La amnistía también 'borrará' los delitos de los espías rusos de la 'Unidad 29155' del GRU en el 1-O

El "president Carles Puigdemont" es interlocutor privilegiado del PSOE para armar la mayoría que necesita el presidente en funciones para su reelección. Pero hace sólo seis años, con quien se reunía era con emisarios de Vladímir Putin en el Casal dels Canonges, residencia oficial del president de la Generalitat, para pedirle a Moscú su apoyo a la independencia.

Así lo recogen documentos del Parlamento Europeo: una votación en pleno, las conclusiones de dos comisiones especiales sobre injerencias extranjeras y el documento El Caso Pegasus. Una revisión crítica del informe 'CatalanGate' de Citizen Lab, en su página 144.

Y lo corrobora con datos y pruebas gráficas la investigación independiente del OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Porject).

Bajo el título Impulsando la secesión y prometiendo Bitcoins: cómo un operador ruso instó a los líderes catalanes a romper con Madrid, esta organización incluso le puso nombre al enviado de Moscú, Nikolai Sadovnikov, y a los agentes que prepararon el terreno, los integrantes de la llamada Unidad 29155 del GRU, siglas en ruso del Departamento Central de Inteligencia de Moscú.

Nikolai Sadovnikov, el "enviado de Putin" que se reunió con Puigdemont en la víspera de la DUI. OCCRP

Según fuentes independentistas, la "futura ley de amnistía", anunciada este martes por la noche, borrará "todas las causas de los represaliados políticos con causas penales, civiles, contables y administrativas relacionadas con el proceso de emancipación nacional".

Y entre ellas, el probado "contacto estrecho y regular entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España" que la Eurocámara exige "una investigación en profundidad", según las conclusiones de la Comisión INGE2, publicadas este lunes en Bruselas.

Porque, sostiene el Parlamento Europeo, implican a espías relacionados con asesintaos, sabotajes y guerra híbrida en otros Estados miembros de la UE y aliados de la OTAN "dentro de la estrategia más amplia de Rusia para aprovechar todas y cada una de las oportunidades para [...] promover la desestabilizacion" de Occidente.

La 'Unidad 29155'

Hoy, Puigdemont todavía es un prófugo de la Justicia, con una orden de busca y captura por delitos de desobediencia y malversación, aunque se mueve libre por cualquier territorio que no sea español. El expresident aún recibe emisarios, ahora en su palacete de Waterloo, o en el despacho con la gran foto de la urna del 1-O. Últimamente, a los del presidente en funciones, porque es el PSOE el que hoy pide su apoyo. Y él, a cambio, ha exigido su amnistía.

Pero aquel 26 de octubre de 2017, no lideraba Junts sino el PDeCAT y era aún president de Cataluña. Era la víspera de la Declaración Unilateral de Independencia cuando un agente ruso le ofreció el apoyo de Moscú a la secesión de Cataluña, como culminación del trabajo previo de desestabilización y espionaje de sus colegas de la Unidad 29155 del GRU.

El nombre de este grupo aparece en las investigaciones independientes del OCCRP y de Bellingcat, otra web de periodismo de investigación especializada en verificación de hechos y de Inteligencia procedente de fuentes abiertas.

Esta última publicación incluso los identificó por sus nombres: Denis Serguéiev (alias Serguéi Fedótov), Alexey Kalinin y Mijaíl Opryshko. Y los ubicó no sólo en Cataluña, entre 2016 y 2017, sino en otras operaciones de infiltración en democracias occidentales. 

Imágenes del espía ruso Serguéi Fedótov en un documental. E.E.

Esa unidad de élite, más que de espías debería llamarse de ejecutores expertos en operaciones de sabotaje, subversión y asesinato, según las investigaciones de los servicios secretos europeos que citan las fuentes.

La 29155, por ejemplo, está relacionada con la explosión en un depósito de armas en República Checa que mató a dos personas en octubre de 2014; con el envenenamiento de Sergei Skripal, un exespía ruso que fue agente doble de la inteligencia británica, y de su hija Yulia, en 2018; o el intento de golpe de Estado en Montenegro en 2016, destinado a evitar que el país se alineara con la OTAN.

Pues bien, mientras en España estaba ese tal Fedótov -y según desveló OCCRP el 9 de mayo de 2022-, el expresident hoy fugado de la Justicia española, se citaba, entre otros, con el citado Nikolai Sadovnikov. Los líderes independentistas catalanes se referían a él en privado como "el enviado de Putin" para terminar el trabajo.

No hace, pues, ni un año y medio desde que se demostró toda esta conexión rusa del procés. Y aunque por entonces el Kremlin ya estaba embarcado en la invasión de Ucrania, la oficina de Puigdemont no tardó en reconocer la cita y sus detalles: que efectivamente, tuvo lugar aquel 26 de octubre de 2017 y que se celebró en la residencia oficial del president. 

Según explicó un portavoz de aquel Govern a la Agencia Catalana de Noticias, Puigdemont rechazó los ofrecimientos por "inconvenientes y poco creíbles". 

Sin embargo, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre citaba, esa misma tarde, declaración a Víctor Terradellas, presidente de la Fundación CatMON y enlace del político catalán con Sadovnikov. Y su declaración añadió más elementos: el emisario ruso llegó a proponer, en aquella reunión, la celebración de una videollamada entre Puigdemont y Putin.

Todas estas piezas inconexas encajaron como un puzle perfecto con lo descubierto por el juez: como parte de su investigación, en octubre de 2020, la Policía había detenido a 21 personas, incluido el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

En el teléfono de Alay la Policía halló mensajes cruzados con el expresident; su abogado, Gonzalo Boye; y dos agentes rusos: un alto funcionario y un empresario. Las conversaciones dejaban en claro que los impulsores del 1-O estaban decididos a asegurarse el apoyo de Rusia al independentismo.

Y ahora, en este noviembre de 2023, la amnistía que acuerdan el equipo de abogados liderado por Boye con los asesores de Moncloa, amenaza con borrar el rastro de la implicación rusa en la desestabilización de España. Y con ella, el rastro de esta Unidad 29155, implicada en el intento de secesión catalana, lo que debilitará la lucha de la UE en defensa del Estado de derecho, según un experto en geoestrategia, que prefiere mantenerse en el anonimato.

La imagen de España

Hace unos días, este periódico publicaba una entrevista con Paulo Rangel, vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. El político y jurista portugués advertía de la "línea roja" que cruzará nuestro país con la amnistía, "si se concreta". Y señalaba que no sólo "la imagen de Pedro Sánchez ha cambiado" en la Unión desde que inició esa negociación, sino que en la UE "hay preocupación creciente con la deriva del Estado de derecho en España".

De ello son testigos los cuatro informes publicados, cada mes de julio desde 2020, por la Comisión, crecientemente críticos con la división de poderes y su independencia en nuestro país. Y, como ya se ha dicho más arriba, las conclusiones de las comisiones especiales del Parlamento Europeo sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (INGE).

Otras fuentes expertas en ciberseguridad advierten a EL ESPAÑOL, también bajo condición de anonimato, de que "la credibilidad española con sus aliados se verá perjudicada" por la amnistía.

"EEUU no se mete en cuestiones de política interna", añade este especialista. "España es un aliado leal, pero pequeñito y sin posición geoestratégica propia, así que no será reprendida en público. Pero el castigo puede venir por la vía diplomática: sometiendo nuestros intereses ante los de otros actores", como por ejemplo Marruecos.

"Ante nuestros aliados y socios, no podemos tener buena reputación con lo que estamos representando en política exterior en general", apunta una fuente española en la UE, preguntada por si hay preocupación en las instituciones europeas con la amnistía.

Y añade más: "Esto incluye también la banalización de la Presidencia con el asunto de la oficialidad en la UE de lenguas cooficiales o el cese de la directora del CNI", Paz Esteban, ahora imputada por un juez de Barcelona por el presunto espionaje a Pere Aragonès.

La Eurocámara primero denunció y luego acreditó, hasta en tres ocasiones, estas conexiones rusas con el procés independentista catalán. Este lunes se publicaron las conclusiones de la Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación, y sobre el Refuerzo de la Integridad, la Transparencia y la Rendición de Cuentas en el Parlamento Europeo. En ellas, se recoge textualmente lo siguiente:

"El Parlamento Europeo [...] expresa su preocupación por las conexiones de Rusia con varios partidos políticos y políticos de la Unión y su amplia injerencia en movimientos secesionistas en los territorios europeos y en la Unión, como en Cataluña, donde se insta a las autoridades pertinentes a que lleven a cabo una investigación exhaustiva, y sugiere que el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, situado en Helsinki, lleve a cabo un estudio de este caso concreto".

La investigación

La propia Audiencia Nacional abrió una investigación sobre estas conexiones rusas en 2019 por el magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6, dentro del expediente del llamado Tsunami Democràtic. Sus diligencias fueron enviadas a la Audiencia de Barcelona, al no poder hallar "pruebas con peso jurídico" para relacionar a los espías rusos, según una fuente concedora del caso.

Se han publicado audios, procedentes de la investigación, en los que los propios implicados reconocían estas reuniones y viajes a Moscú y Ginebra de Josep Lluís Alay o Elsa Artadi. Y otros lo han testificado ante instancias judiciales.

Pero "si España borra todo lo que ocurrió, se perderá una pata de esa investigación sobre cómo agentes extranjeros, chinos y sobre todo rusos, tratan de desestabilizar la Unión", avisa el eurodiputado Jordi Cañas. Es decir, "dejará de poder investigarse la desinformación, los convenios firmados, las conexiones y reuniones ya acreditadas en Moscú, Ginebra y Barcelona entre emisarios rusos y los líderes independentistas" por la vía española.

Portada del informe 'El caso Pegasus. Una revisión crítica del informe 'CatalanGate' de Citizen Lab'.

Y eso quiere decir, por ejemplo, perder la oportunidad de que judicialmente se demuestre que "eran, como sospechamos, los mismos espías que viajaron a Barcelona y los que, meses después, trataron de matar a Skripal y a su hija", envenenándolos con el gas nervioso Novichok, en Salisbury (Reino Unido). 

Cañas fue el impulsor del citado informe El Caso Pegasus. Una revisión crítica del informe 'CatalanGate' de Citizen Lab, un documento de 237 páginas firmado por José Javier Olivas Osuna, investigador principal del ICPPS, profesor de la UNED y coordinador del proyecto de investigación Debatiendo Brexit a nivel local: un estudio comparativo de métodos mixtos.

El texto recoge cientos de referencias y pruebas documentales sobre las conexiones rusas del 1-O y desmonta el caso CatalanGate. Demuestra el poco rigor de la investigación en la que se basa el independentismo para presentar a España como un "Estado represor" y el sesgo de sus pruebas evidenciando la ocultación de la intervención de Moscú, que "junto a otras potencias, también podría haber estado interesado en investigar a los protagonistas de lo que estaba pasando en Cataluña" durante el procés. 

Rusia y las criptomonedas

La operación del procés se diseñó y ejecutó con viajes de al menos esos tres agentes del GRU citados, financiación de campañas de fake news, alojamiento de webs secesionistas en servidores rusos, amplificación de mensajes en la cadena RT, la agencia Sputnik y en las redes, a través de bots.

También, activando a dos operativos "de prestigio", como Julian Assange y Edward Snowden, repentinos promotores del "futuro político de la Cataluña independiente" en 2017 y 2019. Y de cuyo interés nunca más se supo tras la crisis, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la sentencia condenatoria a los que no huyeron de España.

La Rusia de Putin llegó a ofrecer, según palabras de algunos de los más cercanos a Puigdemont -en grabaciones interceptadas por servicios secretos aliados- y tal como investigan los tribunales, hasta 10.000 soldados y 500.000 millones de dólares de financiación... eso sí, en forma de Etherums: porque el interés de Moscú estaba en que "la Cataluña libre" se convirtiera en una especie de paraíso fiscal de las criptomonedas.

Concretamente, de esa tecnología, Etherum, ideada por Vitalik Buterin. Este joven genio ruso-canadiense lanzó al mercado su proyecto en julio de 2015, para no sólo competir con la Bitcoin, la criptomoneda más famosa y rentable hasta el momento. También para, basándose en el blockchain, ofrecer un servicio de cadenas de código que sirven de almacén descentralizado y encriptado de todo tipo de información y documentos. 

Es decir, "el paraíso de los espías en el siglo XXI", según fuentes que operan en la ciberseguridad española. Todo eso quedará borrado con la ley de amnistía.

La geoestrategia

Y eso es clave para entender el papel de Rusia en el procés, que siguió a la financiación de las campañas de fake news en el Brexit, en la primavera de 2016; al ciberataque a los servidores del Partido Demócrata en las elecciones estadounidenses, en el otoño de 2016; y a la intervención en las elecciones holandesas de marzo de 2017.

"Esos bots rusos, una vez denunciados, desconectaron de Cataluña y comenzaron una campaña en favor de Rodrigo Duterte, y su régimen antiamericano en Filipinas", detalla el experto en ciberseguridad citado más arriba. "Las mismas técnicas de hacking y desinformación que se han usado en Cataluña se detectaron en Ucrania, y ahora en Gaza".

El 'número dos' de Hamás, Musa Abu Marzuk, reunido con el viceministro de Exteriores de Rusia, Mijail Bogdanov, en Moscú. E.E.

En los últimos años, Ismail Haniya, líder de Hamás, ha visitado al menos tres veces a Putin. Y el pasado jueves, era Musa Abu Marzuk, número dos del grupo terrorista islámico, el que se reunía con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mijail Bogdanov, en Moscú.

"Con el húngaro Victor Orbán debilitado tras el cambio de Gobierno en Polonia, no me extrañaría que los ojos de la Unión se volvieran a España", apunta otro especialista en ciberseguridad. "España juega en una liga menor en la geopolítica" en comparación con Francia, Alemania o Reino Unido, "pero Bruselas podría conminar a Washington para que, de manera directa o indirecta, le diera un toque de atención a Madrid".

Pero lo cierto, es que la colaboración de España y EEUU en este campo es "muy real, muy intensa y poco pública", explican fuentes diplomáticas, que no advierten cambios de momento. Se despliega tanto en la lucha contra la desinformación como contra el terrorismo, el narco, la ciberseguridad y la desinformación. "Los canales siguen abiertos al máximo nivel" y además, la agenda ideológica de la administración de Joe Biden cuadra con la de Pedro Sánchez.

"A nivel político, no creo que haya problemas", concluye el experto en geoestrategia, "otra cosa es que el aparato de seguridad estadounidense sí mire ahora al Gobierno español con más suspicacia", añade.

Porque, con la ayuda rusa, "en 2017 con la DUI y en 2019 tras la sentencia no sólo se puso en riesgo la unidad de España, sino la seguridad de un país grande de la UE... se tomaron aeropuertos, se cortaron fronteras y vías férreas, se montaron barricadas en Barcelona y se atacó un helicóptero de los Mossos. Todo pudo acabar en un episodio violento".