El PSOE ha aceptado condonar 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat, negociar un sistema de financiación específico para el Govern de Pere Aragonés y pactar un referéndum en el que el "pueblo catalán" pueda ratificar un nuevo "marco político" para su región.
Estas son algunas de las concesiones que ERC ha arrancado a los socialistas, a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente. En cambio, la cúpula de Junts —reunida esta tarde de forma telemática por Puigdemont desde Bruselas— no da por cerrado el acuerdo y pretende seguir negociando mañana viernes.
Según documento firmado este jueves en Barcelona por el ministro Félix Bolaños y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el Gobierno de Pedro Sánchez "reconoce la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña, de naturaleza eminentemente política".
[El PSOE acepta negociar un nuevo 'marco político' que apruebe en referéndum 'el pueblo catalán']
Este conflicto, especifica el texto del acuerdo, "tiene como base tanto las diferentes concepciones de la soberanía" por parte de los actores implicados, como "la existencia de mayorías parlamentarias y aspiraciones políticas contrapuestas en Cataluña y en el conjunto de España".
El documento lo explica con otras palabras: el "conflicto político" responde a un choque entre la legitimidad de la Constitución y la legitimidad democrática del Parlament (que proclamó la independencia de Cataluña tras el referéndum del 1-O), tal como ha explicado en la rueda de prensa posterior Oriol Junqueras.
Oriol Junqueras durante la rueda de prensa tras pactar el acuerdo de amnistía con el PSOE.
La sentencia del Tribunal Constitucional que recortó algunos artículos del Estatut catalán en 2010, indica el documento firmado por Bolaños y Junqueras, "llevó el debate a una situación de conflicto en el que convivían distintas legitimidades que operaron en direcciones opuestas: una legitimidad parlamentaria y popular con una voluntad manifiesta concretada en ese texto [el Estatut] y una legitimidad institucional y constitucional, ambas imprescindibles en una democracia avanzada y en un Estado de Derecho".
La amnistía pactada ahora entre ambos partidos (que sólo aparece mencionada dos veces en las 14 páginas del documento) permitirá "culminar la desjudicialización" del conflicto, un proceso que se inició en la pasada legislatura con los indultos a los condenados del 1-O por el Tribunal Supremo (entre ellos, el propio Junqueras).
El PSOE se compromete ahora a impulsar la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central, cuyos acuerdos deberán ser "refrendados por el pueblo catalán", dice el documento firmado por Bolaños y Junqueras. Algo que "contribuirá a cerrar una cuestión pendiente, contribuir a cumplir una demanda amplia, sólida y transversal mantenida a lo largo del tiempo y favorecer un consenso sobre el futuro de Cataluña".
Es decir, no se trata necesariamente de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, sino de permitir que el "pueblo catalán" ratifique en referéndum los acuerdos que adopte la Mesa de Diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez.
El documento firmado este jueves en Barcelona señala que la propia Mesa de Diálogo también deberá abordar "el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán".
El PSOE también ha aceptado poner en marcha, en el primer trimestre de 2024, una comisión bilateral ente la Generalitat y el Gobierno central para negociar una mejora de la financiación de Cataluña que garantice "la suficiencia de sus servicios públicos".
[Gobierno y Generalitat pactarán la financiación de Cataluña al margen del resto de las autonomías]
Los socialistas quiebran de este modo el principio de igualdad entre españoles, al aceptar negociar un sistema de financiación específico para Cataluña, al margen del resto de comunidades autónomas.
El acuerdo ya incluye los primeros pasos: el Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a condonar 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat. Esta cifra equivale al 15% de la deuda que el Govern de Pere Aragonés tiene contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Govern se ahorrará así cerca de 1.300 millones de euros en intereses de la deuda.
Esto permitirá, según ha detallado Félix Bolaños en rueda de prensa en la sede del PSC, que la Generalitat pueda volver a financiarse en los mercados. El ministro de Presidencia ha especificado que se hará extensivo a las comunidades autónomas de régimen general el mecanismo de condonación de una parte de la deuda del FLA.
Según consta en el acuerdo, al cierre de 2020 el Ejecutivo de Pere Aragonés tenía una deuda pública de 84.518 millones de euros, de los cuales 71.306 millones correspondían a la deuda contraída por el Estado.
Inversiones en Cataluña
El PSOE también ha aceptado crear otra comisión que estudiará fórmulas para "poner al servicio de las políticas públicas y actividades de la Generalitat" una parte de los inmuebles ubicados en Cataluña que actualmente son de titularidad del Estado.
El Gobierno de Pedro Sánchez permitirá asimismo al Govern de Pere Aragonés ejecutar, mediante "encomiendas de gestión", las inversiones del Estado en Cataluña que no tengan carácter estratégico.
En el acuerdo firmado este jueves en Barcelona, el PSOE se compromete a traspasar al Ejecutivo autonómico otras partidas para financiar "algunos servicios singulares" de la Generalitat, como los Mossos d'Esquadra o la Administración de Justicia.
Aunque esta cifra no aparece estampada en el acuerdo difundido por el PSOE, Oriol Junqueras ha asegurado que los socialistas se han comprometido a traspasar 1.600 millones de euros hasta el año 2030 para facilitar el despliegue de los Mossos.
Los Mossos
El documento suscrito indica que así se podrá ampliar en 3.739 agentes la plantilla de la Policía autonómica, hasta alcanzar los 22.006 efectivos (frente a los 18.267 actuales).
El Gobierno central también cederá otra partida de 150 millones a la Generalitat para impulsar la investigación científica, así como otras cifras (que no aparecen cuantificadas en el documento) para financiar los servicios penitenciarios y la creación de nuevos órganos judiciales en Cataluña.