El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha contestado a la carta enviada por el comisario de Justicia, Didier Reynders, en la que éste expresaba sus "serias preocupaciones" por la futura ley de amnistía que ha acordado el PSOE con ERC y ha cerrado en una larga negociación estos días con Junts, en Bruselas. Además, le recordaba al Gobierno que no ha "avanzado nada" en la renovación del CGPJ ni en "la reforma de la ley para la elección de sus vocales".
Bolaños lo ha hecho pocas horas después conocer la misiva "por los medios de comunicación", y ésta es la primera queja ante el comisario del también jefe negociador de Pedro Sánchez para lograr su investidura. La misiva estuvo antes en este periódico que sobre su mesa.
La segunda consiste en recordarle que "de los dos asuntos" por los que le pregunta, "ninguno de ellos corresponde al ámbito de decisión del Gobierno de España, pues ambos habrán de tramitarse y resolverse en las Cortes Generales". A pesar de que es él quien negocia la amnistía con los partidos independentistas catalanes, y la renovación del CGPJ con el Partido Popular. [Consulte aquí la carta de Bolaños en PDF]
Fuentes del Ejecutivo y del PSOE ya habían confirmado a este diario la perplejidad con la que se había recibido la carta: "Pide información de una ley que no existe", apuntaba un ministro. "El Ejecutivo no conoce esa norma, el comisario equivoca el tiro, porque es cosa del legislativo".
La carta desde Bruselas a Bolaños y a la titular de Justicia en funciones, Pilar Llop, había sorprendido al acabar la tarde de este miércoles. No es habitual que un comisario europeo entre en "asuntos internos" de un Estado miembro, y mucho menos en casos como éste, en el que se trata de una ley que ni siquiera está en tramitación parlamentaria.
Eso, según las fuentes consultadas en el entorno de la Comisión y de la Eurocámara "da la medida de la gravedad del asunto" para el Ejecutivo comunitario. Reynders había expresado en la carta la "seria preocupación" que le suscitaba un "asunto tan relevante" como concederle la amnistía a un grupo de políticos que pusieron en juego el Estado de derecho de un Estado miembro de la UE.
Pero Bolaños, a pesar de que fue él mismo el que firmó el acuerdo con Oriol Junqueras sobre "la futura ley de amnistía" y el resto de condiciones para que Esquerra Republicana entregue sus votos a Sánchez en la investidura, se desmarca de cualquier iniciativa sobre la norma.
En la carta, el ministro alega al comisario que si hay ley de amnistía, no será una iniciativa del Consejo de Ministros. De hecho, se permite recordarle que "de acuerdo al artículo 101 de la Constitución Española y el artículo 21 de la Ley del Gobierno", el Ejecutivo está "en funciones, lo cual le impide remitir a las Cortes Generales proyectos de ley".
En todo caso, Bolaños se muestra "encantado de trabajar conjuntamente con la Comisión Europea, informarle de cuantas cuestiones deseen conocer y, por supuesto, facilitarle toda la información que precise". Por eso, párrafos más abajo añade que "en caso de registrarse una proposición de ley de amnistía, tenga la seguridad de que le explicaremos a usted y a la vicepresidenta Věra Jourová todos los detalles de esa ley, así como la posición de nuestro Gobierno".
El PP, responsable
En su carta al Gobierno de España, Reynders se muestra "seriamente preocupado" no únicamente por la posible amnistía a Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, sino por la afectación que ésta podría tener a "los valores de la Unión", sugiriendo un posible ataque al Estado de derecho.
El titular de Justicia, de hecho, es el comisario responsable de los informes anuales que, cada mes de julio, evalúan a cada uno de los Estados miembros en esta materia.
En todos ellos, desde el año 2020, cuando se comenzaron a publicar, España ha suspendido, con crecientes "preocupaciones" y "recomendaciones no atendidas", como refleja Reynders en su carta. Algunas, más generales, son la "falta de independencia" de la Fiscalía o la deficiente "separación de poderes" en nuestro país.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en Moncloa, en julio de 2022.
Pero las dos más graves son el bloqueo de la renovación del CGPJ, "en la que no se ha registrado ningún avance", y la reforma de la ley para la elección de sus vocales jueces, "que debe atenerse a los estándares europeos". Es decir, que éstos deben ser elegidos "directamente por sus pares" jueces, sin interferencia del poder político.
A este respecto, Bolaños responde que todo radica en "un grave incumplimiento de la Constitución" por parte del PP, que "lleva cinco años negándose a atender la recomendación expresada por la propia Comisión [sin imponer] condición alguna". El ministro de la Presidencia también le recuerda a Reynders que "en la reunión que mantuvimos en Madrid, en julio de 2022" ya le entregó pruebas al respecto.
En un documento elaborado por los servicios de Moncloa, el Gobierno detallaba a la Comisión "todas las excusas que había puesto hasta entonces el Partido Popular para no cumplir con esta obligación".
Añade Bolaños que, "en este tiempo, se han sumado otras nueve excusas, haciendo un total de 28". Y le adjunta un listado actualizado "para su conocimiento" y conminándole a "dirigirse al PP con el fin de intentar que este partido cumpla, al fin, la Constitución Española".