Este miércoles, el Partido Popular acudió a la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados con un escrito bajo el brazo: o la presidenta Francina Armengol convocaba la Junta de Portavoces para la semana que viene, en un plazo de 48 horas, o tomaría las "acciones que corresponden en derecho". 

Acción-reacción. La presidenta de la Cámara, en el plazo fijado por el PP en su ultimátum, ha comunicado que el órgano en el que se ordena el trabajo parlamentario finalmente se reunirá el próximo 3 de noviembre. Se trata de un paso previo imprescindible para que se reanude la actividad en el Hemiciclo, prácticamente parada desde que se constituyeron las Cortes el 17 de agosto. 

En la Junta del próximo viernes, los grupos votarán iniciativas que aguardan en un cajón, como las solicitudes de comparecencia ante el Pleno que reclama el PP: la de Pedro Sánchez, para informar del último Consejo Europeo; la del ministro del Interior, por la crisis migratoria en Canarias, y la del titular de Exteriores, con motivo de la guerra en Israel. 

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Desde el equipo de la presidenta del Congreso niegan a EL ESPAÑOL que esta decisión de convocar la Junta obedezca a la presión que ha ejercido el PP en las últimas semanas, con protesta incluida de los diputados populares frente a la escalinata del Congreso. "No se hace por una cuestión de presión del PP, el único ultimátum que podría hacer sería el de un recurso de amparo ante la Mesa, que ya se ha pedido", aseguran. 

Según la versión del entorno de Armengol, ya estaba previsto que se celebrase la Junta el próximo viernes, entre otras cosas porque hay que poner en marcha cuestiones de intendencia, como el acuerdo para constituir las comisiones parlamentarias. Aunque el PP insiste en que Armengol no trasladó el miércoles esta previsión cuando los diputados populares en la Mesa amenazaron con tomar acciones legales si se postergaba la convocatoria de la Junta, que lleva más de un mes sin reunirse. 

El Congreso, parado 5 meses

Desde finales de mayo, cuando se adelantaron las elecciones, el Congreso permanece cerrado, en parte por el tiempo en el que las Cortes han estado disueltas. Pero la legislatura empezó hace más de dos meses y sólo se han celebrado dos plenos hasta la fecha: uno para reformar el Reglamento e introducir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara y otro para debatir la investidura de Feijóo. 

Por lo demás, todavía no está fijado siquiera el calendario de sesiones para lo que resta de año, ni se han constituido las comisiones de trabajo, donde se desarrolla el grueso de la actividad legislativa. Tampoco se ha celebrado ninguna Sesión de Control al Gobierno, cuando hace años el Tribunal Constitucional, como consecuencia de un recurso del PSOE, sentenció que el hecho de estar en funciones no exime al Ejecutivo del control parlamentario. 

Fuentes del Congreso descartan reanudar los Plenos de control al Gobierno hasta que antes sucedan dos pasos previos: que la Mesa fije un calendario de sesiones y los grupos acuerden el cupo de preguntas que corresponderá a cada uno. Todo apunta a que ambas cuestiones no se resolverán hasta después de la investidura de Pedro Sánchez.