Sumar justifica la ley de amnistía con el Convenio de Ginebra sobre guerras civiles y luchas armadas

El secretario general del PCE y diputado de Sumar Enrique Santiago ha equiparado este viernes la situación de Cataluña con una guerra civil, para justificar la ley de amnistía que su partido y el PSOE negocian con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont.

Enrique Santiago ha recalcado en rueda de prensa que, en contra de lo que sostiene la derecha, la amnistía sí "está en nuestro ordenamiento jurídico". Como ejemplo de ello, ha citado la Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes el pasado mes de noviembre y el "Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949", que fue suscrito por España.

Este Protocolo recomienda que "ante situaciones de conflicto se aplicará la amnistía más amplia posible", ha dicho Santiago para justificar que se aplique la misma medida de gracia a decenas de independentistas encausados ante la Justicia, con el fin de "normalizar" la situación de Cataluña.

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En su comparecencia ante los medios, el dirigente de Sumar ha ocultado que el citado Protocolo internacional, aprobado en 1977 y ratificado por el Gobierno de Felipe González en 1988, se refiere exclusivamente a "la protección de las víctimas de conflictos armados sin carácter internacional", es decir, de guerras civiles.

El artículo 6.5 del documento, al que ha aludido Enrique Santiago, establece que "a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado".

Pero el convenio internacional ratificado por España deja claro que en ningún caso sería aplicable en situaciones como la vivida en Cataluña durante los últimos 45 años de democracia: "El presente Protocolo", señala su artículo 1.2, "no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados".

Y más adelante, su artículo 3.1 determina que "no podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos".

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De este modo, Enrique Santiago ha intentado justificar la Ley de Amnistía que negocia el Gobierno, apelando a un tratado internacional que en ningún caso sería aplicable a España.

El secretario general del PCE ha efectuado estas declaraciones al ser preguntado por los periodistas sobre el dictamen jurídico que Sumar presentará el próximo martes, que recoge el dictamen de distintos expertos "académicos" para sostener que la medida de gracia sí cabe en la Constitución y en el ordenamiento jurídico español.

Un dictamen que Sumar presentará, ha sido Santiago, "frente a la intoxicación y las ganas de incendiar de la derecha, que no quiere resolver las tensiones entre los territorios".

Santiago ha anticipado que la amnistía debería "solventar" todas las causas judiciales pendientes que atañen al proceso de independencia de Cataluña. "Las personas que los tribunales entendieron que eran los máximos responsables fueron juzgados y se les aplicó un indulto, tras cumplir buena parte de su pena", ha argumentado.

La fuga de Puigdemont

"Lo que queda por solventar", ha añadido, "son supuestos que afectan a personas que en absoluto han sido los máximos responsables. Sería un tanto absurdo que no se aplicara a las cuestiones menores que quedan".

El secretario general del PCE ha obviado de este modo que uno de los principales beneficiarios de la amnistía será Carles Puigdemont, que como presidente de la Generalitat fue el máximo responsable de la organización del referéndum ilegal del 1-O.

También Oriol Junqueras y el resto de dirigentes de la Generalitat que fueron condenados por el Tribunal Supremo: el indulto les liberó de cumplir parte de sus penas y ahora la amnistía determinará que en ningún momento actuaron de forma ilegal.