Sánchez defiende en el Congreso la amnistía "en nombre de España": "Es buena para la economía"

El candidato socialista, Pedro Sánchez, tardó una hora y 25 minutos en pronunciar la palabra "amnistía" -la única medida que, en realidad, le abre la puerta de vuelta a la Moncloa-, en su discurso de investidura.

Desde que a las 12.04 empezó a hablar, había atizado durante media hora al PP, había enumerado sus compromisos económicos y políticos para la nueva legislatura... y, por fin, a las 13.29 se sonrió y defendió "en nombre de España" la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de implicados en el procés independentista catalán de 2017. Entre otras cosas, porque "es buena para la economía de España". 

Es un argumento nuevo entre las razones ya esbozadas en las últimas semanas: "Hacer de la necesidad virtud", como le había sugerido el expresident fugado en Waterloo durante su conferencia del 4 de septiembre en Bruselas; o "las circunstancias son las que son" -que, de inmediato, fuentes del PP aclararon que debía referirse a sus circunstancias-; o incluso "para evitar un gobierno reaccionario del PP y Vox que nos llevaría al pasado", que ya fue el leit-motiv de la campaña de las generales. [Lea aquí el discurso en PDF]

Exitoso, como se comprobará este jueves, previsiblemente, a la hora de comer.

Sánchez pronunció por primera vez la palabra "amnistía" a principios de octubre, en una rueda de prensa junto a Ursula von der Leyen y Charles Miguel, en Granada. Luego, reconoció que la estaba negociando con los independentistas. Y ya más tarde, se atrevió a defender la medida, tras pactarla con ERC, primero -el día de la jura de la Princesa Leonor-, y con Junts después. 

En todo este tiempo, el candidato y sus ministros en funciones habían dicho estas cosas, pero nunca que la amnistía vaya a suponer beneficio económico alguno.

[La amnistía de Sánchez será examinada por la Eurocámara una semana después de la investidura]

El pasaje sobre Cataluña fue uno de los últimos del discurso de investidura, y ya con la audiencia del Congreso algo cansada. Pero las palabras del presidente despertaron a la concurrencia y soliviantaron a la oposición. Tanto fue así, que la bancada popular y la de Vox prorrumpieron en algunos gritos de indignación y Sánchez se sonrió, sarcástico: "Hay que ver, todos estaban esperando a este pasaje de mi discurso y ahora no paran de hablar".

Los aplausos y las risas del resto del Congreso ante la ocurrencia de Sánchez cerraron el impasse.

Y entonces, el líder del PSOE desarrolló su afirmación.

El diputado del PP Esteban González Pons reaccionando a unas palabras del discurso de investidura de Pedro Sánchez. Susana Vera Reuters

Que borrar los delitos, faltas e infracciones de los líderes del procés y sus secuaces desde el 1 de enero de 2012 hasta el lunes pasado "es una buena medida para la economía" es un razonamiento novedoso. Y basado, según desplegó Sánchez en su discurso, en que "dará estabilidad", no sólo a su Gobierno, sino al territorio (catalán, se entiende) y sus posibilidades de desarrollo.

Pero, sobre todo, en que "hasta los poderes económicos, sus patrones", los del PP y de Vox, se entiende, "saben que será buena para la economía del país". 

"No quieren que gobernemos"

En esa línea, Sánchez reclamó al PP de Alberto Núñez Feijóo que "no se deje arrastrar por Vox" y tenga "un mínimo de sentido de Estado". Y por eso, reconociendo que esa demanda "es muy difícil", diagnosticó que, en realidad, "a las derechas no les importa la amnistía, sino que gobernemos".

Según el líder del PSOE y candidato a la reelección, el principal problema de que se vaya a aprobar la amnistía en el Congreso es que eso le ha permitido reunir a su mayoría de Gobierno. Y que "el PP y Vox no aceptan el resultado electoral del 23-J". La derecha, dijo, nunca da legitimidad a un Consejo de Ministros "que no encabeza" ella.

"Porque no quieren que subamos el salario mínimo, ni que luchemos por la igualdad de hombres y mujeres", sostuvo señalando al PP.

"No quieren que atendamos los derechos de las personas migrantes ni los del colectivo LGTBI", proclamó acusando a Vox.

"No quieren que garanticemos las pensiones, reforcemos la sanidad o garanticemos la educación", remachó cerrando el círculo de las dicotomías.

Porque ésa fue la base argumental de todo su discurso: la fragmentación entre dos opciones simples, entre una cosa o la otra: o el "avance" o lo "retrógrado"; o la "convivencia" o el "enfrentamiento"; o unas "recetas caducas" o las que "deben dar respuesta a los retos inaplazables del mundo".

Y de elegir entre él como única alternativa garante de "esas respuestas" o "el fin de la democracia" que traería no abordarlas a su modo. "Por eso estoy aquí", dijo satisfecho. "Por eso es necesario que sigamos gobernando y podamos ser, incluso, una inspiración para muchas sociedades europeas, contra la ola reaccionaria".

Los anuncios

Una investidura tiene un ritual. Por ejemplo, para darle todo el protagonismo al candidato, la cosa empieza al mediodía: el momento adecuado para que, dure lo que dure su discurso "sin límite de tiempo" -como se ocupó de remarcar Francina Armengol-, su intervención protagonice todos los telediarios.

Y ya por la tarde, que hable la oposición.

Los aplausos a la entrada de Sánchez al hemiciclo ya indicaban el estado de ánimo de los socialistas y de sus socios. La sonrisa de oreja a oreja de la esposa del presidente, en la tribuna de invitados, disfrutando de la ovación, anticipaba que está segura de seguir en casa tras la votación del jueves.

Pedro Sánchez llegaba al debate de su investidura con la mayoría absoluta garantizada por sus acuerdos, pero con la división en la calle más enconada jamás vista en un evento así. Bajo su brazo, un taco de folios preparado para vender su labor pasada, anticipar un proyecto de futuro y, sobre todo, "explicar" (anticipaban las fuentes) o justificar, "uno a uno" los pactos alcanzados para sumar 179 votos.

No fue así: citó por su nombre a Sumar y a su líder, Yolanda Díaz, un par de veces. Y se explayó en lo mollar, la amnistía. Pero de los demás pactos, nada dijo.

Es igual, el gesto, la actitud, el porte de Sánchez era el del trabajo bien hecho, el de la satisfacción por el esfuerzo con recompensa. "Ésta es una investidura de verdad, venimos con el trabajo acabado para que la Cámara pueda elegir un presidente", anticipaba un portavoz del PSOE.

El discurso de Sánchez comenzó reivindicando la Constitución: "Fuera de ella, sólo hay imposición y capricho", sentenció.

Y desde ese momento, el líder del PSOE trazó una dicotomía entre la legitimidad de las protestas callejeras y la soberanía de las urnas: "Ésta es la voluntad del pueblo español, expresada a través de sus representantes, como manda la Constitución [...] que desembocará en la formación de un Gobierno constitucional en España".

Pero no tardó ni cinco minutos en expresar un nuevo cambio de opinión, esta vez sobre la guerra en Oriente Próximo. Sánchez dijo que sigue "apoyando a Israel en su lucha contra Hamás", y la vuelta de los rehenes. Pero "con idéntica claridad", proclamó solemnemente, "rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y Cisjordania".

Pasó de reclamar, como el resto de nuestros socios europeos, "pausas humanitarias" a un "inmediato alto el fuego de Israel". Y estableció como primer compromiso que su Gobierno "trabajará para el reconocimiento del Estado palestino", amparándose en la resolución del Congreso, votada en el año 2014, bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

De inmediato hiló ese anuncio -que calmaba a todos sus socios mientras soliviantaba a los diplomáticos israelíes consultados-, con los "retos globales" actuales y "las calamidades" que pasó su Gobierno, como la Covid y la guerra de Ucrania. Quiso encuadrar su discurso en las respuestas adecuadas a la "emergencia climática", y en una "globalización imparable que, desgraciadamente, no cuenta con un sistema multilateral que la equilibre".

Después, fue cuando desgranó sus "ocho compromisos" de legislatura. A saber:

Uno, el "pleno empleo", una vez más, nunca alcanzado y con rebaja de la semana laboral sin bajada de sueldos. Dos, el aumento del poder adquisitivo (donde encuadró la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados y la extensión de la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024).

Tres, el refuerzo del Estado del bienestar, que dependerá en realidad de que logre algún acuerdo con las Comunidades Autónomas que gobierna el PP (13 de 19). Cuatro, el impulso de la transición ecológica, en el que prometió a largo plazo: que en 2030, la mitad de la energía será renovable. Cinco, la igualdad entre hombres y mujeres, con una nueva Ley de representación paritaria.

El sexto compromiso ya comenzó a anticipar lo que realmente se esperaba escuchar: la cohesión territorial... es decir, la condonación del 20% de la deuda catalana con el FLA, "extendida" al resto de CCAA, aunque sin detalles ni compromisos concretos; el sexto, el ya reseñado "reencuentro" a través de la amnistía; y el octavo, la Unión Europea... así, como siempre, sin más, simplemente diciendo que "lideraremos" las decisiones cruciales en Europa.

La investidura

Sánchez será investido presidente previsiblemente en la primera votación, que se celebrará de forma nominal el jueves, al concluir el debate. Ha logrado reunir el apoyo de 179 diputados, gracias a los pactos suscritos por el PSOE con Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC.

Sólo si no alcanzara la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados, se celebraría una segunda votación transcurridas 48 horas, en la que se le bastaría obtener mayoría simple (es decir, más síes que noes).

El debate de investidura se celebra con el Congreso de los Diputados protegido por un fuerte dispositivo policial de cerca de 1.300 agentes, debido a las protestas que se desarrollan desde hace dos semanas en torno a la sede socialista de Ferraz. Decenas de manifestantes rodeaban las calles aledañas al Congreso desde primera hora de este miércoles.

La decisión de Pedro Sánchez de amnistiar a cientos de independentistas, para satisfacer a Junts y ERC, ha provocado además la protesta unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la sala de gobierno del Tribunal Supremo. Desde el martes, más de 800 jueces y fiscales han protagonizado también actos de protesta ante sus sedes judiciales en distintas provincias de España.