El abogado de Puigdemont, condenado por terrorismo, participa en el diseño de la ley de amnistía

Este letrado colabora con el expresident de la Generalitat en la delimitación de la futura ley, para fijar su límite y su alcance y determinar a qué delitos y a qué procedimientos afectará, según ha publicado el periódico naciódigital.cat y confirman fuentes del Gobierno.

Es decir, que el articulado de una futura ley orgánica está también en manos de Boye, el mismo que desde 2017 batalla contra el Tribunal Supremo para evitar la detención de Puigdemont. El letrado busca ahora evitar que su cliente sea juzgado en España; esta vez, mediante la elaboración de una proposición de ley, dentro de un pacto político para que Pedro Sánchez pueda ser reelegido presidente del Gobierno.

Las riendas de esa negociación las lleva el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y está casi concluida. 

Este letrado, además, tiene una trayectoria personal polémica en la que, por ejemplo, fue condenado por terrorismo y está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico.

En enero de 1992, Boye fue detenido, junto con antiguos miembros del grupo terrorista chileno MIR (Movimiento de Izquierda Republicana), acusados de facilitar a ETA información e infraestructura para secuestrar al empresario Emiliano Revilla.

Es decir, estaban acusados de "subcontratar" con ETA uno de los secuestros más simbólicos de la organización terrorista.

Una página de 'El Mundo' que informa de la detención de Gonzalo Boye, en 1992.

En 1996, fue condenado a 14 años de cárcel por colaboración con ETA y en prisión sacó el título de abogado. Recientemente, ha ejercido como abogado del dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, apodado Josu Ternera, precisamente, para evitar que sea entregado a España por Francia para ser juzgado.

En 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la apertura de juicio oral a cerca de medio centenar de personas, incluido el histórico narco Sito Miñanco y Boye, por la llamada Operación Mito, una investigación sobre tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

Boye sostuvo entonces que ese procedimiento responde a una operación policial y judicial contra él por, precisamente, ser abogado de independentistas. Por eso, en algún momento, planteó la posibilidad de su caso fuera incluido en la ley de amnistía, en el capítulo de operaciones policiales y judiciales contra el independentismo, como las de la llamada policía patriótica.

En principio, el Gobierno considera que este caso y el de Laura Borrás, expresidenta del Parlament y dirigente de Junts, condenada por corrupción, no caben en la futura norma.