Albares traslada a la UE que el catalán se usa en el Parlamento español pero no se aprobará hasta hoy

Es la primera vez que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asiste personalmente al Consejo de Asuntos Generales de la UE (donde normalmente acude el secretario de Estado Pascual Navarro). Lo hace con el fin de mostrar al resto de socios la importancia política que el Gobierno de Pedro Sánchez concede al reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas comunitarias. Se trata de una de las exigencias de Carles Puigdemont para apoyar la investidura.

A su llegada a la reunión, Albares ha desvelado los argumentos que piensa utilizar para persuadir al resto de socios de que accedan a la petición de España sobre las lenguas cooficiales españolas. El más llamativo es que el ministro de Exteriores alegará en Bruselas que el catalán, el euskera y el gallego se utilizan en el Parlamento español, cuando el Congreso de los Diputados no lo va a aprobar hasta este mismo martes.

"Explicaré a todos mis colegas la especificidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la UE. Igualmente, que estos idiomas se usan dentro del Parlamento español", ha explicado Albares. 

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Su otro gran argumento es que "no estamos hablando de lenguas minoritarias". "Son idiomas que hablan millones de personas. En concreto les trasladaré que el catalán es hablado por más de 10 millones de personas, lo cual le sitúa por encima de muchas de las lenguas que en estos momentos son oficiales y muchos de los idiomas de los representantes que estarán  en torno a la mesa esta mañana conmigo".

El ministro de Exteriores defiende además que la petición de Pedro Sánchez no responde únicamente al intento de garantizarse el apoyo de Carles Puigdemont en su investidura. "No se trata de una propuesta nueva o inédita por parte de España. Hace casi 20 años que España viene solicitándolo", sostiene Albares.

Fruto de la petición que ya hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España tiene una serie de acuerdos administrativos con la mayoría de instituciones de la UE que permiten a los ciudadanos dirigirse a ellas en las lenguas cooficiales y a los representantes políticos españoles utilizarlas en contextos muy limitados.

La única institución que no ha accedido a las pretensiones españolas es el Parlamento Europeo, y el propio Albares envió hace un año una carta a su presidenta, Roberta Metsola, para pedir el uso del catalán en los plenos. Albares hace valer que "el multilingüismo es uno de los objetivos y de los valores de la UE y así lo señala el artículo 3 de los Tratados, que indica que debe promoverse y protegerse".

El Gobierno de Sánchez ha ofrecido además correr con los gastos del catalán, el euskera y el vasco, lo que en la práctica supondría un trato diferente al resto de lenguas que figuran en el reglamento, cuyos costes de traducción e interpretación se pagan con el presupuesto europeo.

Aún así, la mayoría de los socios europeos han acogido con escepticismo y reservas la petición de España por impacto económico y administrativo y también por el riesgo de un efecto dominó que afecte a otras lenguas regionales que no son oficiales en la UE. Por eso, se espera que los ministros de Asuntos Europeos rechacen votar hoy el reconocimiento del catalán y aplacen el debate sin fecha.