El acuerdo sellado entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez ha reabierto el debate de la financiación autonómica por un epígrafe: la propuesta de que el Estado asuma un 20% de la deuda que tiene contraída Cataluña, unos 15.000 millones de euros. Esta medida se llevaría a cabo a través de una modificación legal "de alcance general para todas las Comunidades Autónomas".
De esta forma, los socialistas pretenden generar una revuelta entre las doce regiones y dos ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que termine poniendo contra las cuerdas a Alberto Núñez Feijóo. Porque en Ferraz cunde la idea de que algunos de sus barones querrán beneficiarse de la quita y otros, como Isabel Díaz Ayuso, cuya región no acumula ninguna deuda con el Estado, la rechazarán.
Al respecto, Cuca Gamarra pidió no caer en la "trampa" de pensar que Sánchez busca mejorar la financiación de las comunidades. "Es una cesión a un partido concreto", enfatizó. La directriz que ha dado el PP a sus territorios es que, por ahora, ninguno tenga la tentación de ponerse a la cola detrás de Cataluña. De ahí que los barones se hayan limitado estos días a criticar en cascada los privilegios al independentismo.
"Lo que necesitan las comunidades es una financiación adecuada, no que les condonen la deuda", recalcan fuentes de Génova a EL ESPAÑOL, que recurren a un ejemplo para justificar el rechazo a la quita acordada entre Sánchez y Junqueras: "Si un padre perdona por igual a dos de sus hijos, beneficiará más al que más se ha endeudado".
Aunque para el PP, lo más grave de la capitulación del PSOE con ERC es la creación de una "comisión bilateral" entre el Estado y la Generalitat para abordar "jurídica y económicamente" cuestiones como "una financiación adecuada". Esto, censuran los populares, es poco menos que crear "ciudadanos de primera y de segunda". O, mucho peor: "Es corrupción política, es comprar votos con el dinero de todos".
El Consejo de Política Fiscal
Y aunque el Gobierno ofrezca una negociación bilateral a cada comunidad autónoma para estudiar una quita de la deuda, el PP sigue rechazando el planteamiento. Porque seguiría habiendo un agravio entre comunidades: "Si condonas un porcentaje de la deuda generada, estás premiando a la comunidad más endeudada, la que peor lo ha hecho", remarcan las citadas fuentes.
Además, en el equipo de Feijóo consideran que lo acordado para la investidura de Sánchez no es más que "un pequeño parche de un proceso de ruptura". Porque cualquier reforma de la financiación catalana no se llevará a cabo en un marco en el que también participen el resto de comunidades del Estado. Se negociará en una mesa aparte.
Por eso el PP aboga por la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde el Ministerio de Hacienda y todas las comunidades autónomas deben abordar de forma conjunta la reforma del sistema, obsoleto desde 2014. En los cinco años que Sánchez lleva al frente del Gobierno ha ido retrasando el debate sine die, aunque hasta hace meses eran sus propios barones los que pedían atajaer el problema.
Antes del 23-J, el líder de los populares, en clave interna, esbozó una las líneas maestras con los cambios que él ofrecería a todos los territorios en caso de llegar a la Moncloa para satisfacer sus demandas económicas. Pero, como todo apunta a que seguirá en la oposición, no le corresponde a él poner sobre la mesa las soluciones, zanjan en su entorno: "El que tiene que hacer la propuesta es el que gobierna, que es el que tiene la posibilidad".
El plan de Feijóo
Lo que sí recalcan desde Génova es que, lejos de lo que dice Moncloa de que las comunidades gobernadas por el PP tienen posiciones contrapuestas en el modelo de financiación, sus barones sólo necesitarían iniciar una negociació, "con las cartas boca arriba", para poder lograr un entendimiento. "Serían capaces, sin ninguna duda", aseguran en la cúpula, recordando que Aznar consiguió unanimidad cuando gobernó.
Mientras tanto, el PP reclama al Gobierno que apruebe un "fondo transitorio temporal" antes de que se empiece a perfilar el nuevo sistema. Se trata de un mecanismo que corregiría algunos desequilibrios que llevan años lastrando a regiones como Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha, las peor financiadas; y compensaría también al resto de territorios. "Con una partida extra se equilibrarían las cuentas y se calmaría a todas las comunidades".