El Gobierno de Suecia ha dado un paso casi definitivo para vetar el uso del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. El Gobierno del país ha dado a entender que no comparte la pretensión del Ejecutivo español y ello rompería la unanimidad necesaria para que dichas lenguas minoritarias sean oficiales en el ámbito europeo.
Así lo asegura la ministra de Asuntos de la Unión Europea de Suecia, Jessika Roswall, en unas declaraciones trasladadas a EL ESPAÑOL. "El Gobierno de Suecia es reticente a revisar el Reglamento nº1 para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales en las instituciones de la UE", ha asegurado.
El Reglamento nº1 al que hace referencia la ministra es el que regula las lenguas oficiales de la UE y, para su modificación, hace falta la aprobación unánime de los 27 países.
"Creemos que las consecuencias legales y financieras de la propuesta tienen que ser investigadas de manera más minuciosa. Hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales en la Unión Europea", ha añadido.
Aunque la postura sueca ha sido la más taxativa hasta el momento, también se pronunció al respecto Eslovaquia. Fuentes de la Representación Permanente de Eslovaquia ante la UE trasladaron a EL ESPAÑOL que tanto el Reglamento nº1 como la praxis de las instituciones europeas indicaban que, antes de ser oficiales en la UE, las tres lenguas deberían serlo también en todo el Estado español.
El asunto se abordará de manera oficial el próximo martes, 19 de septiembre, durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, pidió al resto de estados miembros que la oficialidad de las tres lenguas se incluyera en el orden del día de la reunión.
Esta propuesta fue el resultado de las negociaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas de Junts y ERC para amarrar una mayoría suficiente que les permitiera hacerse con el control de la Mesa del Congreso de los Diputados y allanar el camino para una posible investidura de Sánchez.
Sin embargo, desde entonces, varios de los socios comunitarios se han ido pronunciando con reservas respecto al asunto. El primero en hacerlo fue Hungría que, a través de su Representación Permanente, pidió que "España resuelva sus problemas" de lenguas cooficiales antes de llevarlos a la UE.
Días más tarde, fuentes diplomáticas de uno de los seis países fundadores de la UE y que pidieron no ser identificadas hasta comunicar su postura oficial, informaron a este diario de que se inclinaban a votar en contra.
"Es un ejercicio muy complicado", reconocían. "Admitir el catalán, el gallego y el euskera abriría la puerta a muchas peticiones similares", añadían, en una línea muy similar a la expresada por Suecia.
Esa puerta abierta a otras reivindicaciones territoriales es uno de los principales escollos con los que España se está tropezando. En Italia, por ejemplo, está concedido el estatus oficial para 11 idiomas. En el caso de Francia, sólo tiene una lengua oficial, pero siete reconocidas.
Hay muchas más, y muchas veces estos idiomas tienen movimientos sociales y políticos detrás que podrían pedir que su país, ya que votó a favor del catalán, lo haga también a favor de impulsar otras lenguas minoritarias, avivando así conflictos identitarios hoy dormidos.
El otro gran problema es económico. La Comisión gastó el año pasado 355 millones de euros en traducciones y, en el caso de triunfar las pretensiones españolas, habría que abordar quién asume los gastos, algo no tan fácil de discutir.