo de mediación y verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos. La total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y que deba operar desde el inicio de las negociaciones. Nuestra experiencia nos impide tener confianza alguna en la palabra que nos den; sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con ese mecanismo. El cumplimiento de los compromisos por adelantado es una forma de verificar (de ahí la importancia de que la lengua propia de Cataluña sea reconocida el próximo día 19 como lengua oficial de la UE y de que se pueda desplegar una política lingüística de nuevo cuño que asegure su supervivencia), pero lógicamente no se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución. Por eso, para poder transitar, es necesario este mecanismo de garantía.

4. Fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales. Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución ni por supuesto a ningún tratado europeo. Ni siquiera requieren ningún largo proceso legislativo. Son condiciones previas que deben poder cumplirse antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones y que, si se dan, nos comprometen y nos obligan a trabajar para un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la próxima legislatura. Sólo dependen de la voluntad política.

Fijadas y asumidas estas condiciones previas, la negociación puede desarrollarse con garantías y con la esperanza de que se culmine con éxito. El éxito, por supuesto, lo determinarán los resultados finales de la negociación. En estos momentos, sería improcedente que yo estableciese un listado de los objetivos concretos que deberían formar parte de esta hipotética negociación. No es esto lo que yo hoy quería contar. Hoy quería subrayar la necesidad y la urgencia de crear unas condiciones que ahora no se dan para que esa negociación pueda ser posible. Pero, en cualquier caso, cualquier persona que haya observado la evolución de Cataluña en los últimos quince años y se haya preguntado por qué hay millones de personas que no nos sentimos representadas por el Estado español y que queremos formar nuestro propio Estado, podría hacer mentalmente la lista de esas condiciones y coincidiríamos en muchas.

Es evidente que existe un gran paquete de cuestiones materiales pendientes de resolver, sí. Algunas de hace muchas décadas. Cataluña es un país rico, pero de ciudadanos con muchas necesidades y unas instituciones sin recursos para atenderlas, con un déficit fiscal de más de 20.000 millones de euros por año. Algo tan básico por la vida de la gente como los trenes no funcionan. Tenemos la mayor tasa de inmigración de toda la península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla. No formamos médicos suficientes y no podemos pagarlos como se merecen. Nuestro salario mínimo es injusto teniendo en cuenta el coste de la vida. Los jóvenes no pueden acceder a viviendas no ya de compra, sino de alquiler a precios asequibles para poder estudiar, emprender un proyecto de vida o profesional. El Gobierno español nunca ejecuta los presupuestos aprobados por Cataluña, y la falta crónica de inversiones genera absurdos como el de que para ir en tren de Barcelona a Valencia se tarda el doble que en ir de Bruselas a París o casi una hora más que de Bruselas a Londres. La lista es muy larga, y no es ahora el momento de reiterarla. Sólo lo menciono para constatar que todas estas carencias materiales no las ha resuelto el autonomismo ni el constitucionalismo. Es una evidencia, no una opinión.

Por tanto, que nadie se engañe: con eso (incluida la amnistía) no se resolverá el problema de fondo. No existe una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y, por tanto, de su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que tomó en el referendo del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un estado independiente en forma de república. Y sólo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato político del 1 de octubre, tal y como hemos recalcado desde hace años. No existen impedimentos constitucionales para organizar y celebrar ese referéndum; basta con recordar el artículo 92 de la Constitución. Lo que hay es una carencia de voluntad política para asumirlo, porque si se quiere, se puede. Y en democracia no hay otro mecanismo mejor que poner en manos de los ciudadanos las decisiones de gran trascendencia como esta.

Es la combinación de estas dos grandes carpetas y el progreso simultáneo en ambas lo que determinará la viabilidad y el éxito de una negociación. Una negociación que hoy no está, pero a la que se espera.

A quien se haya tomado la molestia de seguirnos durante todos estos años, y de ir más allá del relato tramposo que se ha difundido sobre lo que representamos, no le sorprenderá nada de lo que he dicho. Llevo años defendiendo esta postura, y por eso a veces hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y a veces mal comprendidas. Por ejemplo, quedarnos en el exilio. O no participar en la mesa de diálogo. O salir del gobierno de la Generalitat. O no votar los Presupuestos y las reformas del Código Penal, porque entendíamos que no servían para resolver el conflicto, como por otra parte ha quedado demostrado.

Y es desde esta posición desde donde arrancaremos cualquier negociación eventual.

Los resultados finales de este proceso han de servir para que el pueblo de Cataluña que se ha movilizado de una manera ejemplar durante una década se pueda reconocer, pueda ver cristalizadas sus esperanzas construidas con paciencia y resistencia, hoy desorientadas por la división interna y la desmovilización, pero tozudamente intactas. No hemos aguantado nuestra posición durante todos estos años para acabar salvando una legislatura, sino para defender el encargo recibido de los ciudadanos, una parte de los cuales hoy nos mira con recelo y desconfianza, y a los que será necesario tener siempre presentes cuando nos tengamos que sentar, si es que eso acaba pasando, con los que vengan a pedir nuestro apoyo.

Discurso de Carles Puigdemont en Catalán

D’aquí a poc més de vint dies, el Parlament espanyol començarà el compte enrere per al nomenament del president del Govern i no sembla que el candidat de la dreta tingui els suports suficients com per ser escollit en primera o segona votació. Tampoc no elsté l’actual president ni el bloc dels seus socis parlamentaris dels darrers quatre anys, de manera que Espanya es veu confrontada, ara mateix, a un dels seus dilemes que no sempre resol bé. O viu en el bloqueig, que podria cronificar la confrontació entreels dos blocs ideològics que han polaritzat les darreres eleccions, o pacta.

Però el pacte té un problema. En té dos, de fet. El primer, que a Espanya és un recurs inhabitual en la resolució dels reptes democràtics; només cal recordar la situació que viuel poder judicial per la incapacitat dels dos grans partits d’arribar a un acord per a la seva renovació. El segon, que el pacte possible no és un pacte qualsevol sinó, precisament, amb Junts per Catalunya, una formació a la qual se l’ha arraconat, menystingut i atacat sense descans per part dels dos grans partits espanyols. S’ha volgut arraconar el que representem fins a tal punt que tot just fa dos mesos i mig els partits que avui malden per aturar la dreta no van tenir cap problema a sumar els seus votsals del PP per impedir que el nostre candidat, que va guanyar les eleccions, fos nomenat alcalde de Barcelona.

Que ningú no conclogui que ens inspira l’ànim de revenja personal o partidista. Si fos per això, no hauríem pactat ni la mesa del Congrés. Ho dic per explicar la distància profunda que ens separa, perquè la distància entre els nostres projectes nacionals respectius també ho és, i perquè es prengui consciència de l’enorme dificultat d’intentar encarrilar, partint d’aquesta distància i en només unes setmanes, una negociació que s’ha negligit o s’ha considerat innecessària durant sis anys. Perquè no estem parlant, o almenys nosaltres no en parlem, d’un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric, un compromís històric com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat des de la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714 i el Decret de Nova Planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes, i va iniciar la persecució de la llengua catalana.

Per això no sorprendrà a ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Si hi ha interès a arribar-hi, si hi ha voluntat real d’encarar unacord d’aquesta naturalesa, aquestes condicions s’haurien de crear, encara que d’entrada siguin forçades per la necessitat i no pas per la convicció.

La primera de les condicions és identificar adequadament els elements del conflicte. Fer veure que no existeixen o ignorar-los no permet, en cap cas, resoldre el conflicte. Per això en vull recordar alguns:

- La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 contra l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, les Corts espanyoles i en referèndum, és incompatible amb el pacte constitucional del 78. Sense aquella sentència no es pot entendre res del que ha passat a Catalunya.

- La criminalització del fet històric del referèndum de l’1 d’octubre com a resposta legítima del poble de Catalunya a totes les negatives de resoldre les demandes anteriors que els seus representants democràtics i legítims han anat elevant als poders de l’estat: l’estatut, la transferència de competències per organitzar un referèndum consultiu, la consulta popular del 9N de 2014, el pacte fiscal i el referèndum acordat.

- L’incompliment dels pactes, significativament de les inversions; l’ofec sistemàtic de l’economia catalana, del qual n’és exemple dolorós l’estratègia del canvi de seus empresarials incentivat per un reial-decret de mesures urgents aprovat pel Govern espanyol i que encara està vigent; i l’aplicació salvatge de l’article 155 de la Constitució per dissoldre el Parlament, destituir el Govern i intervenir l’autogovern, amb greus afectacions a l’activitat econòmica que acaben paganttots els ciutadans de Catalunya.

- Catalunya és una nació, una vella nació europea, que ha vist atacada la seva condició nacional pels règims polítics espanyols des del 1714, fet pel qual veu en la seva independència política l’única manera de continuar existint com a nació.

Existeix un camí alternatiu a la independència que pugui garantir el respecte i la supervivència de Catalunya com a nació? Totes les evidències acumulades al llarg de dècades demostren que no. En tot cas, correspondria als responsablespolítics espanyols desmentir aquesta conclusió, però no pas per la via de les promeses i de les paraules, sinó per la via dels fets. I ara per ara res no fa pensar que la necessitat de suport parlamentari sigui suficient com per empènyer-los a un canvi històric en què les velles nacions siguin reconegudes i disposin de tots els drets inherents a la seva condició. No ho han fet en situacions molt més evidents, amb milions de persones manifestant-se cada any al carrer i amb més de 2,3 milions de persones votant al referèndum d’independència de l’1 d’octubre. No sembla que ho hagin de fer ara senzillament perquè necessiten el vot de 7 diputats.

O sí? O realment poden fer de la necessitat, virtut?

Avui, Espanya té, com deia, un dilema de resolució complexa. Orepeteix eleccions, amb el risc que els equilibris polítics siguin tan fràgils com ara; o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l’1 d’octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els seus drets.

Cap dels dos grans partits espanyols no té força suficient com per imposar-se damunt de l’altre, cap d’ells no compta ara mateix amb una aliança que els proporcioni una majoria sòlida i coherent, i no estan encara en condicions de pactar entre ells. Oeleccions, o pacte amb nosaltres. O una tercera opció, en què alguns diputats del bloc progressista cedeixin els seus vots per a la investidura del candidat de la dreta.

De manera que estem preparats per si hi ha eleccions. Però també estem preparats pera una negociació que pugui culminar amb un pacte històric. La pregunta que ens hem de formular no és, doncs, si nosaltres estem preparats per a una negociació, sinó si ho estan els dos grans partits espanyols; si els dos grans partits espanyols estan preparats per negociar amb nosaltres, amb tot el que representem, o senzillament volen sortir del pas i obtenir com sigui el suport parlamentari per poder consolidar un lideratge i desmuntar el del rival.

Ara mateix ignoro la resposta a aquesta pregunta. En qualsevol cas, estaran preparats per començar a negociar un acord històric si es creen les condicions prèvies que habilitin un eventual procés de negociació seriós, honest i ambiciós. Si no ho fan, no tindria cap sentit embarcar-nos en una negociació posterior. Perquè tractant-se de la política espanyola, totes les precaucions són poques.A més de reconèixer els elements que conformen el conflicte que he assenyalat abans, hi ha altres condicions necessàries per poder emprendre el camí de la negociació:

1. El reconeixement i respecte a la legitimitat democràtica de l’independentisme. No es pot negociar amb qui, en la directiva on es fixen els objectius d’intel·ligència per als cossos policials, ens considera la segona amenaça més important després del terrorisme jihadista, i que demana a Europol que ens tracti de terroristes. Emparat en aquesta decisió tan antidemocràtica, en què s’ordena que es facin «totes les actuacions necessàries per neutralitzar les activitats», l’estat espanyol espia, infiltra i fabrica muntatges per procedir a detencions sense fonament, amb l’objectiu de paralitzar i criminalitzar la mobilització ciutadana en favor de la independència de Catalunya.

2. L’abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l’independentisme i els independentistes. L’1 d’octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d’independència, ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L’abandonament de la repressió a l’independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Perquè les nostres energies i els nostres recursos els hem de poder dedicar a la nostra causa, a treballar per la nostra gent, igual com poden fer la resta de projectes polítics tan legítims com el nostre. Això és a l’abast del Parlament espanyol, a través d’una llei d’amnistia que inclogui l’ampli espectre de la repressió iniciada des d’abans de la consulta del 9 de novembre de 2014. Però també és responsabilitat del govern en funcions, a través de la fiscalia i de l’advocacia de

l’Estat. I s’ha de fer per reparar una injustícia, no pas per oblidar ni per posar el punt final a res ni per igualar les víctimes d’aquestes injustícies als seus victimaris.

3. La creació d’un mecanisme de mediació i de verificació que aporti les garanties del compliment i seguiment dels acords que els dos grans partits polítics espanyols no estan en condicions de donar-nos. La total falta de confiança entre les parts fa que aquest mecanisme sigui imprescindible, i que hagi d’operar des de l’inici de les negociacions. La nostra experiència ens impedeix tenir cap confiança en la paraula que ens donin; seria una irresponsabilitat emprendre una negociació de futur que no compti amb aquest mecanisme. El compliment dels compromisos per avançat és una manera de verificar (d’aquí la importància que la llengua pròpia de Catalunya sigui reconeguda el proper dia 19 com a llengua oficial de la UE i es pugui desplegar una política lingüística de nova generació que n’asseguri la supervivència), però lògicament no es pot aplicar a processos que requereixen una llarga tramitació o execució. Per això, per poder transitar, cal aquest mecanisme de garantia.

4. Fixar com a únics límits els definits pels acords i tractats internacionals que fan referència a drets humans (individuals i col·lectius) i a llibertats fonamentals.

Cap d’aquestes condicions prèvies no és contrària a la Constitució ni per descomptat a cap tractat europeu. Ni tan sols requereixen cap llarg procés legislatiu. Són condicions prèvies que s’han de poder complir abans no s’esgoti el termini legal per evitar noves eleccions, i que si es donen, ens comprometen i ens obliguen a treballar per a un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura. Només depenen de la voluntat política.

Fixades i assumides aquestes condicions prèvies, la negociació pot desenvolupar-se amb garanties i amb l’esperança que es culmini amb èxit. L’èxit, és clar, el determinaran els resultats finals de la negociació. En aquests moments, seria del tot improcedent que jo establís un llistat dels objectius concrets que haurien de formar part d’aquesta hipotètica negociació. No és això el que jo avui volia explicar. Avui volia subratllar la necessitat i la urgència de crear unes condicions que ara no es donen perquè aquesta negociació pugui ser possible. Però en tot cas, qualsevol persona que hagi observat l’evolució de Catalunya en els darrers quinze anys i s’hagi preguntat per què hi ha milions de persones que no ens sentim representades per l’Estat espanyol i volem formar el nostre propi Estat, podria fer mentalment la llista i hi coincidiríem molts.

És evident que hi ha un gran paquet de qüestions materials pendents de resoldre, sí. Algunes de fa moltes dècades. Catalunya és un país ric però de ciutadans amb moltes necessitats i amb unes institucions sense recursos per atendre-les, amb un dèficit fiscal de més de 20.000 milions d’euros per any. Una cosa tan bàsica per la vida de la gent com són els trens, no funciona. Tenim la taxa d’immigració més alta de tota la Península, el 16,2%, més de dos punts per damunt de la de Madrid, i no tenim competències ni recursos per gestionar-la. No formem prou metges i no els podem pagar com es mereixen. El nostre salari mínim és injust tenint en compte el cost de la vida. Els joves no poden accedir a habitatges ja no de compra sinó tampoc de lloguer a preus assequibles per poder estudiar, emprendre un projecte de vida o professional. El govern espanyol no executa mai els pressupostos aprovats per Catalunya, i lafalta crònica d’inversions genera absurditats com que per anar en tren de Barcelona a València es tarda el doble que d’anar de Brussel·les a París o gairebé una hora més que de Brussel·les a Londres. La llista és molt llarga, i no és ara el moment de reiterar-la. Només ho esmento per constatar que totes aquestes mancances materials no les ha resolt l’autonomisme ni el constitucionalisme. És una evidència, no una opinió.

Per tant, que ningú no s’enganyi: amb això --tampoc amb l’amnistia--no es resoldrà elproblema de fons. No hi ha una recepta autonòmica per resoldre els problemes de Catalunya. Allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya, i per tant del seu dret a l’autodeterminació. El poble català té el dret a fer realitat de manera democràtica la decisió que va prendre en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 d’esdevenir un estat independent en forma de república. I només un referèndum acordat amb l’Estat espanyol podria substituir el mandat polític de l’1 d’octubre, tal com hem recalcat des de fa anys. No existeixen impediments constitucionals per organitzar i celebrar aquest referèndum; només cal recordar l’article 92 de la Constitució. El que hi ha és manca de voluntat política per assumir-ho, perquè si es vol, es pot. I en democràcia no hi ha cap altre mecanisme millor que el de posar en mans dels ciutadans les decisions de gran transcendència com és aquesta.

És la combinació d’aquestes dues grans carpetes i el progrés simultani en totes dues que determinarà la viabilitat i l’èxit d’una negociació. Una negociació que avui mateix no hi és, però se l’espera.

A qui s’hagi pres la molèstia de seguir-nos tots aquests anys, i d’anar més enllà del relat trampós que s’ha difós sobre el que representem, no li sorprendrà res del que he dit. Portem anys defensant aquesta posició, i per això hem hagut de prendre decisions molt difícils i a vegades poc compreses. Per exemple, quedar-nos a l’exili. O no participar de la taula de diàleg. O sortir del Govern de la Generalitat. O no votar els pressupostos i les reformes del codi penal, perquè enteníem que no servien per resoldre el conflicte, com per altra banda ha quedat demostrat.

I és des d’aquesta posició que emprendrem qualsevol eventual negociació.

Els resultats finals de tot aquest procés han de servir perquè el poble de Catalunya que s’ha mobilitzat d’una manera exemplar durant una dècada s’hi pugui reconèixer, hi pugui veure cristal·litzades les seves esperances construïdes amb paciència i resistència, avui desorientades per la divisió interna i la desmobilització però tossudament intactes. No hem aguantat la posició tots aquests anys per acabar salvant una legislatura sinó per defensar l’encàrrec rebut dels ciutadans, una part dels quals avui ens mira amb recel i desconfiança, i als quals caldrà tenir sempre presents quan ens haguem d’asseure, si és que això acaba passant, amb els qui ens vinguin a demanar el nostre suport.