El informe de los expertos de la Generalitat propone que el TC 'permanezca silente' ante el referéndum

La investidura de Pedro Sánchez avanza en negociaciones "discretas" con sus socios de Sumar, a los que incluirá en un Gobierno de coalición, y los aliados parlamentarios (ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG), todos ellos nacionalistas e independentistas. Pero quienes más alto están poniendo su precio son los separatistas catalanes.

Tanto el partido del presidente de la Generalitat, liderado por el exvicepresident inhabilitado Oriol Junqueras, como la formación liderada por el expresident prófugo Carles Puigdemont, compiten por la hegemonía independentista. El resultado del 23-J debilitó a sus formaciones -quedaron cuarta y quinta, por detrás incluso del PP catalán- y, sin embargo, les dio la llave de la Moncloa por la aritmética parlamentaria.

Pero ante el riesgo de que su empeño por subir la puja hiciese descarrilar el acuerdo con el PSOE, que quieren ambos, acordaron una resolución conjunta hace dos semanas en el Parlament: ya no sólo exigirán la amnistía para todos los implicados en el procés de 2017, sino un compromiso "para trabajar por el referéndum de autodeterminación pactado" con el Gobierno que ellos mismos bendecirán.

La postura de Aragonès

En este contexto llega el informe de 64 páginas elaborado por nueve profesores universitarios constituidos en el denominado Consell Acadèmic per a l’Acord de Claredat. Pere Aragonès ha convocado este lunes a los expertos para departir con ellos sobre su "informe académico" e, inmediatamente, una reunión extraordinaria a su Consejo de Gobierno, para aprobar "una postura de Gobierno" a partir del documento.

De momento, eso sí, según fuentes oficiales del Govern, la posición del president sigue siendo la de que "la autodeterminación se ejerza a través de un referéndum de independencia, con pregunta clara y binaria, de sí o no, acordado con el Estado español".

Pero el informe abre otras opciones. Por ejemplo, plantea hasta cinco modelos de referéndum distinto. E incluso plantea "posibilidades alternativas" como un pacto entre los "representantes legítimos" de las dos partes "en conflicto", es decir, los gobiernos y/o los parlamentos de España y de Cataluña, como un mecanismo "análogo". O incluso las "asambleas ciudadanas", las "encuestas deliberativas" o los "jurados populares", que podrían ayudar a legitimar el proceso como herramientas "complementarias".  

El documento aborda cuestiones de legitimidad democrática, del "respeto debido a las minorías", las contradicciones del separatismo que no reconoce que territorios como el Valle de Arán se niega a ser incluido en una eventual secesión de Cataluña... aunque siempre gira en torno a las dificultades jurídicas y legales del planteamiento, nudo y desenlace de un eventual referéndum independentista en la Comunidad Autónoma.

La jurisprudencia

"El Tribunal Constitucional es clave en lo que se refiere a la viabilidad de un Acuerdo de Claridad", reconocen los académicos. Aunque atribuye ese peso no sólo porque su jurisprudencia "pone grandes dificultades a la autodeterminación territorial, sobre todo por vía de referéndum", sino porque, "desde 2008, ha tenido una participación reiterada en este conflicto".

Los expertos designados por Aragonès admiten que "conviene señalar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España que obstaculiza la celebración de referendos de soberanía y secesión" se ha desarrollado siempre como respuesta "contra planteamientos o acciones unilaterales primero en el País Vasco y después en Cataluña". 

Por eso, plantean que el pacto entre el Govern y el Gobierno aborde el obstáculo de manera explícita y éste se resuelva de dos posibles maneras. O bien haciendo que "el Tribunal Constitucional revisara su jurisprudencia", o bien estableciendo que debiera "mantenerse silente ante este referéndum que sea fruto de un acuerdo entre Estado y el territorio subestatal", es decir, el Gobierno de la Comunidad Autónoma catalana.

Mutación constitucional

El trabajo reconoce la ilegitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017, aunque no de manera explícita. Lo hace al establecer que "cuando el referéndum reposa en un acuerdo entre las partes enfrentadas, existe una buena regulación jurídica que le ampare y garantice sus resultados, y se formule una pregunta clara", sus resultados pueden considerarse "un mecanismo óptimo" para cuestiones de especial trascendencia.

Aunque es evidente, y así se expresa repetidamente en el documento, que un "conflicto territorial" es un asunto de especial trascendencia -motivo por el que los académicos apoyan sin dudas su conveniencia-, también admite el informe que "los referendos generan a menudo dinámicas polarizadoras que pueden tener el efecto de profundizar en la división social ya existente en un conflicto de este tipo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès. EUROPA PRESS

Los nueve miembros del Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat entienden que este efecto es "poco significativo, por no decir normalmente inexistente", en consultas sobre temas de menor relevancia política o sobre cuestiones políticas con menor carga identitaria.

Pero "en el caso de los conflictos territoriales", advierten, "la polarización es probable que se acentúe, tal y como se ha podido observar en casos como el de Escocia o el Brexit, y pueden generarse situaciones de posterior bloqueo democrático que hacen más difíciles otros instrumentos o procesos de gestión política". 

Por eso, explican los expertos, su trabajo se basa constantemente en el modelo de la Ley de Claridad, por la que se aceptó un referéndum de autodeterminación para el Québec, tras el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá en el año 1998.

Aquel fallo "rechaza la existencia de un derecho unilateral del Québec a la secesión" amparado por la Constitución del país. Aunque a la vez considera que, "en virtud de los principios de democracia, imperio de la ley y del constitucionalismo, federalismo y protección de las minorías, si el Québec expresa de forma clara la voluntad democrática de separarse de Canadá, esto comportaría una obligación de negociación" del resto del Estado.

Por eso, y a la luz de las continuas sentencias del TC español, el texto del documento dice explícitamente que "un Acuerdo de Claridad podría ser, pues, motor de cambio jurisprudencial y, a su vez, de cambio constitucional".

De este modo, el informe plantea una mutación de la Constitución Española por la vía de los hechos, es decir, a través del acuerdo al que deberían llegar el Govern de Pere Aragonès y el Gobierno de Pedro Sánchez. No en vano, ya lo dijo el president en el discurso de apertura del reciente Debate de Política General en el Parlament: "Si Sánchez quiere investidura, debe tener la valentía para que ésta sea la legislatura en la que se negocie el referéndum".

Hace pocos días, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, hacía referencia a que "lo que siempre fue implanteable, ya está asumido", en referencia a la amnistía. Y que lo mismo "podría pasar" con el referéndum, por un lado por la voluntad de cuerdo; y por el otro, porque ahora "hay otras mayorías" en el Constitucional.

Es decir, como dice el texto académico, "dado que la legalidad constitucional suele ser objeto de diversas interpretaciones razonables", el acuerdo entre el PSOE y el independentismo ampliaría las bases de legitimidad, y "un mayor consenso político probablemente ayudará a buscar vías jurídicas transitables".

Este concepto también se encuentra en el informe. Así, los expertos admiten que "si bien la parte catalana no debería decidir unilateralmente el futuro constitucional de Cataluña", esto sólo funciona si "la contraparte española tampoco ejerce un veto insuperable en el horizonte político que plantee una eventual una mayoría de ciudadanos de Cataluña".

Dos autodeterminaciones

Todo el documento se basa en una premisa de cambio constitucional, dado que sólo contempla dos posibilidades: o la secesión -por la vía de ese referéndum acordado en sus términos, medios, y en las condiciones de celebración y de implementación de resultados- o un nuevo "encaje" de Cataluña en un Estado de tipo "asimétrico", en el que se privilegie a los territorios que "son nación" frente a aquellos que "son región".

"Una pregunta concreta y clara permitiría escuchar la voz de la ciudadanía", explica el texto. "Esta voz podría legitimar una iniciativa o ratificar un potencial acuerdo de acomodación". Y así, los expertos se atreven a esbozar los contenidos de ese pacto para avanzar "en dos direcciones paralelas e interrelacionadas para la resolución del conflicto".

Es decir, que mientras se negocia el referéndum, Cataluña debe aumentar sus poderes y capacidades, por encima de regiones como las dos Castillas, por ejemplo.

Estas dos vías son "la acomodación de la demanda de secesión" y, entre tanto, "la acomodación en el seno del Estado vigente". Porque ni una es excluyente de la otra para los académicos, ni es posible mantener el statu quo.

"La reivindicación de la secesión, como aspiración política, debería contar con una posibilidad de expresión institucionalizada en el marco del acuerdo", defienden los expertos de Aragonès. "Y por tanto, convertirse en un horizonte político realizable en el caso de que tuviera los apoyos necesarios por parte de la ciudadanía", expresada en el referéndum. A esto lo llaman "autodeterminación externa".

Al mismo tiempo, como alternativa si ganara el no, pero en todo caso, como paso previo, "también deberían enderezarse las facultades de autodeterminación interna y, concretamente, dar más voz a Cataluña en el seno del Estado y en las relaciones con este Estado y la UE". Esto se traduciría en "dotar de mayor poder decisión propio a las instituciones catalanas".

O lo que es lo mismo, "gobernar el conjunto del Estado de forma compartida, dando una voz significativa a los territorios subestatales en los asuntos comunes". Pero no a todos esas entidades territoriales del mismo modo. Porque "el principio federal no requiere un principio de simetría entre territorios subestatales", explican los académicos, asegurando que "la asimetría se aplica a menudo en contextos plurinacionales".