El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido con Junts a aprobar una amplia una ley de amnistía para los delitos cometidos por los independentistas desde 2013, un sistema de financiación diferenciado, facilitar el regreso de las empresas que huyeron de Cataluña y la participación directa de la Generalitat en las principales instituciones de la UE e internacionales.
El pacto suscrito este jueves por Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts) incluye además el compromiso de comenzar a negociar con un verificador internacional, desde este mismo mes de noviembre, la celebración de "un referéndum de autodeterminación" para Cataluña y la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat.
Estos son los principales puntos del acuerdo que este jueves ha presentado desde Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán:
Amnistía con 'lawfare'
El documento estipula que la ley de amnistía que aprobará las Cortes "debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".
Para que puedan beneficiarse otros independentistas procesados por causas ajenas al procés (como Laura Borràs o Gonzalo Boye), se tendrán en cuenta "las situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política", si así lo concluyen las comisiones de investigación que se constituirán en las Cortes. Esta fórmula permitiría incluso anular las causas judiciales en las que la familia Pujol está inmersa por corrupción.
Mesa con verificador
El PSOE se compromete a comenzar a negociar este mes de noviembre, mediante un "mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento", las cuestiones que afectan al "reconocimiento nacional" y el pleno "autogobierno" de Cataluña.
Referéndum de autodeterminación
En esta mesa con verificador internacional, detalla el documento, Junts propondrá la celebración de "un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, amparado en el artículo 92 de la Constitución".
Dicho artículo de la Carta Magna establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".
Para ello será necesario lograr el visto bueno del Tribunal Constitucional, que hasta ahora ha sostenido que la Carta Magna no permite celebrar un referéndum de independencia de cualquier región.
Por su parte, el PSOE planteará su fórmula alternativa: "el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones de autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña".
100% de los tributos
El texto del acuerdo señala que Junts planteará en la mesa de negociación reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para introducir una cláusula de excepción, que permita ceder a la Generalitat "el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña". Es decir, una fórmula similar al cupo vasco, tal como reivindicó Artur Mas antes de convocar la consulta ilegal del 9-N de 2014.
Por su parte, el PSOE ofrecerá a los independentistas un modelo de financiación diferenciado para Cataluña, que le permita "la autonomía financiera y el acceso al mercado". Dado si elevado nivel de endeudamiento, la Generalitat sólo ha podido financiarse durante los últimos años a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El PSOE ya ha prometido a ERC condonar a la Generalitat 15.000 millones de euros, una cifra equivalente al 20% de su deuda con el FLA.
Regreso de empresas
El PSOE también se compromete a impulsar un plan para facilitar el regreso a Cataluña de la sede social de las miles de empresas que huyeron de la región, debido a la inestabilidad y la inseguridad jurídica que provocó el golpe del 1-O de Carles Puigdemont.
Cataluña en la UE
El PSOE promete igualmente impulsar "la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio".
No va a ser fácil. Pedro Sánchez se comprometió a lograr que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas cooficiales de las instituciones de la UE, pero hasta ahora esta medida ha chocado con el rechazo del resto de socios comunitarios.
Por otro lado, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya comunicó el miércoles por carta a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop las "serias preocupaciones" que está generando la intención del Gobierno de amnistiar a los independentistas procesados por delitos de corrupción (como la malversación) o el terrorismo (como es el caso del propio Carles Puigdemont).
Bolaños contestó a Reynders que el Gobierno se encuentra en funciones y es completamente ajeno a la futura ley de amnistía, que será una iniciativa de los grupos parlamentarios.
La investidura
A cambio de todas estas cesiones, el partido de Carles Puigdemont sólo adquiere dos compromisos: apoyar con sus siete votos la investidura de Pedro Sánchez y facilitar "la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones".
No es, por tanto, un compromiso incondicional, sino que Junts sólo lo mantendrá si se producen avances en la negociación. Por otro lado, Junts no manifiesta en el documento su renuncia expresa a la vía unilateral que Carles Puigdemont ha defendido hasta ahora desde Bruselas.
Las firmas de Santos Cerdán y Jordi Turull, al pie del documento acordado este jueves.