"Recurriremos donde haga falta y denunciaremos donde haga falta, defenderemos que lo prioritario es la reforma del sistema de financiación y que se aborde de forma independiente a la armonización fiscal". Son las palabras de Ruth Merino, consellera de Hacienda de Carlos Mazón, en la entrevista concedida este lunes a EL ESPAÑOL.
La Generalitat Valenciana considera un "chantaje inconstitucional" y "un atentado contra el autogobierno" que el Gobierno de España quiera condicionar la reforma del sistema de financiación autonómica a la implantación de una armonización fiscal en toda España, y está dispuesta a defender en los tribunales su libertad para bajar impuestos.
Fuentes de la Administración autonómica, preguntadas al respecto por este periódico, exponen las normas que podrían ser vulneradas por el Ejecutivo central si exige no bajar impuestos para impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica. Cabe recordar que el actual sistema de reparto lleva caducado desde 2014 y sitúa a la Comunitat Valenciana, año tras año, a la cola de la inversión por habitante.
[Ruth Merino: "La armonización fiscal que impulsa Sánchez es un chantaje inconstitucional"]
En la Comunidad Valenciana es urgente esa reforma, pero el Gobieno de Carlos Mazón no está dispuesto a que, a cambio de impulsarla, Moncloa determine su política fiscal. En primer lugar, recuerdan que la Constitución Española recoge en el artículo 156 el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
En particular, señala que "gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".
A su vez, entre el elenco de recursos que integran la hacienda de las autonomías, se encuentran los tributos estatales cedidos [artículo 157.1 a de la Constitución Española] y los tributos propios [artículo 157.1 b].
Según el artículo 157.3, "mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado".
"Tributos cedidos"
Los artículos decimonoveno de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, -de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)- y los que van del 45 al 53 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre -por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común- los que establecen las competencias normativas que las CCAA pueden ejercer en relación con los tributos estatales cedidos.
No obstante, fue la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias la que recogió, por primera vez, la atribución a las autonomías de ciertas competencias normativas en relación con los tributos estatales cedidos. Estas competencias se ampliaron con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que, al mismo tiempo, incrementa el número de tributos cedidos.
Todo este desarrollo normativo ha permitido hasta ahora a las regiones españolas fijar su propia política fiscal. Por ello, la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón considera una intromisión que, para repartir los fondos autonómicos de una forma equilibrada -no como ahora- sea el estado quien imponga umbrales impositivos.
Como es obvio, el recurso no podrá plantearse hasta conocer exactamente cómo quiere el Gobierno aplicar su armonización fiscal. "Habrá que esperar a ver qué idea tienen y en qué términos quieren modificar esas leyes para ver si atenta contra la Constitución", precisaron desde la Conselleria de Hacienda.
Ruth Merino, 'consellera' de Hacienda de la Generalitat Valenciana.
"Me parece que es un chantaje, una contradicción y una ocurrencia. Querer asimilar la reforma del sistema de financiación, después de dos décadas infrafinanciados en la Comunitat Valenciana, a una 'armonización fiscal' -término que es un eufemismo, porque lo que realmente quieren es mantener impuestos altos, no les vale 'armonizar' a la baja- es un chantaje en toda regla", manifestó Ruth Merino en la entrevista concedida a este periódico.
La dirigente advirtió que su Gobierno "tolerar" que, "después del maltrato continuado con la infrafinanciación del territorio, se plantee ahora una solución en estos términos, como pretenden Pedro Sánchez y su ministra, María Jesús Montero".
"Es además una contradicción con los principios del federalismo que tanto ha defendido el PSOE. Querer armonizar los impuestos es un atentado contra la autonomía y el autogobierno de las comunidades autónomas. Entraría en colisión con la Constitución y con leyes orgánicas", agregó.
La mandataria, por último, tildó la propuesta de "ocurrencia", porque "el sistema autonómico actual ya penaliza a las comunidades que bajan impuestos". "Todas las autonomías aportan a un fondo común del que luego se reparte, y esa aportación tiene en cuenta una recaudación normativa. Es decir: se paga lo mismo aunque recaudes menos", subrayó.