Por segunda vez consecutiva, José Manuel Albares ha acudido de forma extraordinaria a la reunión de ministros de Asuntos Europeos de los 27 para defender personalmente el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE, uno de los "pagos adelantados" que exige Carles Puigdemont a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.
En un intento de superar las reticencias de la mayoría de sus socios, el ministro de Exteriores ha repetido que España se hará cargo de todos los costes de la operación y ha pedido a sus homólogos tratar al catalán como un "caso único" en la UE.
Sin embargo, los argumentos de Albares siguen sin convencer al resto de los socios de la UE. El ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz, se ha quejado de la "falta de preparación y de discusiones previas" cuando se planteó la petición de España en septiembre. La "mayoría de países" compartían entonces las "mismas dudas" de Finlandia sobre el impacto jurídico, económico y práctico del reconocimiento del catalán, asegura.
Desde la anterior reunión celebrada el 19 de septiembre, España no ha remitido a sus socios ninguna documentación adicional y la única vez que ha hablado sobre el tema con Albares fue en la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada en Murcia el pasado 28 de septiembre, ha dicho Adlercreutz. "Espero recibir todas las respuestas hoy", ha señalado.
A su llegada a la reunión en Luxemburgo, Albares ha explicado que trae a sus homólogos dos elementos nuevos. En primer lugar, su intención es "formalizar la propuesta española de que el coste íntegramente corra a cargo de España", aunque no ha dado ninguna cifra. Además, el ministro de Exteriores ha anunciado que defenderá que "esta reforma se circunscribe exclusivamente a España".
De este modo, Albares trata de responder al temor expresado por varios Estados miembros de que el reconocimiento del catalán provoque un efecto contagio, es decir, que otras lenguas regionales europeas exijan el mismo estatus en la UE.
El ministro de Exteriores alega que las lenguas cooficiales españolas son "un caso único dentro de la UE", porque están reconocidas en la Constitución, se utilizan tanto en el Congreso como en el Senado y tienen acuerdos administrativos con "prácticamente todas" las instituciones europeas (salvo el Parlamento Europeo).
Albares ha hecho valer además que el el catalán "supera los 10 millones de hablantes", una cifra "muy superior a la mayoría de los idiomas que van a estar hoy representados en torno a la mesa del Consejo". Finalmente, el ministro asegura que "los Tratados de la UE también avalan nuestra propuesta", porque reflejan "el respeto de la identidad nacional de cada país" y recogen como objetivo la protección del multilingüismo.