"Es demasiado pronto tomar una decisión hoy". Esta es la respuesta unánime que han dado los ministros de Asuntos Europeos de los 27 a la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE.
Sánchez no logra abonar el primer pago que le había exigido Carles Puigdemont a cambio de la investidura, lo que amenaza sus posibilidades de repetir en la Moncloa, ya que los siete votos de JxCat son imprescindibles. Junts exigía que la aprobación del catalán se formalizara ya este 19 de septiembre.
Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que ha cumplido su compromiso con Puigdemont y ha dado un paso más: tras el portazo en Bruselas, ha planteado a sus socios europeos dar prioridad al catalán y retrasar el uso del gallego y el euskera en las instituciones comunitarias introduciendo "periodos transitorios".
Todas las delegaciones han expresado su disposición a examinar la petición de España y han defendido el multilingüismo en las instituciones de la UE. Al mismo tiempo, la mayoría de ministros han destacado que el reconocimiento del catalán plantea una serie de interrogantes en materia presupuestaria y podría generar un efecto dominó que se contagie a otras lenguas regionales europeas que no están reconocidas en la UE. Unas preocupaciones que deben responderse antes de adoptar cualquier decisión.
En el debate a puerta cerrada, que ha comenzado con una exposición inicial del ministro Albares, han intervenido un total de 21 países. Al final no ha habido ninguna votación, tal y como pretendía inicialmente Sánchez. Tras finalizar el debate, la presidencia española ha concluido que el trabajo sobre la petición de España continuará en las próximas semanas y meses, pero no se ha puesto ninguna fecha para adoptar una decisión final, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes europeas. Tampoco se ha concretado si se pedirán o no informes jurídicos.
En un último intento para convencer al resto de países, España había ofrecido asumir todos los gastos de convertir al catalán, gallego y euskera en lenguas oficiales de la UE. Eso supondría en la práctica un trato diferente, un estatus de segunda clase en relación al resto de lenguas que figuran en el reglamento de régimen lingüístico, cuyos costes de traducción e interpretación se pagan con el presupuesto europeo. Pero ni siquiera esto ha servido para convencer a los socios más reticentes.
La mayoría de ministros han expresado sus dudas ya a la entrada de la reunión y ninguno ha sido capaz de concretar el calendario para una posible decisión. La anécdota de la jornada la ha protagonizado el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz, que ha hecho una breve intervención en catalán (que parecía que traía ensayada) en la que ha resumido a la perfección los términos del debate.
"Soy un gran amigo de las lenguas de España. Soy un gran amigo de la lengua catalana. Juntos debemos defender la diversidad lingüística de la UE, pero también debemos conocer las consecuencias de nuestras decisiones. Es demasiado pronto para tomar una decisión hoy"", ha dicho Adlercreutz.
También su colega alemana, Anna Lührmann, ha señalado que la petición de admitir el catalán plantea muchos interrogantes sin respuesta. Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos de Francia, Laurence Boone, sí que ha echado un cable al Gobierno de Sánchez. El Gobierno de Emmanuel Macron es partidario de crear un grupo de trabajo y pedir un estudio jurídico "para ver cómo podemos dar acomodo a España en este tema".
Efecto dominó
¿Teme París un efecto contagio a sus propias lenguas regionales como el bretón o el corso? "Nunca tenemos miedo. Tenemos un marco constitucional y hay un marco jurídico en la UE. Es importante que dediquemos el tiempo necesario a esta cuestión, en particular con grupos de trabajo, para ver cómo y dónde pueden utilizarse las lenguas regionales. Vamos a ayudar a España todo lo que sea posible, tenemos juristas para hacerlo", ha respondido.
"Necesitamos una mayor investigación sobre esta propuesta, tanto por lo que se refiere a las cuestiones legales como a las financieras. Es demasiado pronto para decir nada", sostiene la ministra sueca, Jessika Roswall. ¿Cuáles son las preocupaciones de Suecia? "Queremos saber qué consecuencias tendrá, porque hay muchas lenguas minoritarias dentro de la UE que no son lenguas oficiales, así que debemos conocer tanto las consecuencias legales como las cuestiones financieras", ha insistido Roswall.
"Es necesario discutirlo con más profundidad porque para nosotros es una propuesta absolutamente sin precedentes. Así que necesitamos comprender sus consecuencias en términos de dinero o de sentar un precedente", argumenta el ministro de Asuntos Europeos de República Checa, Martin Dvorak.
Por su parte, la representante de Croacia, Andreja Metelkometelko, ha reclamado "más detalles sobre el estatus de estas tres lenguas en España, dentro del Estado, a nivel nacional". "También sería muy útil para nuestra consideración y para adoptar una decisión tener el análisis y la opinión legal del servicio jurídico del Consejo, porque realmente queremos tomar una decisión informada en un asunto tan importante", ha señalado.
Muy sensible para España
"Entendemos que es una cuestión muy importante y sensible para España y estamos más que dispuestos a escuchar los argumentos de nuestros amigos españoles. Pero espero una discusión adicional sobre los aspectos legales y prácticos y después ya veremos", ha dicho el representante de Eslovaquia, Peter Misik.
"Irlanda es un país que defiende el pluralismo lingüístico. Pero también necesitamos ver la evidencia por lo que se refiere a cómo afectará al funcionamiento de las instituciones, así como sus consecuencias legales y presupuestarias", ha dicho el irlandés Peter Burke.
El único apoyo incondicional que ha recabado Albares es el de Eslovenia. "Eslovenia apoya esta propuesta. Eslovenia es uno de los Estados miembros más pequeños, la lengua eslovena la hablan 2 millones de persones y entendemos el deseo de todo el mundo que habla una lengua reconocida oficialmente en un Estado miembro de que sea también una lengua oficial también en la UE", ha dicho su responsable de Asuntos Europeos, Marko Stucin.