Uno a uno, en una suerte de cofradía magna, doce de los diecisiete presidentes autonómicos de España, el vicepresidente de Canarias y los presidentes de Ceuta y Melilla, han desfilado este jueves por la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para pronunciarse sobre la amnistía a los responsables del procés.
El primero en tomar la palabra ha sido Pere Aragonés, president de la Generalitat. En su discurso, entero en catalán, ha clamado por el borrado de los delitos que cometieron los implicados en el 1-O, ha exigido el fin de la "represión" a Cataluña y un referéndum de autodeterminación "a la escocesa".
Después, ha cogido la puerta y se ha ido, eludiendo así escuchar al resto de sus colegas, los once barones del Partido Popular que, durante sus intervenciones, se han posicionado en contra de la amnistía y han defendido "la igualdad entre los españoles", convirtiendo así el Senado en un baluarte del "Estado de las autonomías".
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Alfonso Rueda, presidente de Galicia y segundo en hablar tras Aragonés, ha enfatizado que no asistía a Madrid a "hablar en contra de nadie", ni "mucho menos en contra de una comunidad autónoma". Por su parte, Juanma Moreno se ha felicitado de que su homólogo catalán haya acudido a la Cámara Alta: "Me parece muy positivo que participe en foros multilaterales como este, me quedo con el gesto de venir a compartir sus ideas".
Al igual que el resto de barones de su partido, el andaluz ha pedido "igualdad" para todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan: "Ningún español es más importante que otro". Y sobre esa idea, como elemento común, han versado todas las intervenciones de los barones del PP en el antiguo salón de Plenos del Senado, donde apenas ha habido representación del PSOE.
Espadas reprocha la utilización del Senado
La criticada ausencia del Gobierno y de los tres barones socialistas la ha suplido con su participación Juan Espadas, senador por designación autonómica y líder de la oposición en Andalucía. "Cuando se usa el Senado para plantear una oposición política de parte, se está dañando la credibilidad de nuestra democracia", ha reprochado a la bancada popular.
Previamente, todos los presidentes populares han mostrado con dureza su oposición a la posible amnistía a Carles Puigdemont, condición sinequanon para que Sánchez siga siendo presidente. La más dura ha sido Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, que ha alertado: "Se ha dicho que si esta felonía se consuma, habrá dos tipos de españoles; pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles".
Juanma Moreno ha subrayado que "la amnistía es un retroceso en la credibilidad" de las instituciones, que "no sería perdonar" a los implicados en el procés, sino "pedirles perdón". "Sería decirles que nunca deberían de haber sido detenidos, juzgados, condenados o encarcelados ni inhabilitados. Sería otorgar el reconocimiento de víctimas a los que, incitando al Tribunal Supremo, cometieron algo más que un atentado a la paz pública con el objetivo de destruir las bases fijadas por el poder constituyente".
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha puesto el énfasis en que la medida de gracia a los independentistas catalanes, con un "trato desigual ante la ley", enviaría un mensaje negativo a todas las comunidades. Mientras que María José Sáenz de Buruaga, presidente de Cantabria, ha considerado que después de la amnistía "vendrá un referéndum".
Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, ha alertado de que "cambiar las reglas del juego en beneficio de unos pocos pone en riesgo la libertad y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos". "Por un puñado de votos Sánchez va a entregar España a quienes van contra ella", ha denunciado el barón murciano, Fernando López Miras.
Acto seguido, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha resumido: "El independentismo tendrá su amnistía y Sánchez su investidura. Está claro quién va a pagar la factura, pero no sabemos cuánto va a costar la fractura. Lo que exige el mundo es unidad y no debilidad. (...) El egoísmo de unos pocos no puede echar por tierra este periodo".
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado como "ilegal" y como "fraude" la amnistía, una medida que, a su juicio, "sólo busca defender el interés personal de Sánchez y los condenados". Un argumento parecido ha utilizado la extremeña, María Guardiola: "Siete votos son la diferencia entre la dignidad y el oprobio".
Alfonso Fernández Mañueco, último presidente en intervenir, ha aseverado que la ley de amnistía supondría el "desprecio" y la "condena a resignarse" de quienes defienden la unidad de España, que tendrán que aceptar su "servidumbre" frente a los que "imponen su pensamiento único, xenófobo y excluyente".
El PP alerta del referéndum
Al margen de la amnistía que negocian Sánchez y los independentistas, los barones populares también han puesto el foco en segundo asunto de calado: la financiación autonómica. Durante la sesión de este jueves, todos han dejado claro que no van a consentir privilegios a Cataluña, como la quita de la deuda que reclaman los partidos independentistas para apoyar la reelección del presidente en funciones.
Con estos mimbres, fuentes de la dirección del PP han señalado a través de un comunicado que el PSOE "ha permitido que un dirigente de ERC sea quien verbalice en su nombre los puntos que están marcando las cesiones de los socialistas al independentista". En Génova, una vez escuchado el alegato de Aragonés, han alertado de que Sánchez "ya ha defendido la amnistía y no faltará mucho para que lo haga con el referéndum".
"Lo que pide ERC solo tiene interés porque el PSOE está dispuesto a dárselo. Una negativa al independentismo restaría valor a las inaceptables reivindicaciones de los partidos que propugnan la independencia de Cataluña. Por lo tanto, este país no tiene un problema con lo que ERC y Junts piden, sino con lo que Pedro Sánchez concede".