El PSOE dice que el 87% de sus bases da carta blanca a Sánchez, pero Puigdemont bloquea la investidura

Vía libre para pactar con Sumar y cheque en blanco para los acuerdos con Junts y ERC, cuesten lo que cuesten. Es el resumen que se extrae de la consulta que durante una semana ha llenado todos los buzones de la sede del PSOE, una especie de plebiscito para legitimar una reedición del Gobierno al precio que sea, por la vía rápida y sin mencionar ninguna de las medidas clave de la negociación. El resultado, dicen desde Ferraz, ha sido arrollador: ha votado un 63,4% de los militantes, una cifra similar a lo ocurrido con los pactos con Podemos en 2019, y un 87,1% ha dicho sí.

Pedro Sánchez ya había atravesado el Rubicón el sábado pasado, cuando anunció al Comité Federal del PSOE su intención de aprobar una amnistía a los encausados del procés a cambio de reeditar el Gobierno —"hay que hacer de la necesidad virtud", dijo ante sus barones— sin contar todavía con el aval de la militancia, que es vinculante y obligatorio. La idea era agilizar los tiempos todo lo posible, registrar la ley el jueves y presentarse a la investidura la semana que viene.

Con lo que no contaba Sánchez era con que Carles Puigdemont rompiera amarras de la noche a la mañana, insatisfecho con un acuerdo político que distaba mucho del "compromiso histórico" que proclamó el 5 de septiembre desde Bruselas. A primera hora de la tarde del jueves, el expresident canceló una rueda de prensa en la que iba a anunciar dicho acuerdo y que se solapaba con otras dos comparecencias, la del PSOE y la de ERC, para anunciar su propio pacto.

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La cancelación de aquella rueda de prensa evidencia la inmensa distancia que separa a Junts de sus rivales de ERC, siempre compitiendo por ver quién llega más lejos en sus acuerdos con el Estado.

Puigdemont, en concreto, es especialista en negociar al límite y en buscar los focos de este tipo de reuniones, más aún después de llevar años fuera de la primera línea de la política y, de pronto, verse en el centro de la agenda y la gobernabilidad de España.

Que el expresident iba a ser un hueso duro de roer se sabía desde las elecciones de julio, cuando desde el partido se afanaron en repetir que sus votos no serían gratis. De momento, los socialistas creen que la investidura no está en riesgo, pero la fecha límite para formar Gobierno se acerca y Puigdemont sigue bloqueando la investidura. En su entorno dicen que no tiene prisa y que, "cuando las cosas están cerca, keep calm", en palabras de Toni Comín.

Un nudo en la amnistía

El nudo gordiano de las negociaciones sigue siendo, o siempre ha sido, la amnistía y su alcance legal. Concretamente, dos párrafos en la parte central del texto que no terminan de cerrarse y que abrirían la puerta a exonerar a Laura Borrás, Gonzalo Boye y Josep Lluís Alay, cuyos delitos no tuvieron que ver con el procés independentista. El PSOE se niega a admitirlos y Junts se cruza de brazos, pero todo pinta más a retraso que a ruptura.

Una muestra de que el desconcierto es más o menos palpable a ambos lados de la mesa fue la ciclotímica jornada del viernes en Bruselas, convertida en cuartel general de Junts, en la que los políticos de ambos partidos se cruzaban en el Parlamento Europeo sin entender qué estaba pasando.

Por ahí andaban Puigdemont, Míriam Nogueras y el jefe de los negociadores socialistas, Santos Cerdán, sin quedar claro si se estaban reuniendo o no. En algún caso, ni siquiera en sus equipos lo tenían claro, pero lo cierto es que se llegó al sábado sin tocar una sola coma.

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En el PSOE, sobre todo, son inflexibles sobre ceder un metro más, y achacan el bloqueo de las negociaciones a la "guerra" entre Junts y ERC por ver quién de los dos pasa antes por debajo del futbolín. Frases como "necesitan casito", "afán de protagonismo" o "teatrillo" para referirse a los independentistas son habituales en las conversaciones privadas con los portavoces de Ferraz.

A pesar del actual nudo en el texto de la ley, fuentes de la negociación aclaran que, a día de hoy, la amnistía será más extensa de lo planeado inicialmente y afectará a cientos de personas, incluidos los CDR y el caso Tsunami Democràtic. Para los socialistas ha sido especialmente complicado redactar estos apartados. 

Dato clave y difícilmente casual: el mismo día que se anunciaron estas dos adhesiones, la Audiencia Nacional dictó la apertura de juicio oral a una docena de cdr y la Guardia Civil entregó su informe del caso Tsunami, situando como "coordinadora" del grupo a Marta Rovira, secretaria general de ERC. 

El último paso

A todo esto y a todo lo que está por venir, sea lo que sea, ha votado sí la militancia socialista. La pregunta a la que han respondido esta semana los afiliados del PSOE no mencionaba la ley de amnistía, sino que se limitaba a plebiscitar: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

Sin frenos ni horizonte temporal más que el 27 de noviembre, corren los nervios entre el PSOE y todos los aliados con los que ya ha firmado acuerdos de investidura. La repetición electoral sigue siendo tabú, ya que a nadie le conviene, pero todos asumen que los tiempos ahora los marca Puigdemont.

La carta blanca de la militancia era, en los planes de Sánchez, el último paso antes de que el resto de socios parlamentarios fuesen cayendo "en cascada" después de Junts. Si todo seguía su curso, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, podría organizar una investidura entre el 8 y 9 de noviembre, antes del Congreso del Partido Socialista Europeo y después de registrar la ley de amnistía, prevista para el martes. 

Mucha prisa se tendrían que dar.