Investigan a Diana Morant y su sucesor en Gandía por promover la okupación de un edificio municipal

El juzgado de Instrucción 3 de Gandía (Valencia) ha abierto diligencias por la denuncia interpuesta contra la actual ministra en funciones de Ciencia y candidata del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 23 de julio, Diana Morant.

La investigación abordará los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento de Gandía por la promoción de la okupación de un edificio de vivienda protegida municipal en 2015, cuando Morant era alcaldesa. 

La investigación incluye al sucesor de Morant en Gandía, el actual alcalde José Manuel Prieto; y a la responsable de los servicios jurídicos municipales, María Isabel Santapau, según consta en la resolución dictada por el juzgado este viernes 20 de octubre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

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La investigación se encuentra en una fase muy incipiente y Morant solo podrá ser interrogada por el Tribunal Supremo (TS) al estar aforada. Por ello, según han indicado fuentes judiciales, si finalmente el juzgado considera que su actuación reúne supuestos indicios delitos, planteará su inhibición.

De este modo, la instrucción la dirigirá el juzgado de Gandía hasta que la única prueba que quede por practicar sea la declaración de Morant, siempre y cuando el juez no archive antes las actuaciones al considerar que no existe delito.

En la misma resolución, el juzgado acuerda que se libre "oficio al servicio jurídico del Ayuntamiento de Gandía para que remitan copias compulsadas de todas las sentencias o resoluciones que se hubieran podido dictar en el orden jurisdiccional Contencioso Administrativo", en relación con la denuncia.

La denuncia la presentó el exalcalde del PP Arturo Torró por los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El escrito atribuye a Morant una supuesta dejación de funciones durante el desalojo de un edificio municipal que fue ocupado ilegalmente y actualmente está en ruinas.

El perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Gandía se eleva a más de 3 millones de euros. El dinero ha sido abonado a Inmobles Reunits de Catarroja SL, la empresa concesionaria, a cargo del presupuesto municipal por los graves desperfectos que se han registrado en el edificio.

Los hechos se remontan al 30 de junio de 2015, pocos días después de que Morant se convirtiera en alcaldesa. Ese día, la socialista acudió a un bloque de viviendas de protección oficial localizado en la calle Perú para apoyar a un grupo de manifestantes que quería evitar el desalojo de una familia de este inmueble, de concesión municipal. 

El desalojo, que las propias autoridades municipales boicotearon, impidió la actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión y de los bienes públicos.

La gestión de Morant en el desahucio provocó un efecto llamada, según estimaron los tribunales por la vía contenciosa, e inmediatamente después varios inquilinos dejaron de abonar las mensualidades.

Las viviendas quedaron okupadas por diversos clanes familiares y los moradores que pagaban las mensualidades se acabaron marchando por la delincuencia. El Ayuntamiento abandonó el edificio, se intalaron varios narcopisos, se produjo un asesinato y hoy en día está en ruinas.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después, consideraron a Morant responsable del grave deterioro del bloque viviendas de protección oficial, al permitir múltiples daños ocasionados por okupaciones y redes de delincuencia. Ambas sentencias son firmes.

Tras estas resoluciones, avanzadas por este periódico en 2022, la promotora del edificio presentó otro pleito para que Morant respondiera con su patrimonio.

El pasado mes de abril, el juzgado denegó la petición al considerar que la constructora no estaba legitimada para realizar la petición y dejó la puerta abierta a un proceso penal que ahora se pone en marcha.

"Denuncia política"

El Ayuntamiento de Gandía ha publicado un comunicado de prensa en el que subraya que "la apertura de diligencias previas es un paso habitual de una denuncia absolutamente política".

"Esta denuncia, sin fundamento e interesada, ha sido interpuesta por el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, condenado a tres años y medio de cárcel por corrupción", explicado el consistorio

Según el ayuntamiento, "la Justicia ya le ha dado la razón en cuatro ocasiones al Ayuntamiento de Gandía respecto a este asunto. En una de estas ocasiones, el juzgado contencioso eximió de toda responsabilidad a las autoridades de la ciudad".