El Grupo Parlamentario Popular ha recurrido contra los métodos seguidos por la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, para implantar el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

Según el recurso de reposición, registrado el pasado 3 de octubre y que ocupa 12 páginas, el procedimiento seguido "vulnera manifiestamente la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] y los principios rectores de la contratación administrativa". Por esta razón, el escrito -al que ha tenido acceso este periódico- solicita "la nulidad de los contratos suscritos".

Para el PP los 12 contratos con 12 intérpretes en régimen de autónomos son un "fraude de ley" manifiesto, impulsado por el PSOE con tres objetivos encadenados: el de "eludir un procedimiento transparente y competitivo"; para "disponer de servicios de traducción en el plazo de cuatro días mediante contratos menores"; y poder así cumplir "una promesa política" a ERC y Junts.

Todo parte de los pactos alcanzados por el PSOE con sus socios independentistas catalanes para el control de la Mesa del Congreso.

Mientras desde Waterloo, y gracias a los esfuerzos de José Manuel Albares, Carles Puigdemont lograba su "hecho comprobable", con el sello de registro de la petición para que el catalán sea oficial en las instituciones de la Unión Europea, Gabriel Rufián convocaba a los periodistas en la sala de prensa de la Cámara Baja.

En la mañana del 17 de agosto, a escasos minutos del inicio de la sesión de constitución de las Cortes, el portavoz de Esquerra anunció su acuerdo con los socialistas. Y en él estaba incluido el compromiso de que las lenguas distintas del castellano que están reconocidas en los Estatutos de Autonomía como oficiales, conforme a la Constitución" serían de uso en la Cámara Baja "desde la primera sesión de la XV legislatura".

En conclusión, para el PP se ha utilizado la contratación menor "en fraude de ley" y vulnerando los artículos 99.2 y 118 de la LCSP, "además de los principios básicos de contratación pública". Por esta razón, amparándose en el artículo 39 de la misma norma, el recurso solicita considerar "dichos contratos nulos de pleno derecho".

Es más, el documento presentado por Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, solicita asimismo "la suspensión de la ejecución de los contratos recurridos hasta la resolución" de su recurso.

Según los populares, y en base al artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en caso contrario, se podría producir un "perjuicio al erario público" porque se estaría incurriendo en un gasto apuntado al Presupuesto de las Cortes al amparo de "contratos que son nulos de pleno derecho".

Antecedentes

Hasta ese momento, el PSOE se resistía al cambio, alegando dificultades técnicas, y que "eso ya es posible en el Senado, que es la Cámara territorial". Desde entonces, los socialistas defienden el cambio del Reglamento del Congreso como un "avance" para la diversidad de España, "haciendo normal en las Cortes lo que es normal en la calle".

Precisamente eso es lo que niega el PP, al menos cuando se habla del fondo del asunto. "En la calle nadie va con pinganillo, los españoles nos comunicamos en varias lenguas, y entendemos todos unos con otros con una lengua común, el castellano", defendió Gamarra, secretaria general del Partido Popular, a la salida del debate de toma en consideración de la iniciativa, el 19 de septiembre.

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Pero en el fondo, donde veía el partido de Alberto Núñez Feijóo una grieta era en los procedimientos "abiertamente fraudulentos" utilizados por Armengol para impulsar la medida, advertían fuentes de la dirección del PP.

"No sólo imponen una medida innecesaria; no sólo regalan a los separatistas la imagen pública de que los españoles somos extranjeros en nuestro propio Congreso, no. Es que además lo hacen forzando el mismo Reglamento que quieren reformar y saltándose las leyes para darse prisa, porque prometieron lo que no podían cumplir".

Aquel día, un alto cargo popular aseguraba a este diario que la dirección del Grupo ya había pedido los contratos y que los servicios jurídicos de Génova ya estaban estudiando "la mejor vía jurídica" para "defender la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes, que es la base de la democracia".

Porque más allá de que el Partido Popular se ha comprometido a revertir la norma en el momento en el que llegue al poder; más allá de que lo vaya a hacer por el convencimiento de que "no es aconsejable desde el punto de vista del interés político"; más allá de la "dudosa adecuación constitucional" que advierte el partido... y más allá de la indignación porque la reforma del Reglamento "entró en vigor de facto antes siquiera de que debatiéramos su toma en consideración", lo que ya está en marcha es la impugnación formal.

Los argumentos legales

El recurso presentado por los populares demuestra, según sus argumentos legales, que los 12 contratos mercantiles distintos celebrados entre la Cámara y los 12 traductores de lenguas, en régimen de autónomos, están impulsados "en fraude de ley". 

El documento invoca el artículo 118 de la LCSP, que es el que define que un "contrato menor" cuyo valor estimado es menor a 15.000 euros. Y estos contratos, todos, están valorados exactamente en 14.999,99 euros.

También se remite el texto al artículo 99.2 de la misma ley, que dispone que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo" en busca de "eludir los requisitos de publicidad o los relativos a los procedimientos de adjudicación que corresponden".

Según el PP, es evidente que esto es lo que ocurrió en el procedimiento de contratación de los intérpretes. Y el documento prueba que los servicios técnicos del Congreso acordaron "conjuntamente las Condiciones de Ejecución" del servicio.

"Y una vez acordadas", continúa, "el Expediente de Contratación se divide o fracciona en un expediente individualizado por cada uno de los correspondientes contratos", como probarían los correos enviados por la Cámara Baja a los prestadores de servicios, calcados en su redacción y requisitos.

"Todos los expedientes de Contratación son idénticos en cuanto a todas y cada una de sus condiciones de ejecución", sostiene el documento, y "se tramitaron al unísono los días 14 y 15 de septiembre" de 2023.

Además, remata el recurso, "no se ha tenido en cuenta el carácter permanente de la prestación del servicio", ya que éste debería durar toda la XV Legislatura. Sino que el criterio seguido ha sido el económico "con el único propósito de que ninguno [de los contratos] llegue al importe de los 15.000 euros", y dejando a la Cámara sin la prestación de este servicio que se estaba incluyendo en el Reglamento más allá del año 2023.

Y todo, "con el sólo propósito de eludir fraudulentamente el procedimiento competitivo".

El sarcasmo final

Para los populares, la presidenta del Congreso impulsó una medida con prisa, para cumplir un acuerdo político. Y para ello, se saltó la ley y los procedimientos "al margen de cualquier criterio de objetividad y transparencia".

Con todo esto, los populares concluyen que Armengol ha "perjudicado gravemente los intereses generales", pues se ha impedido a sí misma "encontrar una forma de prestación del servicio que fuera lo más beneficiosa económicamente posible". Y además, "se impide que otras empresas o intérpretes [...] puedan acceder a la libre competencia".

Además, el recurso se permite incluso recurrir al sarcasmo para desmontar la motivación por la que se siguió este procedimiento. Y califica de "indebido, ilegal y arbitrario" acudir a esta premura para la fragmentación "fraudulenta" del Expediente de contratación "en 12 contratos menores". 

La propia LCSP ya prevé un "procedimiento de urgencia", recuerdan los populares, además del "procedimiento abreviado simplificado" para reducir "los procedimientos y la publicidad".

Y es más, la misma norma explica que para actuar de una forma tan inmediata como hicieron los servicios técnicos del Congreso por orden de Armengol, existe el artículo 120... aunque "está limitado a acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la Defensa nacional".

El PP admite que el acuerdo de la Mesa del Congreso de 13 de septiembre "puede ser o no aconsejable desde el punto de vista del interés político". Pero que esa medida, que se aprobó gracias al control que el PSOE ya tenía del órgano de gobierno de la Cámara gracias a los votos de ERC y Junts, "en ningún caso puede entenderse que nos encontremos ante un acontecimiento catastrófico, de grave peligro o de riesgo para la Defensa nacional".